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El heredable desbarajuste administrativo-financiero

Carlos López Torres

U no de los compromisos que se ha vuelto lugar común en las tomas de protesta de los gobernantes, tiene que ver con el tema del Estado de derecho, aunque su inalcanzable concreción, matizada según el cristal de la visión particular y/o grupal de quienes llegan al poder, impide sin embargo al correr del tiempo garantizar su plena vigencia.

Y es que recoger la sucesión de otro gobernante, según las reglas no escritas del anquilosado sistema de complicidades que vivimos, permite, merced a la simulación, renovar ciertas esperanzas en los gobernados, no obstante los desilusionantes resultados ya presentidos.

El caso San Luis es ilustrativo al respecto. Una y otra vez el puñado de beneficiarios e hipócritas, que hace sólo unos días justificaban y hasta aplaudían el sexenio del incumplimiento y la omisión, acríticamente y por adelantado, pretenden renovar la esperanza de quienes inútilmente han esperado una administración pública ya no digamos digna, sino respetuosa de la ley e invariablemente procuradora de su cumplimiento, independientemente de la clase social, el poder económico, la influencia política o espiritual de que se trate.

Más que la persona, lo que el Congreso debe buscar ante la ratificación del nuevo procurador de justicia para el Estado, es el compromiso de éste con la sociedad que representará, a partir del diagnóstico que debería exponer ante el pleno de los diputados.

En los hechos, resulta ya inocultable el desastre al que ha llegado la procuración de justicia en la entidad, dada la apatía, la omisión, la opacidad y la simulación que ha caracterizado la dependencia durante los sexenios anteriores, particularmente los de la alternancia PRI-PAN, donde la impunidad alcanzó alturas insospechadas y el rezago se abultó. Ahí están las contradicciones entre las cifras del Inegi y las de la dependencia estatal, que requieren de inmediato las aclaraciones respectivas, con trasparencia y veracidad.

El desorden administrativo-financiero recibido por el actual titular del Ejecutivo, Juan Manuel Carreras López, según se desprende de la falta de precisión de los colaboradores más conspicuos de la administración estatal, quienes no atinan a cuantificar la deuda dejada, ni la obesidad del aparato burocrático heredado, por ejemplo, aunque prometen sacar adelante un plan estatal que todavía no se aprueba, será un obstáculo en el marco del no menos desastroso escenario financiero nacional, para cumplir con una serie de expectativas publicitadas, sobre todo si no se obliga a los responsables de tan catastrófico panorama heredado a cumplir puntualmente con sus pendientes y a regresar lo que se llevaron.

Sin embargo, la experiencia vivida cada momento de trasmisión de poderes, el sucedáneo retórico de castigo a los responsables y la consecuente limpieza de casa, resulta ser un bálsamo momentáneo que permite a la clase política local, además de reacomodarse, ganar tiempo para que la cicatrización de heridas permita la reproducción del poder dominante, con la aprobación de todo tipo de paleros y comparsas que auguran futuros extraordinarios en medio de la tremenda crisis en aumento.