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El gobierno contra migrantes

Guillermo Luévano Bustamante

El 7 de julio de 2014 Enrique Peña Nieto presentó un programa gubernamental llamado “Frontera sur” que tenía por objetivos, según su dicho, ordenar el flujo migratorio por las fronteras sur de México y proteger a las personas migrantes.

Desde esa fecha a la actualidad los resultados han sido terribles para las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano de la manera que llaman desde el gobierno mexicano “ilegal”.

Desde el inicio de la operación de dicho programa gubernamental diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la opacidad y ambigüedad en la que se había planteado. La Clínica Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció la falta de información precisa que diera sustento al decreto gubernamental que le dio origen.

Esa nueva política migratoria más bien ha generado un incremento en las violaciones a los derechos de las personas en tránsito internacional sin permisos migratorios. Han aumentado considerablemente las deportaciones y los delitos cometidos contra migrantes, según consigna la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.

Este escenario se suma al negro historial de las autoridades implicadas con el flujo de personas, como el Instituto Nacional de Migración, sobre el que recaen observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las prácticas reiteradas en que incurre al vulnerar los derechos de las personas que se hallan en situación de movilidad internacional.

En el portal youtube hay un video que exhibe la forma en que policías y personal del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí someten y detienen a migrantes con violencia pese a los reclamos de algunas personas que documentan la situación (el video se encuentra aquí: https://youtu.be/WxBfSZsIrqE). Apenas hace unos días, el propio Instituto Nacional de Migración en la entidad reveló que sólo en una semana de noviembre de 2015 deportaron a 145 personas, probablemente detenidas de la manera en que puede verse en el video referido.

El director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante en San Luis Potosí, el sacerdote Rubén Pérez, ha manifestado que otra de las consecuencias de esta inusitada persecución contra migrantes es el cambio de rutas de tránsito hacia unas menos seguras.

Esto está significando que evitan a la policía y a agentes de migración, pero que se coloquen en condición de mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada, tratantes, narcotraficantes. Las policías mexicanas y el personal de migración ahora “vigilan” más estrictamente que las y los migrantes no logren subirse a La bestia, lo que origina que se internen por caminos más inhóspitos.

Por si fuera poco, la nueva Ley de Migración de San Luis Potosí aprobada por la Legislatura local tiene visos de inconstitucionalidad que en poco contribuyen a la protección y garantía de los derechos humanos de quienes migran. Flaco favor le están haciendo las autoridades mexicanas y potosinas a las personas migrantes, más bien parecen servir de filtro y coadyuvante de la política antimigratoria y racista estadunidense.

Twitter: @guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.