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Diálogos fallidos

Renata Terrazas

E n este país la clase política le responde a la sociedad con silencio, con burlas o con balas. La dificultad de establecer un diálogo entre la ciudadanía y sus gobiernos ha generado una de las mayores crisis de legitimidad que se han enfrentado en el México moderno y que se suma a la pérdida de confianza en la mayoría de las instituciones gubernamentales.

Un ejemplo claro lo tenemos en las exigencias de atención que al gobierno de Peña Nieto se le han solicitado en casos de violaciones graves a derechos humanos por parte de fuerzas armadas o policiacas como las de Ayotzinapa, Ostula, Tanhuato; que asuma su responsabilidad por temas como el aumento de la pobreza o la complicada situación económica que enfrentamos; y que responda por los casos de corrupción que involucran a su administración.

Sumemos más de 20 mil personas desaparecidas; varios casos de violaciones graves a los derechos humanos e innumerables casos de corrupción. La relación entre sociedad y gobierno se torna cada día más complicada.

Sin reparar en lo anterior, la estrategia del gobierno federal ha sido la de una política fabiana que pretende llevar a la crítica a un agotamiento por tiempo. El próximo mes se cumplirá un año de lo acontecido en Iguala en donde lo único que se ha sabido es que las investigaciones se han realizado de manera deficiente, tal y como expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo han señalado.

Asusta y sorprende que ante un tema de relevancia como lo es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno responda con tanto desdén. La pérdida de pruebas en las investigaciones así como el haber ocultado a los familiares la ropa encontrada de algunos estudiantes, permiten pensar que el tema no forma parte de las prioridades del gobierno; a menos que de lo que se tratara fuera de ocultar información con la finalidad de desviar la atención sobre posibles responsables.

La opacidad bajo la cual se llevan a cabo las investigaciones judiciales, ya sea en el caso mencionado o en el reciente multihomicidio de la Narvarte, fomenta la desconfianza de la población hacia sus autoridades. Máxime cuando las sospechas apuntan hacia instituciones federales o gobernadores.

De la misma manera, la dificultad para continuar manteniendo en secrecía los abusos de las fuerzas armadas, las policías y los gobernantes ha dejado una sociedad cada vez más harta de los abusos de poder. Sin embargo el conocimiento de ello no se ha logrado traducir en rendición de cuentas o sanciones claras para limitarlos.

Esta crisis de legitimidad se ve alimentada por los constantes y sonantes casos de gran corrupción en México, los cuales han rebasado cualquier límite tolerable. Recientemente en el discurso de promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el presidente del ejecutivo federal mencionó que se avanzaba en el combate a la corrupción y que estábamos por domar la condición humana.

El errado entendimiento de Peña Nieto le hace percibir la corrupción como parte de la experiencia de ser un humano. Habría que aclararle al presidente que la corrupción es una práctica que se ha desarrollado en nuestro país a lo largo de décadas de permisibilidad en una sociedad impotente frente a gobiernos autoritarios que no respetan el estado de derecho.

Las decisiones del gobierno federal para combatir la corrupción han sido erráticas. El nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, formó parte de la estrategia del gobierno federal para atender los escándalos de corrupción con los que se cerraba el 2014, y vino a sustituir temporalmente la estrategia planteada al inicio de la administración de Peña Nieto, que busca crear una institución que prevenga, investigue y sancione casos de corrupción.

Dicho nombramiento en su momento recibió grandes críticas, ya que el propio presidente era sospechoso de corrupción, o al menos conflicto de interés, por el caso de la casa blanca y la constructora del Grupo Higa.

A seis meses de la gestión de Andrade, la información sobre la investigación de casos de corrupción es nula, y de manera concreta en los temas de corrupción de priístas en torno a propiedades, ya sean presidente, secretarios o ex gobernadores, siguen pendientes. Esta semana el Partido Acción Nacional urgía a comparecer al secretario de la Función Pública para que diera cuenta de las indagatorias alrededor de las casas de la esposa del presidente, el secretario de Hacienda y el Grupo Higa.

El silencio no puede seguir siendo la respuesta del gobierno, de la misma forma que jocosamente Peña Nieto respondió a las críticas y burlas por el calcetagate, debería atender las exigencias de una sociedad cada vez más harta por la sordera de sus gobernantes.