Para los artesanos, necesario unirse a asociaciones populares
29 junio, 2015
Guerra sucia y cierre de archivos
29 junio, 2015

El malogrado Pujal-Coy

Carlos López Torres

P ublicitado como el sistema de riego más grande de América Latina en tiempos de Luis Echeverría, que llevara al entonces presidente de la república a una confrontación con el mismísimo Gonzalo N. Santos, el Pujal-Coy sigue siendo objeto de denuncias por su manejo opaco y la consabida corrupción, que ha favorecido invariablemente a los antiguos terratenientes y testaferros del santismo, los nuevos renteros, prestamista y acaparadores, y por supuesto, a los funcionarios que disfrutan de sus arreglos con los nuevos ocupantes de predios nacionales que nunca se repartieron.

A menos que el gobernador Toranzo Fernández nos tenga guardada una sorpresa publicitaria de última hora sobre sus “grandes logros”, la reactivación del Pujal-Coy anunciada desde hace años por el titular del Ejecutivo a bombo y platillos, hace tiempo dejó de ser noticia sin explicación alguna, aunque hay quienes suponen que su actuación errática respecto al controvertido acueducto de Monterrey, ha dado por resultado el silenciamiento repentino de lo que se dijo sería una obra monumental que reactivaría la agricultura y ganadería de la Huasteca norte.

El recule del reparto agrario durante el gobierno de Salinas de Gortari, con la reforma al artículo 27 de la Constitución, no sólo mantuvo inconcluso todo el proceso de entrega de tierras, muchas de las cuales estaban en manos de dependencias y puestas a disposición de algunos de sus antiguos dueños para ser explotadas, sino que con dicha reforma se inició un proceso de desaparición de los ejidos colectivos para dar paso a la explotación y comercialización individualizada, favorecida por la desaparición de la Conasupo que compraba la producción ejidal.

A la par hizo su aparición en la zona de riego un sector de prestamistas y acaparadores de tierras, ante la desaparición del Banrural y la carencia de créditos a los ejidatarios y campesinos en general de la región, mientras los acaparadores de cosechas hacían su agosto para convertirse en factores decisivos que harían fracasar el proyecto inicial.

Hoy nuevamente los solicitantes de tierra aparecen para exigir la entrega de tierras nacionales en poder de supuestos terratenientes expropiados, quienes al amparo de los funcionarios públicos se niegan a cumplir con las consabidas minutas o convenios incumplidos una y otra vez por la Sedatu y otras dependencias que tienen que ver con el campo.

Amenazan con llevar a cabo una serie de movilizaciones que incluyen la ocupación de las tierras prometidas, bloqueos carreteros y tomas de dependencias, sin descartar marchas en la región y hasta la capital, para obligar al cumplimento de los compromisos.

Todo ello, a finales de un sexenio que ha redoblado escandalosamente sus gastos publicitarios, inmediatamente después de la campaña electoral, con el obvio propósito de dejar una imagen que permita mantener la impunidad acostumbrada a los gobernantes que concluyen su mandato.

El destino de esa zona de riego debe ser analizado rigurosamente, pues como dijera el viejo luchador campesino Ladislao Ibarra, ejidatario productor de elotes del ejido Pujal-Coy, en relación con el acueducto Monterrey apoyado por Fernando Toranzo: “lo que el gobernador debe hacer, antes de andar apoyando ese acueducto que nos va a perjudicar más, es pugnar porque se construya el proyecto de presa Pujal-Coy que se mantiene en el papel desde hace muchos años”, para no seguir dependiendo del bombeo de El Porvenir que se abastece con aguas de los ríos Pujal, Tampaón y Coy. ¿Será que el nuevo gobierno le entra al problema de fondo?