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Designar en lo oscurito

Renata Terrazas*

Las instituciones públicas son piezas fundamentales para la garantía de derechos en México. Ya sea que se trate de las instituciones electorales, las de transparencia, de derechos humanos o las recientes instituciones de combate a la corrupción, todas ellas juegan un importante papel en la construcción y consolidación del estado de derecho.

Estas instituciones son las encargadas de implementar acciones para garantizar derechos humanos y al mismo tiempo fungen como órganos controladores del poder, ya que señalan a los gobiernos posibles abusos de poder y en algunos casos imponen sanciones. En este entendido, la autonomía e independencia de los poderes políticos que estas instituciones tengan, es fundamental.

La autonomía es relativamente sencilla de asegurar, requiere de un marco legal que la reconozca y, de manera preferente, que venga acompañada de una asignación presupuestal acorde a las acciones a desempeñar. En cambio, la independencia política es un tema que depende de factores más amplios y complejos que los marcos normativos, parte de un diseño institucional donde prácticas y normas confluyen para determinar el modelo de institución.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de independencia política? La independencia política da cuenta de una sana distancia entre las instituciones y la clase política, así como de sus partidos. En términos prácticos, esta independencia permite que los intereses políticos no permeen las decisiones y acciones de las instituciones. Cuando hay independencia política, nos aseguramos del adecuado funcionamiento de aquellos y aquellas encargadas de controlar los abusos de poder.

Lo contrario a esta independencia institucional es la captura de las mismas, y lo observamos cuando identificamos que las instituciones resuelven, deciden, sentencian o actúan, con base al criterio de poderes políticos.

No hay mayor riesgo en una democracia que el de la alineación de los poderes políticos y de estos con los órganos autónomos. Cuando los poderes cierran filas se cierran las puertas para cualquier control de poder y las sociedades quedamos a merced de un sistema diseñado para la conservación de poder entre las élites.

En este entendido es que la autonomía e independencia de las instituciones públicas debe defenderse y convertirse en punto medular de las acciones encaminadas a sostener y fortalecer nuestro debilitado régimen democrático.

Una de las principales formas de minar el alcance de las acciones de estas instituciones es la captura del proceso de designación de sus titulares, convirtiéndolo en un ejercicio donde se seleccione a gente cercana que cubra y defienda los abusos de poder.

Estos procesos, en México, tienden a ser opacos y sirven para controlar a las instituciones. Cada año se seleccionan decenas de personas que ocupan puestos de alto nivel sin que conozcamos la capacidad de los perfiles seleccionados ni si tienen conflicto de interés que les impida desarrollar sus actividades.

Todas las instituciones que conocemos han tenido historias de terror en donde eligen a titulares sin capacidades o que son parientes cercanos o amigos de aquellos que deben vigilar. Este simple proceso destruye por completo la naturaleza de estos órganos públicos y tira al suelo los esfuerzos democráticos por construir un régimen donde se castigue el abuso de poder.

En este año, dentro de tantos otros, tendremos procesos de designación para el Sistema Nacional Anticorrupción –fiscal anticorrupción y magistrados del tercer circuito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa–, del titular de la Auditoría Superior de la Federación, de un integrante de la junta de gobierno del Inegi, el presidente del Banco de México, está pendiente la designación del fiscal heneral –proceso detenido cuando la sociedad civil respondió ante el riesgo de captura de esta institución–, así como otros procesos en los estados y en el ámbito internacional para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La relevancia de todas y cada una de las instituciones mencionadas hace urgente atender, de manera amplia y específica, los marcos que regulan los procesos de designación. No podemos darnos el lujo de que sean designados perfiles incompetentes o con conflicto de interés, y resulta casi imposible que cada proceso sea vigilado y monitoreado por las organizaciones civiles.

Tan sólo en lo que va del año, procesos como el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se han desarrollado a espaldas de la sociedad y sin justificar la racionalidad detrás del perfil propuesto para ser votado en el Senado. Ello nos permite inducir que más que ser un proceso donde se busque el mejor perfil, es uno donde el criterio principal es el político.

Mal haremos en permitir que en los procesos de designación siguientes prevalezcan criterios partidistas y de intereses políticos. Estas instituciones son fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos, defender su independencia es defender nuestros derechos.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación