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El derrumbe de la torre

Óscar G. Chávez

Concluyen el año y los primeros meses del nuevo gobierno con el estallamiento de un violento motín en el reclusorio de La Pila. Nada que pueda vincularse con los cambios propios de los sexenios; queda claro que no es un problema generado durante lo que va de esta administración estatal.

El trasfondo sin embargo es mucho más complejo de lo que a simple vista pudiera dejar como resultado un motín de las magnitudes que fue este; las causas es evidente que vienen arrastrándose desde varias administraciones atrás.

Nuestro sistema carcelario estatal, y en general el nacional, representa uno de los aspectos a los que si bien se presta cierta atención y otorga un presupuesto generoso para su funcionamiento, son de los más descuidados por los gobiernos de todos los niveles. La lógica acorde a las mentalidades gubernamental y ciudadana pueden ser percibidas desde la óptica que es algo que no merece ser expuesto de manera pública por representar uno de los puntos obscuros no sólo del sistema sino en general de la sociedad.

Así, en la medida que algo nos resulta vergonzante se buscará mantenerlo matizado u oculto; la miseria y marginalidad, el desempleo, la inseguridad, serán temas que aunque todos sabemos de su existencia por ser en muchas ocasiones afectados directos de los mismos, siempre se buscará tratarlos con la discreción que debe darse a aquello que nos incomode.

Recordemos que el problema de los centros penitenciarios no es asunto nuevo, se arrastra desde hace bastantes años; las crónicas de espacios como la cárcel de Belén, en la ciudad de México, nos hacen comprender parte del origen del problema. En su momento el espacio se buscó reemplazar por uno mucho más digno y con mayores garantías de seguridad para que los ahí recluidos compurgaran sus sentencias, vino entonces la construcción del penal de Lecumberri.

Desafortunadamente en ese momento la dinámica general de las cárceles es adecuarse más a métodos de sanción y castigo que de reinserción social; en otras palabras lo que se busca es castigar al delincuente que cometió un delito, más que buscar de manera conjunta la compurgación de la pena con un saneamiento que permitiera su posterior acomodo en la sociedad.

Lecumberri, pronto se vio superada en capacidad poblacional, y los motines, derivados de una estructura carcelaria decadente fueron sucesos que estuvieron a la orden del día; en repetidas ocasiones la dirección del centro penitenciario estuvo a cargo de prestigiados militares que no pudieron erradicar el problema de fondo: la corrupción imperante entre custodios y reclusos.

Una radiografía de la situación que guardaba esta cárcel ya muy avanzada la segunda mitad del siglo XX, nos la da el escritor José Revueltas en su obra El Apando; la descripción no puede ser más estremecedora como apegada a la realidad. En alguna columna anterior a la que llamé Se está muriendo un cabrón, abordé la problemática en cuestión.

Esta mansión del delito, como coloquialmente se le llamaba, fue sustituida por una serie de reclusorios instalados en diferentes puntos de la ciudad de México. Así aparecieron nuevos reclusorios en los que se pretendió modificar las viejas pautas conductuales y transformarlas de acuerdo a las nuevas necesidades de los sistemas.

San Luis Potosí, al igual que la Ciudad de México, tuvo un tránsito similar en su historia penitenciaria; la vieja cárcel instalada en los restos del antiguo convento carmelita fue reemplazada por la penitenciaría puesta en funciones durante el porfiriato, en las márgenes del paseo del Santuario de Guadalupe. La Peni, como era conocida entre los potosinos estuvo en funcionamiento hasta mediados de la década de los noventa, cuando los reclusos fueron trasladados a la actual penitenciaría denominada pomposamente Centro de Readaptación Social.

Observamos que a pesar de las adecuaciones necesarias y de un mayor control gubernamental en este lugar, la problemática continúa quizá no con la misma intensidad que se dio en años anteriores, entre los que destacó durante el gobierno de Fernando Toranzo, por algunos motines ocurridos en su interior.

Si los señalamientos del secretario general de gobierno son precisos, la demolición de la torre de vigilancia tomada por los internos en algún momento de su levantisca, es algo necesario a todas luces, ya que de entrada y simbólicamente, no sólo para el nuevo gobierno, sino para la población allí alojada, representa la caída de un elemento que representa las anteriores administraciones y pautas carcelarias.

Práctica, y sicológicamente, cara a los reclusos, es una prioridad material de la edificación, como también lo serían un mayor control por parte de las entidades encargadas del funcionamiento del Cereso, así como una depuración al máximo de los elementos de control interno que se identifiquen con las estructuras anteriores en las que debió imperar la corrupción y un sistema de entendimiento flexible que permitía y fomentaba condiciones anómalas en su interior.

Que se derrumbe la torre y que se extirpen en su totalidad  las cándidas estructuras caducas.