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20 julio, 2015
Casa llena
20 julio, 2015

El gasto de gobierno en prensa ya no debe ser así

Rogelio Hernández López

N os vamos a espantar, otra vez, cuando confirmemos que en un solo año se destinaron unos 15 mil millones de pesos de recursos públicos para medios de comunicación, de publicidad y de prensa; gasto que cubriría los presupuestos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Pedagógica Nacional, juntos.

Veamos este asunto con sencillez, pero muy en serio. Es demasiado importante como para sumergirlo en la solemnidad que aburre, o desdeñarlo por el ejercicio nacional de especulaciones sobre El Chapo, que ya cansa.

El asunto es que los gobiernos de los municipios, de los estados y el de Enrique Peña Nieto ya no deben gastar en medios de difusión masiva con las mismas maneras del siglo pasado. Las formas en que se opera ese gasto ya generan más problemas de los que resuelven.

Tienen que revisarse a fondo la estructura de ese gasto, sus intenciones y sobre todo al sujeto político que decide montos y objetivos. Es buena la intención de normar y transparentar este gasto con una ley general, pero muy insuficiente. Se necesita mucho más.

¿A quién le interesa?

Me parece que les conviene pensar en el tema a mis colegas sufrientes por ingresos magros de publicidad gubernamental, porque muchos son dependientes de ello.

El asunto también puede interesarles a mis amigos, y a otros ignotos, en puestos de mando de oficinas de comunicación social pública, porque sufren de migraña cada que miran la lista de pagos a medios y periodistas porque no les alcanza la bolsa y encima de eso los regañan cuando aparecen notas adversas.

Ilusiono que el tema podría provocar algún interés a los legisladores locales y federales que tienen atoradas al menos 20 iniciativas de ley para regular el gasto público en publicidad, doce de ellas en el Congreso de la Unión.

Igual deseo que algo de esto llegue a los estrategas de comunicación política que hubiera en la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación y les remueva algo para que comiencen a invencionar las alternativas que mucho necesitan.

Gasto incontrolable

Fundar y Artículo 19 informaron hace unos días que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto calculó gastar 4 mil 195 millones de pesos en publicidad oficial durante 2013 pero en realidad erogó 7 mil 119 millones. (http://fundar.org.mx/sin-reglas-claras-gobierno-federal-realiza-gasto-historico-en-publicidad-oficial/#.VagU0KR_Oko)

Por estos organismos se sabe que lo presupuestado en este rubro en el gobierno federal siempre es menor al gasto real. Entonces preveamos gastos igual de monumentales en 2014 y 2015, y no sólo en la Federación sino también en los otros dos niveles de gobierno.

Antes habían informado que 26 gobiernos estatales destinaron 5, 377 millones de pesos en publicidad oficial durante el 2012. De los otros 6 no se sabe porque son más opacos para informar. De los municipios, se puede inferir por informes distintos que su gasto aproximado ascendió a más de 1,522 millones de pesos en un año.

Con esas cifras, aplicando la tasa de inflación y los costos de la mala práctica de gastar más de lo autorizado en ese rubro, se puede estimar conservadoramente que los gobiernos estatales gastarían en 2014 unos 6 mil millones y los municipales alrededor de 2 mil millones.

De estados y municipios sumarían 8 mil millones más los 7 mil millones del gobierno federal. Conservadoramente ese sería el tamaño del gasto. Menos de tales 15 mil millones de pesos tuvieron de presupuesto en 2014 el IPN y la UPN juntos.

Pero el problema mayor no está en los montos, sino en las formas y las intenciones.

Modelito vetusto

En estos días de julio testificamos el escrutinio, también colosal, que sufrió el gobierno federal por el caso de Joaquín Guzmán por parte de editorialistas, columnistas y reporteros en medios de prensa industrializados, incluso de los más rigurosos o moderados. En la prensa digital y en las redes sociales la fiscalización fue sin retenes.

Tal clima mediático sirve de ejemplo de los bajos niveles de credibilidad del gobierno de la federación y sirve para ratificar que el modelo de comunicación política del Estado mexicano está haciendo agua por decrepitud.

Al respecto tomo la hipótesis de trabajo del investigador académico Javier Esteinou Madrid, quien sostiene en uno de sus ensayos que “el Estado mexicano se convirtió en una entidad inepta para resolver los grandes problemas del modelo de comunicación política en México”.

Sostiene que para lograr una auténtica transición política en México no se debe dejar más esta responsabilidad orgánica (de informar y crear consensos) en manos del poder mediático, refiriendo a los monopolios que acaparan información, mercado, publicidad e imponen agendas públicas (http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/36_modelo.pdf)

Dicho de otra forma, ese barco hace agua desde hace tiempo. Y uno de sus boquetes –el más rupestre– es el gasto público en publicidad en municipios, estados y en la Federación, porque ha ido perdiendo efectividad como instrumento de gobierno para informar y crear consensos para la gobernabilidad. Incluso padece crisis recurrentes por la mala práctica de usarlo como herramienta política de control del periodismo.

Los mandones de gobierno y en especial sus diseñadores de la comunicación política (que seguramente tienen) deben revaluar fenómenos relativamente recientes que hicieron más inútil al modelo de gasto publicitario pero que insisten en mantener como su herramienta más poderosa para influir en la difusión de mensajes.

Hay nuevos actores en el mercado de la información: los medios públicos electrónicos han tenido un desarrollo lento pero firme; los periódicos digitales ya son miles; el periodismo de investigación –al que se menosprecia y agrede con frecuencia– sigue creciendo tanto en medios tradicionales como en portales de Internet. Estos actores y otros podrían ser contrapeso informativo de los medios industriales monopolizados. Pero necesitan ser comprendidos como necesarios para elevar la ciudadanía y la construcción de consensos. Deberían recibir parte proporcional del gasto publicitario. Ese sería el cambio radical en la relación de gobernantes con los medios de prensa y la sociedad.

El modelo del gasto publicitario es el mismo que nació con Lázaro Cárdenas. Su anacronismo les causa dolores de cabeza permanentemente. En los estados y muchos municipios sus titulares insisten en aplicar ese instrumento para el control de la prensa y los periodistas críticos “premio a los amigos y castigo a los adversos”.

Esas prácticas añejas para el gasto publicitario además de estimular malas prácticas corruptoras, fomentan atmósferas de confrontación para medios y periodistas críticos, y la consecuente descalificación los vulnerabiliza “para beneplácito de los agresores”, como dijo Darío Ramírez al informar que tan solo en 2015 los agravios contra medios y periodistas pasaron del promedio de 6 por semana en 2014 a 9 semanales en 2015 y que el mayor porcentaje de atacantes fueron servidores públicos, como siempre.

El modelo de comunicación política tiene que cambiar integralmente. Hay muchos parches en la Constitución y en distintas leyes, incluso estatales. Su columna central, que es el gasto público publicitario, tiene que restructurarse atendiendo a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad organizada y a los nuevos actores de la información de prensa. Aún estamos a tiempo.