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El memorándum impugnado

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Julio Hernández López

Han sido varios los atajos y fintas que el presidente de la República ha utilizado para eludir la confrontación directa con el reactivado movimiento magisterial disidente, en el contexto de una reforma educativa heredada (la peñista) y el cumplimiento (a medias, manteniendo el gobierno ciertos controles rechazados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) de una promesa electoral de derogación absoluta de los textos legales que le dan sustento.

La más reciente de esas tretas ha sido la emisión de un memorándum presidencial que pretende aplicar una suerte de “amparo” judicial informal para no ejecutar los términos de la citada reforma peñista (que son letra inscrita en la Constitución y en las leyes correspondientes) y quedar en una extraña espera (infractora de los lineamientos jurídicos vigentes) de un supuesto arreglo con la mencionada CNTE.

Los juegos políticos tácticos hasta ahora practicados le han permitido a López Obrador mantener una presión política y jurídica sobre los profesores tan duchos en estos menesteres, expertos en tensar casi al punto de la ruptura, para llegar a negociaciones finales que siempre les son ventajosas. Pero ahora el político tabasqueño ha escogido un camino, el de un memorándum pretendidamente habilidoso, que le ha generado la inmediata réplica adversa de jurisperitos varios (el ministro en retiro, José Ramón Cossío, el constitucionalista Diego Valadés y el también docto Miguel Carbonell; de sus opositores políticos (con el desesperado cazador de oportunidades, Vicente Fox Quesada, en destacado lugar) y del segmento social predispuesto a encontrar indicios de autoritarismo creciente en el comportamiento del poderoso presidente de la República.

En la inmediatez opinante que permite Internet y, en especial, Twitter, las reacciones de los jurisperitos tuvieron rápida difusión:  Valadés escribió, en tres pequeñas entregas: “El cumplimiento de la Constitución y de la ley no es potestativo o discrecional para los funcionarios públicos”;  “Es posible cambiar las leyes, pero no dejar de aplicarlas” y “la derogación de preceptos constitucionales sólo la puede hacer el poder revisor de la Constitución, y la derogación de las leyes federales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión”. Cossío, a su vez, tuiteó: “Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente (debería haberse escrito “autorreferente”: corrección astillada sin toga) en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”. Y Carbonell, por su parte, señaló, casi con dedicatoria para Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia: “Acabo de leer el ‘memorándum’ del Presidente de la República sobre el tema educativo. No cita ninguna (ni una sola) norma jurídica que sostenga su instrucción y, por el contrario, deja sin efecto el texto constitucional expreso. Requiere asesoría jurídica con urgencia”.

El episodio, que en un contexto de salud republicana debería ser desactivado de inmediato, a través de un desistimiento presidencial respecto al citado memorándum, perfila cualquiera de las dos hipótesis siguientes: o el presidente de México no busca la asesoría adecuada para dar curso a sus decisiones o la asesoría con la que cuenta no está a la altura de los proyectos de López Obrador.

En tanto, el jefe del control político de la cámara de diputados, el ebrardista Mario Delgado, ha vuelto a recurrir a la figura de Enrique Peña Nieto como una especie de coco asustador de niñez política: miren, ha dicho Delgado a los profesores de la CNTE, cómo el exocupante de Los Pinos sigue como si nada, jugando golf, y será el gran ganador del forcejeo actual entre Palacio Nacional y la citada CNTE si ésta no acepta los términos propuestos por el obradorismo, pues su “reforma educativa” seguiría vigente. Mal ejemplo para amagar ha usado el coordinador de los diputados de Morena, pues Peña sigue y seguirá jugando golf, viajando y disfrutando de la vida, por acuerdos que van más allá del tema educativo.

Ayer fue declarada en la Ciudad de México la cuarta contingencia ambiental en lo que va del año. Las autoridades del ramo consideraron peligrosa la alta concentración de sustancias contaminantes en el aire que respiran los capitalinos y puso en marcha las medidas preventivas del caso. Nada asegura que no se hayan tenido registros de daños a la salud pero se hayan omitido o silenciado para no generar lastimaduras a los procesos industriales, laborales y comerciales.

Lo cierto es que diariamente se percibe en el ambiente capitalino la toxicidad acumulada y que las autoridades hacen poco o nada sustancial para enfrentar esta crisis que podría agravarse en las semanas siguientes. Un grupo de ciudadanos, con el abogado ambientalista Bernardo Bolaños como asesor gratuito, ha decidido presentar próximamente una demanda a las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por Claudia Sheinbaum, por las enfermedades respiratorias y los daños a la salud en general que la contaminación están causando.

Astillas: En la Zona Metropolitana de Guadalajara continúa desbordada la violencia. Ayer se informó que suman diecisiete los cuerpos encontrados en una colonia de esa conurbación, en el contexto de los secuestros y venganzas de grupos del crimen organizado… Guillermo Zúñiga ha renunciado a su asiento en la Comisión Reguladora de Energía, sin dar a conocer los motivos de tal decisión. De pronto, esta comisión se ha vuelto sede de múltiples movimientos políticos… En lo que queda del Partido Revolucionario Institucional se insiste en que el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, ha negociado un camino expedito hacia la presidencia nacional de esa especie de fideicomiso de liquidación… ¡Hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.