No le queda de otra
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El “gatopardismo” local en las transiciones de Gobierno

capital

En SLP no es una sorpresa ya desde hace algunos años enterarnos de que algún ex gobernante tiene librada una orden de aprehensión en su contra. Esto es por lo común atribuible a que tal gobernante hizo un mal uso de los recursos públicos. En este sentido, y solo por breves momentos los cuales por cierto resultan ser los periodos de las transiciones políticas de un gobierno a otro, aunque sean de distinto partido o incluso del mismo, parece ser que por esos breves momentos: las instituciones, sus mecanismos de justicia y rendición de cuentas funcionan, y entonces se llama a cuentas al responsable de la administración pública que es acusado de hacer mal uso de los recursos de los ciudadanos.

Sin embargo, en política como en muchas otras situaciones de la realidad humana, las cosas distan mucho de ser categóricas. Y más bien, varían en muchos grados y sobre todo dependiendo de muchos intereses. Es así que no es raro ver que personajes públicos con tan serias acusaciones a final de cuentas evadan la acción de la justicia. O más bien la justicia no proceda hasta hacerles pagar lo que corresponde por la responsabilidad pública que tuvieron al frente de sus gobiernos.

Esta situación pone al descubierto no solo que en general tenemos un entramado institucional endeble dónde la rendición de cuentas no opera como debería. Sino que de fondo, las instituciones y el aparato de justicia que se supone deben controlar a sus funcionarios. Tienen densos intereses políticos de tras que pesan más que la ley y que sus prácticas formales. En términos teóricos, los cuales nos son útiles para tratar de explicar una realidad compleja. Se puede decir que en pocas palabras toda institución política es endógena al proceso político. Es decir, que toda ley e institución es diseñada por los políticos, los cuales luego se sujetarán y serán “regulados” por estas mismas instituciones.

Lo anterior no parece dar a primera vista muchas luces sobre el dilema de funcionarios corruptos que a fin de cuentas se salen con las suyas. Sin embargo es de vital importancia reconocer que si los políticos crean las reglas del juego y de manera posterior se las auto imponen, entonces los intereses (económicos y de poder) que estos políticos tienen, son piezas vitales para entender el por qué las reglas no se terminan cumpliendo, o solo se cumplen para algunos y excluyen a otros.

Ahora bien, en una sociedad dónde las instituciones funcionan, y en donde existen controles tanto verticales como horizontales, efectivos del poder. Y si bien en toda sociedad hay casos de corrupción, pero estos se descubren y se procesan por la justicia de manera adecuada en tales sociedades donde sus instituciones funcionan, entonces podemos reconocer que en esas sociedades su clase política se auto impone reglas pensando en objetivos y valores que en efecto busquen orientar sus sociedades de la mejor forma posible. Esto es así porque existe el mínimo acuerdo en la clase política de que no se pueden servir o enriquecer de forma ilegal de lo que son los recursos de toda una sociedad, porque eso es una de las formas más perniciosas de vulnerar a una comunidad de la cual son electos por la mayoría. Y si alguien se atreve a servirse de forma ilegal de su posición de poder, entonces las reglas que están orientadas en dirección a esos objetivos socialmente útiles harán que sea muy costoso para el actor político cometer ese acto corrupto y pernicioso. Por lo cual las sanciones serán severas y efectivas.

Esta reflexión es importante, porque tanto en nuestras instituciones locales de Gobierno como en un nivel nacional, parece ser que los políticos simulan una auto imposición formal de las reglas que los deben de regular. Pero en realidad una serie de prácticas informales[1] son las que terminan teniendo un mayor peso al momento de hacer cumplir la ley o las reglas del juego que regulan a todo poder público y a sus funcionarios. En resumen, el juego político no termina cuando un gobernante sale del encargo institucional, éste juego sigue al interior de toda institución política y configura un proceso de endogeneidad institucional que es vital en la funcionalidad o no de tales instituciones, y en sus resultados.

Por las razones anteriores organismos públicos tan necesarios para la rendición de cuentas en nuestro Estado como la Contraloría General de Gobierno o la Auditoría Superior del Estado, no tienen, y por lo menos de inmediato no tendrán el suficiente empoderamiento y autonomía para hacer rendir cuentas a los funcionarios estatales. Porque no hay voluntad política para ello en tanto se vulneran los intereses inmediatos de la clase política y de los que esta coloca en puestos de poder institucional.

 Lo anterior, es una humilde y brevísima explicación teórica del porqué se puede explicar el gatopardismo o mera simulación de justicia, en casos donde los ex gobernantes locales que son acusados de malversación de fondos públicos y otros delitos o nunca pisan la cárcel, o ni siquiera se preocupan al respecto y pueden pasear a la vista pública de todos luego de transcurrido un tiempo de tales acusaciones. También juegan un papel importante los tiempos políticos y las estrategias de comunicación política de los gobiernos que en conjunto con los medios de comunicación denuncian estos delitos públicos pero que luego se desvanecen poco a poco. Pues parece ser que lo que se busca es solo un bono de legitimidad política vía la publicidad de estas noticias, antes de que se haga justicia o se repare el daño al erario público.

Al respecto y viéndonos obligados a remitirnos a un inmediatísimo caso reciente, tal parece ser que la orden de aprehensión por “peculado y uso indebido de la función pública, entre otros” (http://pulsoslp.com.mx/2015/09/29/orden-de-aprehension-en-contra-de-labastida/#sthash.Qgmx4m4W.dpuf) en contra de la ex alcalde Victoria Labastida y el tesorero de esa administración, Agustín Soberón Álvarez; el secretario del ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; Luis Miguel Ávalos Oyarvides, regidor y alcalde interino y la contralora interna municipal, Glafira Ruiz Leura. Hasta ahora parece que seguirán el mismo camino hacia la impunidad como otros casos de ex funcionarios de gobierno en su momento acusados de malversación de fondos.

Para probar que de forma mediática el caso de Labastida se va “desvaneciendo” de los medios y por tanto en parte también de la discusión pública, basta sondear las noticias al respecto. Y encontraremos que la última nota en relación directa con la orden de aprehensión de la ex Alcalde, es una nota de la Jornada SLP del pasado 29 de septiembre, en donde Carreras declara que la orden de aprehensión en contra de Victoria es una mera coincidencia que se dé al inicio de su mandato como Gobernador. (http://lajornadasanluis.com.mx/2015/09/29/mera-coincidencia-orden-de-aprehension-contra-victoria-labastida-al-inicio-de-gobierno-carreras/ )

-NOTA FINAL-

El caso de Victoria Labastida se asemeja para desgracia de todos, y de las arcas y los servicios del municipio de SLP, a una reacción en cadena donde varias fichas de dominó alineadas unas tras otras caen al empujar la primera y luego ceden todas las demás. Ya que en esa administración se dilapidaron recursos y se observó muy pocas mejoras públicas para el municipio. Después siguió Mario García cuya administración en poco pudo distinguirse de la de su sucesora y no gestionó el problema tremendo de la deuda municipal, como resultado padecimos una ciudad llena de baches como un campo de batalla e inacciones cínicas ante los reclamos ciudadanos. Al final las torpezas políticas de estas administraciones bien abonaron al triunfo electoral Gallardista en la capital.

Pues bien, si se pretende dar un buen ejemplo de gobierno bien haría la presente administración municipal en aclarar que pasó con los que pasaron por la Unidad Administrativa Municipal antes de ellos, y denunciar con rigor a quienes abusaron de sus encargos. Esta alternancia brinda una oportunidad idónea para una rendición de cuentas efectiva, aunque en política siempre se pueda elegir entre la decisión y la no decisión de los asuntos.

[1] Recomiendo al respecto el trabajo de Tesis de Maestría de mi colega: Mtra. Claudia Teresa Pedroza Meléndez, disponible en la Biblioteca Pública del COLSAN, que trata el tema de las prácticas informales o reales en los organismos locales de rendición de cuentas.

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.