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El gran reto de Ricardo Gallardo

Montserrat Balcorta Sobrino

En los gobiernos actuales progresistas españoles, específicamente hablando de la alcaldía de Madrid, España, Manuela Carmena, actual alcaldesa, ex jueza y destacada activista feminista del movimiento social de Los Indignados en aquel país, manifestó categóricamente que la situación de los contratos integrales con concesionarias privadas de recolección de la basura “han sido un enorme fracaso”.

Dicho lo anterior, la propuesta específica de Manuela Carmena es la creación de una “empresa pública de recolección de basura”, es decir, que el servicio de recolección, actualmente privado, vuelva a ser un derecho público, administrado por el municipio y con fondos propios, esto es, que la remunicipalización del servicio de la basura no deje de participar en el mercado del reciclaje para la autofinanciación pública en la mejora de los derechos sociales.

En la propuesta de Carmena, no sólo se buscará la mejora del servicio de recolección sino que de fondo, se busca regenerar y recuperar el espacio urbano y el patrimonio de los y las madrileñas. En la línea de acción del Programa Ahora Madrid sostiene que habrá una “priorización del interés general en el uso del espacio público” consensuado con la ciudadanía. Además de ello, propone recuperar la plantilla de trabajadores/as despedidos/as y reconocerles sus derechos laborales, entre otras cosas. Esta alternativa tiene dos caminos: un alto costo económico y un fuerte capital político y social; no es un proyecto imposible de llevar a cabo, sabiendo que las concesionarias actuales de recolección de basura obtienen sumas millonarias al año en ese país. Hasta este momento, dicho proyecto ha tenido un buen recibimiento.

En México y en la mayoría de los municipios está sucediendo todo lo contrario. Las administraciones en turno están apostando a la privatización del servicio público de la basura como única solución ante su incompetencia en la recolección, separación y disposición final de los residuos sólidos municipales. Frente a esta problemática, las autoridades en turno deciden, unilateralmente, perder un derecho social que seguir invirtiendo en él.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la problemática de la basura también es global y que responde al gran negocio trasnacional de energías renovables, en donde participan cientos de empresas intermediarias (haciéndose pasar por consultoras medioambientales o de disposición final) que se han insertado en un nuevo proceso que denominamos “la especulación de la basura” no sólo en México sino en gran parte de América Latina.

En la capital de San Luis Potosí, este proceso entró en vigor hace siete años. Haciendo memoria, recordamos al ex edil panista Jorge Lozano Armengol anunciar que una empresa llamada Vigue (sabiendo que la empresa enfrentaba un proceso legal en Metepec, Estado de México por daños en propiedad de dicho municipio), se haría responsable de la recolección de la basura y que nos costaría la módica cantidad de 150 millones de pesos, que incluía el servicio de recolección y disposición final, así como la construcción de una estación de transferencia y un nuevo relleno sanitario, entre otras cuestiones que no han sido transparentadas. El principal argumento de Lozano fue que la privatización de la basura sería una medida fundamental no sólo para el desarrollo de las ciudades “más modernas” sino para aminorar el problema ambiental en la capital (con información de Mayra Tristán de Plano Informativo).

Han pasado siete largos años de ese hecho y cabría hacernos las preguntas ¿qué beneficios reales nos ha dejado la privatización de la recolección de la basura a los y las potosinos/as?, ¿Estamos mejor que antes?, ¿quiénes o qué personas en lo específico, se han beneficiado de esa concesión?

Si hacemos una evaluación de lo que ha ocurrido desde esa fecha hasta el día de hoy, podemos decir, como Carmena en Madrid, que ha sido un total fracaso, debido a su opacidad, a su poca transparencia y porque seguimos igual, justo como al principio.

Ayer, durante la rueda de prensa ofrecida por representantes de empresa Red Ambiental Vigue, en un tono victimista, nos informaron que no habrá servicio debido a un adeudo de un poco más de 99 millones de pesos (que es una exorbitante cantidad), motivo por el cual, según la empresa, “hay un colapso financiero” en su negocio. La amenaza entre líneas fue que si el ayuntamiento no paga lo que debe, nosotros/as sufriremos las consecuencias. Además de manifestar la clara amenaza de que si nos deshacemos de ellos, nos saldría más caro “porque hay penalidades”.

Por otro lado, el ayuntamiento de la capital asegura que se adeudan 90 millones de pesos, cantidad saldada por “algunos” inmuebles municipales que la propia empresa Red Ambiental “embargó” por ese adeudo. Frente a este problema, el ayuntamiento no se inmuta al decirnos que la ciudadanía ya perdió inmuebles públicos y también decide darnos cátedra de que a falta del servicio privado de recolección, se puede retomar el servicio público a través de un “plan emergente”, que aparentemente les funcionó y tuvo mucha difusión ayer en las redes sociales.

Dichas las contradicciones anteriores de ambas partes, ¿de qué tipo de negocio estamos hablando y quién se está beneficiando de ello? ¿Cómo sociedad, de quién dependemos?

Considerando la complejidad de este problema en el que la ciudadanía sigue perdiendo, pensamos que los grandes retos que podría abanderar el actual edil Ricardo Gallardo son: rescindir del contrato con la empresa, remunicipalizar el servicio de recolección de la basura y hacer un referéndum en donde se nos pregunte y se nos haga partícipes como ciudadanía sobre las posibilidades y alternativas viables frente al conflicto ambiental de la acumulación de la basura en la capital.

El gran reto de Gallardo es desentrañar la corrupción y las relaciones clientelares que se dan en torno a este conflicto y transparentar este proceso de privatización, de dineros y acuerdos que se han mantenido a lo largo de estos nueve años a contentillo de las pasadas administraciones panistas y priístas.

El gran reto de Gallardo es recuperar nuestro derecho social a tener un servicio público y de calidad, sin prescindir de los modernos sistemas tecnológicos de tratamiento (hay cientos de trabajos académicos desde la Ingeniería y las Ciencias Sociales que pueden darnos pistas) abriendo la posibilidad de crear como en España, una empresa social y autogestiva de recolección de basura.

El gran reto de Gallardo es acabar con las relaciones clientelares dentro de los espacios de acumulación de la basura, como en El Peñasco, y dar reconocimiento social a los y las pepenadores/as, carretoneros/as, camioneteros/as que por más de 50 años han contribuido con su trabajo y sin ninguna remuneración económica ni social, a la recolección, separación y destino final de la basura. El ayuntamiento tiene una gran deuda con este grupo en particular.

La remunicipalización del servicio de la basura, bien planeada y con fines autogestivos (justo como lo están haciendo otros países) puede ser un camino viable para la ciudadanía, para los grupos de trabajadores/as de la basura, para los gobiernos y para el medio ambiente. Un largo camino por recorrer en este problema interminable.

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JSL
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