San Luis Potosí, casi el paraíso
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Ya tan natural
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Divina protección

Jaime Nava Noriega

“En el seminario son todos contra todos”, le dijeron en una ocasión a la madre de una de las víctimas de Eduardo Córdova Bautista. Al escuchar esas palabras de inmediato recordé el relato de un amigo de la infancia que había decidido ingresar al seminario aunque años más tarde lo abandonó.

“Lo primero que vi al llegar ahí con doce años fue a los seminaristas besarse mientras celebraban la anotación de un partido”, me dijo con 18 años y lejos del seminario mi amigo. Por este tipo de comentarios o anécdotas –que se pueden escuchar un sinfín más no sólo en San Luis Potosí– resulta increíble que la alta jerarquía del clero alegue desconocimiento cada vez que se ventilan los distintos comportamientos sexuales de quienes forman parte de la Iglesia y que, en la mayoría de los casos, constituyen un delito.

Es demasiado ingenuo pensar que este secreto a voces jamás hizo eco en los oídos de quienes estuvieron y están encargados de la Iglesia en San Luis Potosí. Desde hace décadas, obispos, voceros y sacerdotes han hecho lo imposible para evitar que la dolorosa voz de las víctimas dañe la imagen de una institución que se ha encargado de normar la opinión de un amplio sector de la población en temas relacionados al ejercicio de derechos de terceros ajenos a sus creencias religiosas.

Qué difícil debe ser vocero de Cristo en público y dirigir la opinión de un fiel rebaño para condenar al grupo al que en privado se pertenece. Qué angustiante debe ser el saber que contribuyeron a incrementar el número –complicado de calcular– de víctimas con sus silencios, acciones u omisiones.

“Algunas víctimas no han acudido a ratificar sus denuncias”, sostuvo el procurador Federico Garza Herrera. ¿Y cómo culparlas?, si quienes se han atrevido a presentar y ratificar sus denuncias, además de enfrentarse al dolor y las consecuencias de saberse víctimas de sacerdotes, deben padecer la lentitud judicial, la incompetencia de las autoridades, los maltratos en las dependencias y, más importante, el innegable manto de protección del que goza la Iglesia en los juzgados de San Luis Potosí.

“Está en el archivo”, “aquí no lo tenemos”, “pregunte allá abajo”, “espere a la ministerio público”, fueron algunas de las respuestas que atestigüé recibió una víctima al tratar de consultar su expediente en la oficina del juzgado tercero penal. Posteriormente vino un intercambio de miradas entre el personal que respondía con evasivas los cuestionamientos sobre el paradero de un legajo que todos parecían conocer y cuya sola mención despertó el interés de un empleado que comenzó a grabar –con fracasada discreción– a la víctima.

¿Es ese el trato que reciben, sin distinción, todas las personas? Si nadie protege a los curas ¿por qué no existe ninguna sentencia en contra de los acusados? Posiblemente, en condiciones idóneas, el hecho de que las víctimas obtengan una sentencia favorable a sus intereses puede ocasionar un efecto dominó al interior de la Iglesia que pondría en evidencia la complicada red de impunidad empleada para abusar y evadirse de la “justicia”.

El emérito Luis Morales Reyes ¿ha declarado ante alguna autoridad sobre su relación con Eduardo Córdova y su actuar al haberse enterado de los abusos que cometía? Si la vanidad es pecado ¿cuántos están condenados al haber elegido conservar su imagen por encima de la reparación del daño a las víctimas?

Han pasado 52 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos

¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!

@JaimeNavaN

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.