Designaciones contra la corrupción y la impunidad

Renata Terrazas*

El 31 de agosto de este año, además de la lamentable visita de Donald Trump a México, un evento de mayor envergadura se llevó a cabo, a propósito del clima de impunidad y corrupción que en este país vivimos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, académicos y organismos empresariales, lanzaron la campaña Designaciones contra la corrupción y la impunidad para exigir procesos de designación que aseguren un perfil adecuado en las instituciones involucradas en el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción: Secretaría de la Función Pública, Procuraduría General de la República, Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

El Sistema Nacional Anticorrupción requiere, para su buen funcionamiento, no sólo del diseño de leyes adecuadas –tema ya superado–, sino de la aplicación de las mismas. Para ello, es indispensable contar con instituciones sólidas y con capacidades suficientes para desempeñar la labor que se les ha encomendado.

La solidez de las instituciones está intrínsecamente relacionada con el perfil de sus titulares, tanto el técnico, como el político. Un perfil técnico adecuado es el que permite que quienes dirigen una institución tengan la capacidad de tomar decisiones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de dicha institución; el perfil político se refiere a la distancia que existe entre el o la titular y los poderes políticos, y hace referencia a la voluntad de tomar las decisiones.

La historia de las instituciones en México es de claroscuros, comienzan con un tremendo ímpetu y posteriormente derivan en sombras de lo que fueron o pudieron haber sido. Parte de ello se debe a su propio éxito y la amenaza que representan para las clases políticas que viven de mantener al país en la impunidad y la corrupción, con lo cual estas son capturadas mediante la designación de titulares cercanos al poder.

Ejemplo de ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tienen historias esquizofrénicas sobre su desempeño, según quienes eran sus titulares. El desempeño del INE en la administración de Woldenberg fue muy distinta a la de Ugalde, marcada por los errores de las elecciones federales de 2006; o la de los primeros años del entonces garantista IFAI a la de prácticamente cualquier otro momento.

Esta forma de aniquilar instituciones, propias de regímenes autoritarios, son comunes tanto en el ámbito federal como en los estados y municipios. El amiguismo en las instituciones nos lleva a un sistema donde estas funcionan a modo: protegen los intereses de las élites políticas y minan la posibilidad de construir democracia.

El clima de encono e indignación en la sociedad mexicana urge a la construcción de instituciones sólidas que sean capaces de colaborar en el combate a la corrupción. No necesitamos titulares de instituciones que sean amigos del presidente para entonces cubrir sus errores y tener que conformarnos con un perdón. ¿De qué nos sirve un sistema de contrapesos cuando las instituciones obedecen a un mismo actor político? ¿De qué nos servirá el SNA si los titulares de las instituciones involucradas sirven al poder?

Los procesos de designación son ciento por ciento políticos. En ellos se define el buen o mal funcionamiento de las instituciones. Los intereses de las clases políticas alrededor de ellos son enormes, y así de grandes deben ser los nuestros, los de la sociedad civil.

La creciente madurez de la sociedad mexicana nos ha llevado a dos cosas; crear alianzas entre una diversidad de actores que anteriormente no se sentaban en la misma mesa, y a canalizar el hartazgo social hacia exigencias concretas de fortalecimiento de instituciones democráticas.

La campaña #VamosPorMas, que lanza esta diversidad de actores, merece no sólo la atención de los medios sino una profunda reflexión por parte de la sociedad, ya que significa la diferencia entre un real combate a la corrupción o un mero acto de simulación. Porque en la medida que continuemos poniendo patiños al frente de instituciones reguladoras del poder, el poder se seguirá ejerciendo de manera autoritaria, sin control alguno, para el beneficio de los corruptos.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación