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Diálogo para ley de transporte justa

María Elena Yrízar Arias

La estrategia del diálogo entre las partes que se encuentran en conflicto es un principio inteligente para intentar resolver cualquiera de las diferencias que afecten los intereses jurídicos de las personas. Lo anterior tiene relación con los hechos sucedidos el martes pasado, cuando aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la emblemática Caja del Agua, ubicada en la calzada Guadalupe de la capital estatal, se llevó a cabo la concentración de taxistas de varias organizaciones para manifestarse en una marcha hacia el edificio del Congreso que está ubicado en la calle de Vallejo, en razón de que están inconformes con la iniciativa de reforma a la Ley de Comunicaciones y Trasportes que al parecer permitiría la entrada de empresas privadas como Uber, en nuevo negocio de la familia Torres Corzo, de tener taxis ejecutivos que concurrieran a domicilio y del programa Quiero Taxi.

En las instalaciones del Congreso, los manifestantes, alrededor de 200, por conducto de sus líderes reclamaron que era injusta y perjudicial para sus intereses la iniciativa propuesta por el presidente de la Comisión Legislativa de Comunicación y Transporte, Sergio Desfassiux Cabello, exigiendo la salida de empresas particulares de dicha propuesta. Pidieron a los diputados que conozcan a fondo las necesidades sociales de los potosinos, que estudien el asunto y que conozcan del problema y que consideren que ellos estarán en contra de la iniciativa. Entre las organizaciones participantes estuvieron trabajadores taxistas de la CTM, de la CROM, independientes, Coalición de Taxistas, FAO, Taresa y las diversas estaciones de taxistas en la capital, ante lo que llamaron un sabotaje, pues dijeron que se está fraguando algo al interior del Legislativo con el fin de hacer más ágil la llegada del esquema Uber y el programa Quiero Taxi. Los inconformes aseguraron que en especial el diputado Desfassiux Cabello trabaja buscando algunos intereses con los cambios que ha promovido a la Ley Estatal de Transporte Público, con lo que aseguran perderán sus derechos como trabajadores y su antigüedad.

Ese mismo día, algunos diputados de la actual Legislatura se comprometieron formalmente a realizar mesas de diálogo con las organizaciones de taxistas, con el objetivo de lograr una Ley de Trasporte Público del Estado que sea equilibrada para buscar la inclusión de permisos de choferes de la iniciativa privada en el estado y aseguraron los legisladores que la iniciativa sólo lo puede retirar o desistirse de ella el propio diputado Desfassiux, para que no se lleve a cabo el trámite legal.

En una actitud más congruente, el diputado José Luis Romero, secretario de la Comisión de Trasporte del estado, dijo que “el llamado que yo les haría a los taxistas, es que se sumen a las mesas de diálogo y de análisis para impulsar reformas de esta ley para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios”. Según sus compañeros diputados Enrique Flores, Xitlálic Sánchez y el mismo José Luis Romero, dicen que van a impulsar que se hagan iniciativas que fortalezcan a los potosinos y no sólo a unas familias.

Por su parte, el arzobispado de San Luis Potosí, con relación a este tema, aseguró que “la Iglesia ve con buenos ojos que exista una sana competencia” porque esto exige mejores servicios.

El asunto más importante aquí es primeramente concurrir a las mesas de diálogo o de negociaciones para poder establecer un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores del volante, los intereses de los concesionarios de los taxis, ver la perspectiva de los usuarios de estos servicios, las demandas de una ciudad que cada día está más necesitada de seguridad, sobre todo en los servicios nocturnos, y la postura que deben tener el gobierno del estado y el Poder Legislativo en sus propias responsabilidades como autoridades. Si se escuchan las posturas de los participantes, podría allegarse de buenos acuerdos que mejoren las condiciones para cada una de las partes que sean escuchadas sus propuestas y la búsqueda de soluciones inteligentes. Qué tal si hasta los mismos taxistas comprenden que la ciudadanía paga por los servicios y que tenemos derecho a mejorar, ellos y los usuarios.

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