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El aguinaldo legislativo

Guillermo Luévano Bustamante

L a semana pasada apareció en medios de comunicación nacionales y locales una nota en que se informa que diputadas y diputados de las legislaturas estatales en México se autoasignaron aguinaldos abundantes. La lista que publicó el diario Reforma consigna que la Legislatura de San Luis Potosí fue la más espléndida, puesto que sus integrantes aprobaron para sí mismos el equivalente a 90 días de salario, que equivalía según estimaciones de los medios, a unos 300 mil pesos.

Luego de la difusión de esa información en redes sociales virtuales se generó un amplio repudio y la Legislatura potosina aclaró que en realidad recibirían sus asambleístas 209 mil pesos, siendo aun así una de las más dispendiosas.

La determinación de las y los diputados de San Luis Potosí es ofensiva porque sólo ellos pueden autoasignarse esa prestación y otras tantas, prerrogativa impensable para cualquiera otra persona trabajadora en el estado. Más aun considerando que los representantes populares no son propiamente trabajadores al servicio del estado, como señalamos hace poco con motivo de su intento de asignarse una pensión o bono de jubilación. En estricto sentido las y los diputados ejercen una facultad delegada por el voto popular, de modo que en todo caso serían empleados de su electorado, no del Poder Ejecutivo, aunque de facto suelen actuar como subordinados del gobernador. De modo que en el desempeño de su cargo representativo optan por asumir los beneficios del oficio político, pero también asumen para sí las condiciones que deberían disfrutar las personas trabajadoras en general.

Es ignominiosa su determinación, además, porque precisamente a principios de este mismo mes diversos sectores de San Luis Potosí, como personal de seguridad, personal médico y docente de nivel medio superior, denunciaron la precariedad con la que laboran en San Luis Potosí y el retraso u omisión de las autoridades respecto al pago de su aguinaldo. La decisión de la cámara legislativa potosina evidencia una ausencia de sensibilidad política y humana frente a las precarias condiciones que padece la entidad. No sólo se han precarizado los empleos en San Luis, los mismos diputados han decidido aumentar impuestos y cobros estatales en diversos servicios y la economía local decreció, según reportan medios financieros y evaluaciones nacionales.

A diferencia de su intento por otorgarse una pensión, frustrado por el repudio social, mediático, y el señalamiento público de diversos sectores, que los obligó a dar marcha atrás y retractarse, en esta ocasión el agravio fue consumado.

La recomposición de la República requiere una participación más activa de la ciudadanía, más organizada, más diligente y contundente, pero también exige un comportamiento ético del funcionariado y del servicio público. Si quienes componen la cámara legislativa de San Luis Potosí no han asumido ese compromiso, como dignos representantes de sus partidos políticos distanciados de la sociedad, no deberían tener respaldo para acudir en pocos meses a pedir el voto a las personas a las que ofenden con sus decisiones. Pero lo harán y lo que nos toca es tener presente la lista de agravios que han cometido y ofrecérselas como respuesta a su pedimento electoral

[Apreciable lectora, lector, es la última columna Altermundi del año 2014 y sirve para enviarle un cordial abrazo, con la confianza de que mejores tiempos construiremos, deseando que 2015 nos traiga un año de más resistencias y alegres rebeldías que nos ayuden a enfrentar el embate contra la sociedad que han emprendido las autoridades de este abatido país.]

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.