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Diputados licenciosos

Guillermo Luévano Bustamante

Hasta el momento en que esto escribo han anunciado su solicitud de licencia al cargo tres de los cuatro diputados implicados en el escándalo de corrupción ventilado tras la difusión de un video en el que, el entonces asambleísta potosino, Enrique Flores desmenuzó una presunta red de corrupción entre el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado para, entre otras cosas, “limpiar” cuentas públicas de Ayuntamientos con inconsistencias o irregularidades, mediante “moches” o porcentajes pecuniarios proporcionales a la deficiencia financiera identificada.

Los diputados locales gozan de inmunidad procesal, que conocemos comúnmente como fuero, en atención a la especial protección que se requiere para ejercer el encargo con independencia y sin temor a ser reconvenidos, castigados o reprimidos judicialmente. No obstante, como ya han sostenido los promotores de su desaparición, el fuero constitucional ha sido pervertido de tal modo que con cada gestión parece instaurar un privilegio inusitado que favorece la impunidad de las elites partidistas.

Constitucionalmente pierden el fuero los diputados que gozan de licencia, porque la protección jurisdiccional es para el cargo, no para las personas que eventualmente lo ocupan. Podrían ser procesados penalmente por su implicación en los aparentes delitos que se proyectan por los hechos públicos difundidos en la prensa los días previos.

Un viejo criterio judicial de 1946 sostiene que la separación de un cargo público por licencia no implica la desaparición del fuero respecto a las personas que los ocuparon. Eso, sin embargo, significaría que dos personas gozarían simultáneamente del mismo fuero: la titular con licencia y la que sustituye en el ejercicio mientras dura el permiso parlamentario. Un elemental ejercicio de ponderación entre el interés social-colectivo versus el individualmente concretado derecho político de quien goza del fuero, derivaría en la predilección del criterio que considera que con la licencia de su cargo, la persona pierde la especial protección procesal.

Me parece, sin embargo, que en el caso potosino, los diputados probablemente no habrían solicitado licencia de su cargo sin un cabildeo o negociación con el Ejecutivo, con la Procuraduría en específico, que les asegure más que la inmunidad procesal de la que han gozado, cierta impunidad política y jurídica bajo promesa de no persecución de los delitos presumibles tras la exhibida en multimedia. O cuando menos con la garantía por parte de la instancia de procuración de justicia de que el asunto sería atendido con una tramitación lenta y enredada (más de lo habitual en estos casos).

Para concretar el castigo ejemplar requerido la Procuraduría deberá dar trámite a las investigaciones que le corresponden tras la interposición de las denuncias que le fueron encomendadas. El Congreso del Estado no cierra con esto el vergonzoso episodio, si quiere hacer una verdadera limpia (legalmente), las y los demás diputados deberán iniciar la tramitación del juicio político contra los señalados, para que, además de las posibles sanciones penales, recaiga sobre ellos el castigo legal que prevé la Constitución del estado, como inhabilitación para ocupar puestos, cargos, comisiones o empleos públicos.

Estos diputados potosinos han pedido licencia pero si continúan gozando de protección judicial más que licenciados serán licenciosos, autorizados e incentivados a permanecer en la presumible ilegalidad de la que se benefician a través de la transa y el cochupo.

Es común escuchar que la prensa y ciertos opinantes se refieran a quienes ocupan los puestos de representación y al funcionariado como una “clase política”. Discrepo e insisto en que no se trata de una clase social, se trata de una elite partidista, privilegiada, poderosa, impune y burocratizada. Su distinción del resto no surge a partir de su ubicación en las relaciones de producción, sino de la ostentación y, muchas veces de la detentación, del poder político. Por ello veo lejano, aunque no imposible, el momento en que la justicia recaiga sobre sus actos cometidos no sólo contra las finanzas públicas, sino contra la dignidad de la sociedad.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.