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El fiscal PANavi

Jaime Nava

“¡¿Qué dirán los Meade y el padre Peñalosa?!” es una de esas frases tan potosinas como voltearle la cara a algún conocido que se cruza por el camino. Para los políticos de café, dicho enunciado no es más que un gracioso recurso utilizable al terminar de contar un chisme en La Parroquia; mientras que para el resto poco significado tiene a pesar de que el apellido de la prominente familia porfiriana sigue escuchándose en distintas dependencias y organismos públicos.

Con la reciente aprobación de las leyes que integrarán el Sistema Estatal Anticorrupción comenzó la búsqueda de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, puesto de gran trascendencia en vista de que el nuevo fiscal tendrá la encomienda de perseguir y sancionar a los políticos –actualmente en funciones– que hayan cometido o cometan algún delito.

Por tal motivo, llama la atención que el diputado panista Héctor Mendizábal Pérez comenzara a cabildear para posicionar al también militante del PAN, Oliver Meade Hervert, como la persona que debería convertirse en el nuevo fiscal anticorrupción. Meade Hervert se desempeñó como regidor durante el trienio de Mario García Valdez y fue uno de los principales promotores del multimillonario contrato con la empresa Panavi.

A Mendizábal Pérez se le ha acusado de ser gallardista y uno de los diputados que habrían recibido al menos dos millones de pesos –plumaje y banderín amarillo incluido–, para votar a favor de las modificaciones que propuso el alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, para entregarle más de 200 millones de pesos adicionales a Panavi; aunque la empresa únicamente ha instalado cinco mil de las casi 48 mil luminarias que ya tendrían que estar brillando por la ciudad.

En lugar de traer luz a la ciudad, Panavi y las administraciones municipales se han encargado de oscurecer el ambiente al no ofrecer información acerca de las causas que impidieron a la empresa cumplir con la colocación de luminarias o, en su defecto, los motivos por los cuales en lugar de rescindir el contrato con Panavi por incumplida, el alcalde solicita que se le entreguen más recursos públicos. De ahí, entonces, que resulte natural que para proteger los intereses del negocio se pretenda colar a Oliver Meade en la posición de quien podría –y debería– resultar un incómodo persecutor anticorrupción.

Aunque el gobernador prefiere que la Fiscalía Anticorrupción le sea entregada a su consejero jurídico, Daniel Pedroza Gaitán, el apellido Meade no llega a disgustarle del todo, por algo –y para que no se pierdan las tradiciones– el hermano de Oliver, Christian Meade Hervert, fue nombrado como coordinador general del Sistema de Financiamiento para el Estado (Sifide). La cercanía de Meade o Pedroza con los gobiernos estatal y municipal debería ser motivo suficiente para que sus nombres no fueran aceptados ni como rumores para ocupar la Fiscalía Anticorrupción, de lo contrario se constatará que en San Luis Potosí todo cambia para seguir igual –o peor–.

Han pasado 477 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos

Twitter: @JaimeNavaN

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.