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El agotamiento político

Carlos López Torres

M ás allá de efímeros discursos, de malabarismos financieros y reiteración de promesas de cambio, lo cierto es que el agotamiento de la clase política y sus esquemas de ejercicio gubernamental, poco o casi nada tienen que ofrecer ante el prolongado ciclo de aumento de la pobreza de la inmensa mayoría que sobrevive en situaciones de precariedad generalizada en todos los sentidos.

De nada sirve el tratar de ignorar el reconocimiento sobre el saqueo sistemático del erario en todos los niveles de gobierno, mediante el silencio cómplice o, en el mejor de los casos, con atenuantes como ese de que la deuda dejada por el ex gobernador “todavía es manejable”, dada la austeridad en curso y la supuesta medianía que acompañará a los funcionarios en el desempeño de sus cargos, según las buenas intenciones expresadas por el nuevo titular del Ejecutivo.

Los afectados de siempre, que no saben o no les interesan los tecnicismos financieros, sí entienden por el contrario razonamientos sencillos como el que esgrime el ciudadano común: ¿cómo es que habiendo endeudado más al gobierno que su antecesor, el del ex gobernador Toranzo hizo menos obra que aquél? ¿Cómo explicar qué aun así se hayan dejado tantas obras sin terminar?

Sin embargo, ambos ex gobernantes como sus antecesores, gozarán de la impunidad pactada dado el fuero constitucional del que gozan los gobernadores, quienes han hecho del mismo un uso abusivo e ilegal para cometer actos de corrupción amparados por los congresos locales, según lo afirman algunos expertos y analistas.

No les falta razón a quienes desde la academia coinciden con el sentir popular sobre el tema, aunque la demanda inmediata de la población es que se cumpla la ley y se haga cumplirla; ya que según lo demuestra la experiencia, no obstante el cúmulo de reformas a las leyes existentes en materia de manejo hacendario y gasto público, a la hora de su estricta observancia no faltan los asegunes con la consabida impunidad.

Los noveles diputados tienen, por lo tanto, la oportunidad de romper la cadena cada vez más férrea de simulaciones, complicidades y arreglos cupulares que fortalecen la corrupción.

La comparecencia del procurador de justicia ante el Congreso del Estado debería ser precedida de un diagnóstico hecho por esa instancia como poder independiente, a propósito de los desastrosos resultados político-financieros de las últimas administraciones estatal y municipal, respectivamente.

Perderse en las generalidades sin atender lo concreto, la cotidianidad del ejercicio indebido de la función pública en todos los niveles, como lo han hecho patente los innumerables pendientes dejados por los ex gobernantes y el propio Congreso, sin aprovechar la presencia del funcionario responsable de la procuración de justicia, a partir de la decena de expedientes que involucran a funcionarios municipales que ya ni se mencionan, sería tanto como entrarle al jueguito del toma y daca acostumbrado en materia de presupuestos.

El agotamiento inocultable del “sistema” político, patentizado una y otra vez por los gobiernos alternos en el Ejecutivo y los municipios de la entidad, requiere de los otros poderes no de una alianza contemporizadora, sino de una actitud firme e independiente, confiable para los ciudadanos que no ven en la clase política actual una opción política de futuro.