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El Estado contra sus disidencias

Guillermo Luévano Bustamante

S e han llenado de letras estos días los medios de la noticia del asesinato de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Rubén Espinosa y otras dos mujeres cuya identidad no ha sido confirmada aún. Una activista, una estudiante, un periodista, blancos predilectos del régimen actual que vislumbra como enemistades frontales a quienes se dedican a esas actividades. El asesinato se imputa políticamente al gobernador de Veracruz a quien incomodaron por sus dichos y sus hechos.

Y es que ser estudiante, ser activista o periodista no son en automático actividades críticas del régimen político, pero suelen serlo en la medida en que las vocaciones vinculadas con el aprendizaje, la defensa de los derechos y la difusión de la información se encuentran con ejercicios excesivos de poder autoritario, de corrupción, de impunidad. Cuando con ética se comparte lo que se sabe o lo que se investiga, el periodismo y el activismo son vistos desde el gobierno como disidencias.

Disidir es entonces riesgoso. Al incomodar a los gobernantes que a sus anchas disponen de los recursos públicos para enriquecerse, para corromper, para perpetuar privilegios, para erigirse como mandamases, las disidencias fundamentadas son sus rivales. En una democracia sería aceptable y deseable el concurso de las distintas opiniones, en la dictadura de facto del telepresidente, instaurada o remasterizada de la versión de la dictadura del unipartido de gran parte del siglo XX, no. Se extingue a las voces críticas, por las malas o por las peores.

El análisis periodístico roza con la indignación y la rabia de quien descubre una realidad descarnada y un futuro adverso, un contexto tan negativo para ejercer la crítica pública, desde las palabras y peor cuando se hace también desde los hechos. Un gobierno que aniquila o que permite y hasta fomenta el acallamiento forzado de las voces críticas no puede llamarse republicano, ya desde su imposición electoral con trampas, ya desde su preservación por la vía del acuerdo silencioso con la mayoría de sus oposiciones partidistas electorales y empresariales, ya desde el ejercicio que hace de su mandato con autoritarismo, ha reusado la conducción democrática real.

La lista de agravios contra la sociedad se va volviendo interminable en México: feminicidios como política, desaparición forzada de personas como represalia, exilios, acallamientos, asesinatos que se imputan a la acción o a la inacción de quienes debieran procurar el bien común, despojo de recursos naturales a pueblos y comunidades, exclusión deliberada de derechos sociales a la población ya de por sí más empobrecida, crecimiento de la desigualdad.

Ningún régimen ha pervivido demasiado tiempo basado en la opresión y la imposición. No es solo un deseo, es un hecho que los gobiernos más despóticos y autoritarios también concluyen, hace falta el empuje de una sociedad más crítica, más organizada, pero no hace falta mucho más. El sostén de legitimidad que permite la conservación del régimen en México es endeble. Los gobiernos locales, usufructuarios de la permisividad de los excesos autoritarios, como el de Duarte en Veracruz o Toranzo en San Luis Potosí, actúan en concordancia, ufanamente impunes, caciques de sus comunidades. Pero no son eternos, ni tienen poder absoluto, las sociedades son más fuertes y tienen más poder que sus gobernantes, sólo hace falta que se vayan dando cuenta y que lo ejerzan. No es cosa menor, pero no hay de otra.

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.