capital
Corrupción en el Congreso de SLP y la impunidad predecible
22 junio, 2017
En quiebra, las pensiones de 14 universidades
22 junio, 2017

Diputados deben pedir licencia y enfrentar acusaciones

María Elena Yrízar Arias

Han sido tan vergonzosas las noticias que se han difundido sobre la conducta delictiva que describió el diputado Enrique Flores Flores, mediante un video, quien sin saber que lo estaba grabando el presidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz, señaló la forma y términos en que opera la corrupción de algunos diputados del Congreso potosino en contubernio con algunos funcionarios de la ASE, mediante pago de los respectivos moches económicos y cuotas como las que pidiera ese día de cuatro millones de pesos para limpiar las cuentas y convertirlo en el mejor presidente municipal del mundo. Ese video fue comentado y difundido a nivel nacional por los principales noticieros y analistas políticos más destacados de México.

Es importante señalar que hubo reacciones lógicas a este asunto. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, luego de que conoció el video y dimensionó la crisis de credibilidad que domina el panorama político potosino, propició que los diputados integrantes del escándalo y los demás, que eran  miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, todos ellos renunciaron a la Comisión de Vigilancia, que como primer paso no estuvo mal, es un hecho relevante, pero no contundente, porque los potosinos esperábamos la renuncia de los cuatro individuos señalados en los hechos: Enrique Flores Flores, Óscar Bautista, Guadalupe Torres y Manuel Barrera Guillen, ya que sus renuncias no dejarían lugar a discusiones.

Lo anterior, para los diputados señalados, lo más prudente y correcto es que deberán pedir licencia a su diputación y enfrentar las acusaciones que se les hacen; bajo el simple argumento de que si no son ciertos los hechos que se les atribuyen y no están ellos en tela de duda, pues deben separase de sus funciones de diputados locales para que sean debidamente investigados y que los hechos se esclarezcan. Total ¿si no tienen cola que les pisen, qué les puede preocupar? Así limpiarían su honorabilidad que dicen tener y nadie los podrá señalar como parte de la delincuencia organizada dentro del Congreso del Estado y de la ASE. Las cosas así serían de simples. No habría razón de aferrarse a sus curules. Si bien se ha señalado que existe hasta pobreza entre ellos, pues que se investigue la pobreza, a lo mejor es hasta inexistente. Todo deberá investigarse, hecho tras hecho.

Ahora bien, el contador José de Jesús Martínez tuvo el buen tino de renunciar a su trabajo, por motivos de salud como una medida de salida “digna” de este gran cochinero, es obvio que esto es bueno, pero no convincente. Peor hubiera estado que le pidieran su renuncia en forma pública. Por otra lado, se necesita ubicar a los funcionarios de la dependencia que están involucrados en esta red de corrupción del más alto nivel dentro del gobierno y más al contador José de Jesús Martínez, como principal responsable y sospechoso de los hechos señalados en el video.

Por otro lado, revelan algunos auditores de la ASE, el nombre de los recomendados y protegidos en esa dependencia, (véase http://bit.ly/2rDzgrS) donde encontramos la lista con nombres, fechas de entrada y salarios de cada uno de los recomendados de los diputados locales que tienen en la dependencia trabajando.

Haciéndose la aclaración de que no todos los diputados tienen recomendados, es importante precisar  que Martha Orta, Lucila Nava, Dulcelina Sánchez de Lira y José Luis Romero no reportan recomendados en esa dependencia de la ASE. Lo que podría hacer como suposición que no están embarrados en esos menjurjes políticos.

El diputado Manuel Barrera, además de ocho recomendados, tiene a su hermano Fernando y su padre José Fernando Barrera como recomendados que al parecer trabajan en esa dependencia. El anterior dato podría darnos una idea de quiénes son los cómplices de estos diputados, ya que la lista dice sus nombres y apellidos, muy conocidos y hasta apellidos regionales o de sus propios familiares.

Han surgido diversos señalamientos de la Iglesia, organizaciones sociales, personalidades sociales, políticos, asociaciones sociales, políticas y público en general que han rechazado esta corrupción y pedido al Congreso, gobernador y Procuraduría de Justicia, que se haga la investigación de los hechos, y se proceda conforme a derecho. También las organizaciones patronales de las cuatro regiones del estado han repudiado los hechos y han pedido que se investiguen a los responsables y se les castigue.

Si de verdad existiera la voluntad política de los cuatro diputados que se dicen inocentes, estos ya debieran, de volada, proceder con dignidad y altura política y presentar sus licencias como diputados, para que entren los suplentes mientras los investigan. Pero, ¿de verdad tienen la capacidad para dimensionar esta situación? ¿Se darán cuenta de lo delicado de este asunto?

De esto están surgiendo daños colaterales; amenazas de muerte, primero al activista Lupillo González, quien ha denunciado públicamente con otras organizaciones sociales y patronales y luego al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Xavier Azuara, mediante un mensaje telefónico. Ambos presentaron la denuncia penal de los hechos, pero por ejemplo la Iglesia dice que no se calla, mientras que Canacope advierte que el fuero no es para abusar. Esto no va a parar aquí.

Sería bueno prevenir que se desborden los ánimos y que no se les vaya de las manos el control, porque lo lamentarían. La indignación es muy grande y el encabronamiento mayor. No se puede minimizar el sentimiento social de incredibilidad en las instituciones y el gobierno.

[email protected]