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Designaciones atropelladas en la Ciudad de México

Renata Terrazas*

Las cosas estarán movidas en estos días en la Ciudad de México, además de las precampañas para ocupar el cargo de Jefe(a) de Gobierno y los movimientos en los partidos para las diputaciones y alcaldías, se deberán llevar a cabo los procesos de designación de los titulares de las instituciones que conforman el Sistema Anticorrupción de la CdMx.

De manera muy desafortunada, para los partidos políticos estas designaciones entran en la lógica de repartición de cuotas por lo que la intención de empujar procesos a modo es muy tentadora. Tal cual lo vimos a finales del año pasado cuando se abrió una convocatoria para la conformación del pleno del Instituto de Transparencia por cuatro horas. Este periodo tan reducido imposibilitaba que el proceso fuera genuinamente abierto y estuviera diseñado para la identificación de los mejores perfiles.

Ya desde la construcción de los marcos normativos que regulan el combate a la corrupción y dan vida al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México diversos integrantes de la sociedad civil señalaron los riesgos de captura de estas instituciones tanto por el proceso de designación del Secretario Técnico del Sistema –que no recae en el Comité de Participación Ciudadana como en el caso Federal–, como el del Fiscal Anticorrupción –el cual parte de una terna propuesta por el Jefe de Gobierno, a diferencia del caso federal que es competencia exclusiva del Legislativo–.

En un afán de construir legitimidad en las instituciones, es menester del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, dar certeza en los procesos de designación de los más de cien cargos en juego mediante la incorporación de estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

La relación Ejecutivo-Legislativo de la CdMx y sociedad civil ha estado muy tensa desde que ante la oportunidad de construir una Constitución con plena participación de la sociedad se optó por reducir la participación ciudadana al mínimo posible. De manera posterior, la aprobación de diversas leyes tensó más la relación al dotar de mayor poder a los partidos políticos, como en el caso de las alcaldías y concejales y los procesos de designación a modo ya mencionados.

La mejor apuesta para cualquier gobierno es optar por la construcción de legitimidad mediante procesos participativos y abiertos. La propia Asamblea Legislativa lo sabe, no por nada tiene integrado en su logo las palabras “Parlamento abierto”, sin embargo, sólo se ha limitado a usarlo como membrete, sin incorporación real de los estándares de parlamento abierto.

Es imprescindible que, para que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México funcione, se construyan procesos de designación que doten de certeza a los propios participantes y a la sociedad en general. ¿Cómo podemos pensar en identificar los mejores perfiles si se presume que de antemano la designación está acordada? Cualquiera de las personas con experiencia que pudieran estar interesadas se descartaría al saberlo y con ello nos privamos de la oportunidad de tener instituciones más eficaces y sólidas.

La decisión de construir procesos transparentes y participativos se encuentra, en primer lugar, en el Jefe de Gobierno y la Asamblea –sobre todo en el partido que conforma la primera mayoría–. Es la oportunidad de demostrar que la apuesta es por la construcción democrática y no por el atropello del carro completo de quienes aspiran al poder.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación