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El acoso escolar, una realidad insoslayable

Carlos López Torres

E l acoso escolar o bulliyng, como comúnmente se ha popularizado, no es ciertamente un acto de reciente aparición en nuestro medio aunque nadie puede negar su presencia cada vez más generalizada dentro y fuera de las instituciones educativas.

No es casual que después de mantener archivada la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se haya desempolvado recién para tratar de dar respuesta al crecimiento del acoso escolar, a propósito de algunos casos que alarmaron a la comunidad e hicieron necesaria la intervención del gobierno estatal mediante la SEGE, dependencia que se limitó a enviar una circular a los directores de los planteles urgiéndoles a conformar los comités escolares de prevención y seguridad escolar.

El tratamiento burocrático de un problema que tiene implicaciones familiares, económico-sociales, escolares y de influencia relacionada con los contenidos televisivos, las nuevas tecnologías, así como la persistente inseguridad y violencia generalizadas, ha permitido la derivación de denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismas que ocupan un primerísimo lugar dentro de las estadísticas, junto con el pésimo desempeño de las corporaciones policiacas.

Sin embargo, sin presentar datos la titular de la delegación de la SEP en la entidad, Lucía Gárate Gómez, asegura que alumnos y padres de familia exageran muchas veces las quejas sobre acoso escolar que se presentan; opinión que, dice, comparten en algunos casos los de la CEDH, por supuesto, sin presentar cifras que soporten su dicho.

No existe, por otro lado, una evaluación sobre los casos atendidos por los comités escolares, ni una evaluación aunque sea preliminar sobre el desempeño de los mismos. Lo cierto es que a tres años de haber sido publicada en el Diario Oficial del Estado la ley de la materia, es el momento que no se presenta el reglamento respectivo por parte del titular del Ejecutivo, a quien por lo visto nunca le interesó el problema.

En las disposiciones generales de la ley se describe que acoso escolar como “conductas de diversa naturaleza como burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y psicológicas, aislamiento sistemático e insultos que tienden a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo dentro o fuera del establecimiento educativo, incluyendo los medios tecnológicos…”

Los maestros, a quienes cada vez se les reconoce menos su actividad, cargados de papeleo burocrático y exigencias de todo tipo, no reciben de parte de las autoridades la información ni los elementos suficientes para enfrentar tantos problemas ocasionados por las condiciones internas y externas que impactan el comportamiento de los alumnos.

Los padres de familia, por su parte, exigen a las instituciones escolares que cumplan su papel de educadoras y atiendan a sus hijos, sin que ellos como padres asuman plenamente sus propias responsabilidades relacionadas con las conductas inadecuadas de los niños. Ciertamente, las falta de información y atención al problema por parte de otras autoridades señaladas en la Ley de Prevención y Seguridad Escolar, que descargan en la escuela la atención exclusiva del problema, no permite la atención integral del acoso escolar.

Muchos casos de acoso escolar requieren de una atención especializada, multidisciplinaria, que diagnostique, ofrezca servicios de terapia personalizada y grupal a niños y padres de familia, que apoye la labor de los maestros y los comités de seguridad escolar. Hacen falta vocación de servicio y conocimiento profundo del problema, antes que lamentemos el avance del acoso y éste se convierta en conductas delictivas.