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Diputada Brenda, le faltó entender al periodismo

Rogelio Hernández López

Sí, es de sorprender que a escasos tres meses de haber sido nombrada presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, la joven legisladora del PAN Brenda Velázquez Valdés haya presentado el 21 de febrero una iniciativa de Ley General de Protección a Periodistas. Es decir, una posible ley no sólo para obligaciones del gobierno federal sino también para los gobiernos estatales y municipales.

Pero, ya podemos suponer qué destino tendrá esta otra iniciativa en favor de los periodistas en el Congreso de la Unión. Lo mismo que le ocurrió a tres anteriores: la congeladora legislativa por no calcular los pasos políticos y, sobre todo, por no entender lo que es el periodismo y cómo crear realmente un andamiaje jurídico que le ayude a ganar fortalezas y sea menos vulnerable para agresiones.

La diputada Brenda sí trabajó mucho y con rapidez por esa iniciativa. Sólo por eso merece agradecimiento, al menos el mío. Empero, creo que ninguno de sus pares panistas le aconsejó calcular la oportunidad, los momentos políticos, ni tampoco las dimensiones magnas que tiene el periodismo mexicano, que por la su actual etapa de agresiones requiere de respuestas mucho más integrales que sólo otro ley para protección cautelar. Eso es demasiado insuficiente.

El 29 de noviembvre de 2016, un día antes de que se instalara la comisión especial de la Cámara de Diputados y la diputada Brenda Velázquez como su presidenta, ella invitó a su oficina al periodista Fred Álvarez y a este reportero. Ella quería aproximarse al tema de los agravios a periodistas y lo que debiera ser la labor de la cámara colegisladora. Escuchó con atención, al igual que sus asesores. Y sí, allí se mencionó la necesidad de una ley general relacionada con el tema, pero se abundó suficiente en que la protección a periodistas tendría que pensarse como integral, no sólo cautelar.

Quiere muchos mecanismos

 

En sus considerandos la legisladora explicó que hizo consultas con organismos internacionales y nacionales para preparar su iniciativa, pero me temo que la encauzaron a pensar solamente en medidas de protección cuautelar y no en enfrentar las causas que facilitan las agresiones, es decir, los altos índices de vulnerabilidad de la mayoría de los periodistas, más bien dicho de las y los reporteros, que los agreden por tener escasas fortalezas profesionales. Ese es el quid, del tema. Faltan fortalezas.

Lo que ella propuso al pleno y que de inmediato se “turnó a comisiones” fueron tres iniciativas para que la actual Ley (federal) de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas se dividiera en dos: una solo para defensores y la nueva, de carácter general, sólo para periodistas.

Los propósitos de esa nueva ley general son exactamente los mismos que de la ley vigente que dio lugar al mecanismo de protección para ambas actividades en la Secretaría de Gobernación. En el remoto caso de que se aprobara estaría creando dos mecanismos federales, 32 estatales y muchos municipales y sólo para periodistas. Todos de tipo cautelar, es decir, de reacción ante amenazas o agravios.

Adicional a eso, sólo incorporó uno de los 14 derechos para el ejercicio del periodismo, el secreto profesional, que ya está resguardado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en normas secundarias de 9 entidades. Además, introdujo un tema que todavía no logra consensos en muchos países, que es proteger derechos de los internautas, la mayoría de los cuáles no son reporteros profesionales.

Lo integral

 

En algún momento de aquella plática inicial con la diputada, se le refirieron los pocos trabajos de analisis que han hecho periodistas al respecto, por ejemplo el Prontuario para fortalecer a periodistas vulnerables de México (Freedom House, Casa de los Derechos de Periodistas, 2015).

En ese ensayo se explica ampliamente que una posible ley general tendría que comprender al menos cuatro grandes aspectos, para pautar a las autoridades de todos los niveles de cómo y qué políticas públicas deberían implementar para elevar 1: las fortalezas profesionales y sociales de los trabajadores de la información; 2: castigar el delito frente a los agravios; 3: Mejorar el andamiaje jurídico en reconocimiento a que el periodismo debe ser considerado como actividad del interés público; 4: facilidades de gobierno parta aumentar las fortalezas organizadas de los periodistas.

Todo esto sí ayudaría a reducir lo vulnerable; esto sí sería una ley general con respuestas integrales, ya no sólo con protección cautelar sino con derechos profesionales, fomento para el desarrollo profesional continuo y, sobre todo, seguridad en varios sentidos.

Es poco triste ver cómo, otra vez, por apresuramiento se perderá la oportunidad que abrió la diputada Brenda para que la Cámara de Diputados vuelva (quizá) a analizar el tema de los agravios contra periodistas.

Ya en septiembre de 2016, otra legisladora del PAN, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, presentó otra iniciativa que pretender ayudar al periodismo. La suya fue para una reforma en la Ley Federal del Trabajo para que las labores de las y los periodistas sean consideradas especiales y así puedan obtener las prestaciones laborales que gozan otros gremios de trabajadores; y además –según dijo en el podio– se inscriba allí un derecho profesional como es la libertad de conciencia.

De esa otra iniciativa panista, que también se “turnó” a comisiones, no se sabe nada, como tampoco de otras dos congeladas, que intentaban casi lo mismo: adicionar el capítulo XVIII al título sexto de la Ley Federal del Trabajo con el nombre “Trabajo de los Periodistas”, como la del 13 de julio de 2011, que presentó Francisco Hernández Juárez, como la del 22 de octubre de 2013 que casi clonaron Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía. Una más a la congeladora.