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El equilibrio de ingresos y egresos municipales

Carlos López Torres

Por más que los simuladores de oficio y/o de beneficio recurran al invariable hábito institucionalizado del borrón y cuenta nueva, convencidos de que al final del día se impondrá la resignación y el olvido ciudadano de las corruptelas que no cesaron en el acompañamiento de las administraciones salientes, lo cierto es que estas emergen cotidianamente por las cuatro regiones de la entidad.

No es casual que ante la emergencia que representa construirse una nueva imagen, de las deterioradas instituciones y los desacreditados gobernantes, se hable hasta de moralizar la sociedad en su conjunto y hasta se nos ofrezcan algunos chivos expiatorios, como muestra de la nueva voluntad política que anima el ético intento, repiten a cada instante los funcionarios.

Así como no se puede tapar el sol con un dedo, igual resulta imposible ocultar el pésimo desempeño de los ex gobernantes inmediatos a los actuales, algunos de los cuales andan buscando apoyos por todos lados ante las ataduras autoimpuestas con tal de cumplir algunos pendientes, para no romper la regla de oro de tapar la corrupción y cuidar las espaldas del antecesor.

El ridículo hábito político, extendido a los otrora opositores al “sistema”, hace poco creíbles los tradicionales desgarres de vestiduras o los gritos amenazantes, incluso el inicio de investigaciones que al final de cuentas terminan en los archivos de la Legislatura, la ASE o la Procuraduría General de Justicia del Estado. Allí están durmiendo el sueño de los justos los casos de decenas de ex alcaldes y funcionarios que no han merecido pronunciamiento alguno del representante social.

Por ello, ante el momento legal de presentación de las leyes de ingresos y de presupuestos de egresos de los municipios, la mayoría de los ayuntamientos están solicitando aumento al impuesto predial, cuotas y tarifas que regirán durante el próximo año.

Al no contar el Municipio con facultades legislativas formales, será la Legislatura local dentro de un complejo marco de ordenamientos la que finalmente decida si aprueba los montos solicitados por los ayuntamientos.

Por supuesto, la desdeñada consulta a los ciudadanos afectados –quienes pagarán los platos rotos de la gran pachanga de la corrupción institucionalizada– que no se atreven a llevar a cabo ni los diputados ni los integrantes de los ayuntamientos, terminará en la imposición de tributos impopulares.

Dichas cargas tributarias no sólo no tomarán en cuenta los bajos ingresos de la mayoría de los pobladores, sino los egresos cada vez mayores de los mismos para cubrir la canasta básica alimenticia y el pago de servicios diversos.

Es necesario mínimamente que el presupuesto de ingresos y egresos de los municipios se caracterice por un verdadero equilibrio entre ambos, sobre la base de un diagnóstico inmediato y a mediano plazo de las necesidades apremiantes y necesarias de las demarcaciones.

Lo ideal sería, por supuesto, que los ciudadanos fueran directamente consultados por los diputados con la participación de los afectados. Pero eso ya sería mucho pedir a este “sistema” de representación formal.