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El Estado fallido

Carlos López Torres

U na y otra vez, los diversos integrantes de la clase política han rechazado la posibilidad de la existencia de un Estado frustrado como el mexicano, no obstante los claros signos que evidencian el acelerado desgaste y debilitamiento de las desdibujadas instituciones que lo configuran.

No es de ahora, a partir del horror de Ayotzinapa, que se ha hecho evidente su descomposición. Innumerables hechos relacionados con la represión, la violencia, el asesinato y la institución conocida como cárcel política, habilitada para castigar la disidencia y verdadera oposición al “sistema” han evidenciado que nuestro país no ha sido un país de leyes.

El crimen de Estado de Ayotzinapa, como han coincidido en calificarlo los millones de mexicanas y mexicanos movilizados desde hace más de un mes a los largo y ancho de la república, para reclamar la aparición con vida de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos por elementos policiacos e integrantes del narco en Guerrero, por instrucciones de la autoridad municipal de Iguala, el conocimiento y la omisión de autoridades federales y estatales respectivamente, no hace sino confirmar la existencia de un Estado desfasado desde hace tiempo, cuyos administradores, empezando por el gobierno federal, pretenden mantenerlo intacto para su beneficio.

Sin embargo, el Movimiento “43X43 Ni un desaparecido más”, conformado por integrantes de 43 organizaciones civiles, sostiene que “el Estado actual no le sirve a la sociedad”.

En su afán por eludir toda responsabilidad, la autoridad federal pretende hacernos creer que lo ocurrido en Iguala no tiene que ver con el disfuncional Estado mexicano. Algunos observadores interesados y políticos a su vez insisten en convencernos de que, si bien es cierto los partidos a los que pertenecen tienen algunas fallas, sólo se requiere mayor vigilancia para que los institutos políticos que forman parte del Estado “profundicen en la revisión de los municipios, los gobiernos de los estados y la Federación”, según lo declarado por César Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRI, aunque reconoce que “la narcopolítica es tan grave como lo que estamos viendo…”

Algunos sacerdotes, como Fernando Ovalle Martínez, canciller de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, porfían en la sugerente idea de responsabilizar a los institutos políticos de la debacle de las instituciones que conforman el Estado mexicano, haciendo de paso corresponsable a la sociedad quien “ha dejado de verificar y vigilar el comportamiento de los partidos políticos”, por lo que sugiere a los mismos que dejen de pensar sólo en sus intereses y se dediquen a velar por los de la ciudadanía.

Por supuesto, la parcialidad de esta visión elusiva de la Iglesia no sólo pretende atemperar la responsabilidad del gobierno federal, la de los estados y demás instituciones que han sido incapaces de garantizar el Estado de derecho, sino de atenuar la responsabilidad social de la Iglesia, especialmente de la más conservadora y acrítica, complaciente con el Estado y sus administradores.

Si algo ha dejado claro el horrendo crimen de lesa humanidad perpetrado en Ayotzinapa, es justamente la impostergable transformación del Estado mexicano, mediante la profundización de la participación ciudadana y la creación de nuevas instancias que respondan a los intereses generales de la sociedad. No será con pactitos negociados desde arriba, desde las cúpulas del poder, como habremos de avanzar en la construcción del otro México posible al que aspiramos millones de mexicanos.

JSL
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