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El acoso escolar sin tratamiento adecuado

Carlos López Torres

Para que los padres de familia y la sociedad se den cuenta que la SEGE algo hace para disminuir el acoso escolar, el titular de la misma, ingeniero Joel Ramírez Díaz, reconoce, sin presentar cifras, que los padre sí utilizan el portal de la dependencia a su cargo para denunciar casos del llamado bullying.

Más aún, asegura el improvisado funcionario educativo que no sólo se reciben quejas de los padres de familia, sino comentarios que son tomados en cuenta para dar un seguimiento a los casos, que son atendidos cuando se interviene con las partes involucradas. Tampoco dio cifras al respecto ni habló de diagnóstico alguno y terapia usada individual o colectivamente en los planteles y entre los padres de familia.

Es más, pareciera que los comités de prevención y seguridad escolar que deberían existir en cada institución educativa, oficial y particular, respectivamente, no han desempeñado hasta ahora el rol que la ley de la materia les asigna, toda vez que el secretario de Educación no informa más allá de las quejas recibidas, nada sobre cuáles son las propuestas entregadas al titular del Ejecutivo sobre las políticas públicas en materia de prevención y seguridad escolar.

Aunque la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí fue publicada el 12 de octubre de 2013, todavía es la hora que no se publica el reglamento respectivo, que permita precisar y aterrizar la mencionada ley cuyo contenido involucra a buena parte de las dependencias estatales que, hasta donde se sabe, no han precisado su intervención en la comunidad escolar para coadyuvar en el tema, salvo la Secretaría de Cultura, cuyo reglamento aborda su intervención en las escuelas.

No obstante que el Artículo 13, Fracción II de la ley en cuestión, estipula como responsabilidad de la SEGE celebrar a través de su titular acuerdos con los ayuntamientos de la entidad para efectos de la seguridad y prevención escolar, hasta ahora no se conoce de que el titular de la dependencia haya firmado algún acuerdo sobre un problema que, como el del acoso escolar, tiene otras aristas que tienen que ver con la familia, la comunidad, etcétera.

Esta falta de colaboración y coordinación entre los municipios y la dependencia responsable de la educación de los niños y jóvenes potosinos, impide que operativos de seguridad como el iniciado por el municipio capitalino contra el pandillerismo terminen en meros palos de ciego, cuyos resultados, según el limitado objetivo de la DGSPM, es “detectar zonas de reunión de grupos pandilleriles”, así como el decomiso de objetos que puedan dañar la integridad de las personas.

Igual que la SEGE, de inmediato se deja ver el desconocimiento y la improvisación de la autoridad. ¿Cuál es la relación entre pandillerismo y menores infractores? ¿Cuál entre lo anterior y el acoso escolar? ¿Cuál entre consumo de drogas, alcohol y el crimen organizado? Finalmente, ¿cuál es la relación entre violencia familiar, la presente en la comunidad y el acoso escolar?.

El problema del acoso escolar como se podrá comprender, no es de aquellos problemas que con una llamada telefónica, la existencia de un portal para quejas o la existencia burocrática de una instancia pomposamente denominada Comité de Prevención y Seguridad Escolar, se pueda atender y finalmente disminuir. Es el trabajo coordinado, cotidiano y creativo el que puede dar mejores resultados.