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Felicidad
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El desastre capitalino

Carlos López Torres

L os enormes rezagos en materia de servicios dejados por las administraciones priístas, independientemente de la inocultable quiebra financiera que obviamente incide en la prestación de algunas obligaciones que el artículo 115 mandata los municipios, serán un enorme reto para el nuevo ayuntamiento capitalino.

No es que la atípica temporada de lluvias sea la verdadera causante de algunas obras inconclusas, algunas de ellas al parecer en litigio como la devastada avenida Universidad, cuya solución se dejará a la siguiente administración junto con la desastrosa alameda Juan Sarabia, con todo y sus procesos jurídico-administrativos.

Se trata de todo un estilo de concebir la administración pública y de erogar las contribuciones de los ciudadanos, sin que estos prácticamente tengan que ver en la toma de decisiones, ni en el control y fiscalización de los recursos. Se trata del manejo antidemocrático y discrecional que desde siempre ha caracterizado el viejo modelo de ejercicio del poder en la comuna más importante de la entidad.

Un ejercicio en el que se reproduce el arraigado y pernicioso presidencialismo, impide no sólo el desarrollo político-administrativo de los ayuntamientos, sino que facilita el despilfarro y la corrupción del erario con la consabida impunidad. Por más que se pretenda silenciar tal excrecencia o simular, los hechos están a la vista de los ciudadanos que le pasaron la factura al tricolor.

Por más que la norma establece que corresponde a los municipios la prestación de los servicios públicos básicos que son de urgencia inmediata para la vida misma, como son entre otros: agua potable, drenaje, alumbrado y calles, es hora de que a propósito de las lluvias prolongadas el desastre emerge con mayor dramatismo y crudeza, haciendo patente la incapacidad de la autoridad municipal, ya no digamos para solucionar los problemas cada día más agravados, sino para paliar los daños ocasionados a vialidades y otros servicios importantes para la inmensa mayoría de los pobladores de la demarcación.

La selectividad en la atención a los inconformes usuarios, que poco tienen que ver con la incompetencia con que se administran los recursos, permite que a estas alturas decenas de miles de habitantes de la periferia padezcan desde inundaciones, hasta miles de baches con los consecuentes desperfectos en sus viviendas y vehículos de todo tipo, así como la disminución sensible del bienestar en su entorno.

Obras como la de avenida B. Anaya, cuyo retraso movilizó a los vecinos quienes obligaron al ayuntamiento a pactar la terminación en un plazo perentorio de un tramo, antes de iniciar el siguiente, se mantienen aún pendientes con el consabido incumplimiento de los tiempos aceptados por Obras Públicas, aunque su titular pretende hacer creer a los vecinos que ello se debe a la lluvia.

Obras como la mal programada en la calle de Álvaro Obregón ha ocasionado ya el enojo de los comerciantes de esa zona, quienes atribuyen el desplome de sus ventas a la falta de alumbrado y señalética, aunque el Congreso presuma de la aprobación de una nueva ley sobre la obra pública que, al decir de los legisladores, impedirá la tradicional discrecionalidad en esa materia. ¿Será?