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El costo electoral

Martín Faz Mora

E ntre las diversas valoraciones respecto del proceso electoral en curso se encuentra el de los recursos económicos que se le destinan. Para el análisis conviene disponer de la información precisa. A ello abona esta colaboración.

Para 2015 el Congreso local, a propuesta del Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, aprobó la cantidad de 255 millones de pesos en gasto electoral. Tal suma representa 0.7 % del total de presupuesto público del Estado que asciende a 37.5 mil millones de pesos. Es el Ejecutivo quien se lleva la mayor proporción del mismo: $21.1 mil millones (56.3%), y las participaciones a municipios ascienden a $6 mil millones (16%). Le siguen los organismos públicos autónomos con $2.7 mil millones (6%).

A este último rubro corresponde el gasto destinado al Ceepac, y representa 11.7% del mismo, ya que la UASLP es a quien se asigna el mayor gasto del rubro con $1,7 mil millones que representa 78.4%.

De los $255 millones asignados a gasto electoral, poco más de la mitad se otorga en prerrogativas a los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales con $128.7 millones. 31 % se dirige a la organización del proceso electoral con $ 8.7 millones, y 19% para el gasto ordinario del Ceepac con $47.5 millones.

La suma aprobada representa una reducción a lo originalmente solicitado. Pero, cabe señalar, la reducción no fue proporcional a la conformación de los tres rubros, ya que los $128.7 millones que la ley asigna a los partidos políticos fue –¡por supuesto!– íntegramente otorgado sin reducir un solo peso. Para el gasto ordinario del Ceepac la reducción fue de 24%.

El rubro que tuvo la mayor reducción arbitraria por parte del Ejecutivo fue lo relativo a los costos del proceso electoral, que redujo 50% aduciendo que la instalación de la casilla única se realiza conjuntamente con el INE, por lo que sólo se gastaría la mitad, sin considerar que el gasto por la instalación de las casillas y la capacitación a sus funcionarios representa sólo una cuarta parte del costo del proceso electoral. El 75% restante se destina para el gasto fijo que significa la obligación legal de instalar 73 oficinas de comités municipales electorales (58) y comités distritales (15) con personal de tiempo completo durante los ocho meses de duración del proceso electoral (presidente, secretario técnico, secretaria y mensajero), renta, servicios (teléfono, luz, agua), mobiliario, equipo de cómputo, así como sus respectivos cinco consejeros ciudadanos en cada órgano electoral, sumando 365. Debe sumarse, además, todo lo correspondiente al material electoral requerido: un millón 900 mil boletas por cada una de las tres elecciones (gobernador, diputados y ayuntamientos) para un total de 5.7 millones de boletas (que no cuestan lo que una hoja bond ordinaria, debido a las medidas de seguridad que requieren); ocho distintos tipos de actas –hasta con 15 copias algunas de ellas– requeridas en cada una de las aproximadamente 3,500 casillas que se instalarán; carteles, sobres, bolsas, urnas, cajas para los paquetes electorales, hojas de recibo, imprimir una edición con suficientes ejemplares de la Ley Electoral. Súmese gasolina y mantenimiento de automóviles, utilitarios de oficina como papelería, tonner, artículos de limpieza y un largo etcétera.

Presidentes, secretarios técnicos, personal administrativo y consejeros ciudadanos de las 73 oficinas requieren capacitación y ello conlleva otra serie de gastos: material impreso, gasolina y viáticos, entre otros.

En nada de ello reparó el gobierno del estado y no por desconocimiento, ya que se le dijo claramente tanto a su titular como al secretario de Finanzas. También se le informó a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado que, sin análisis alguno, se limitó a aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Si bien en los procesos de licitaciones públicas para la adquisición y elaboración del material electoral se está buscando realizar ahorros importantes, el gasto que debe destinarse a cubrir los compromisos de capacitación de los funcionarios de casilla con el INE, que asciende a unos 40 millones, está seriamente comprometido con la reducción presupuestal realizada por el Ejecutivo. También lo está la capacitación a los y las integrantes de comités municipales y comisiones distritales para el buen ejercicio de su función, así como gasto en instalación de la adecuada infraestructura requerida para comunicaciones. Todo ello, en mayor o menor medida, conlleva un impacto y efectos en el proceso electoral en curso.

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC