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El obstáculo de los pendientes

Carlos López Torres

Al poco andar, la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López acusa ya los efectos de las debilitadas instituciones que, usadas en beneficio de los grupos de poder y de interés, han acabado por desgastarse ante la falta de confianza hacia los funcionarios, que una y otra vez, en un puesto o en otro, se encargan de hacer realidad el que todo siga igual o peor.

No es mera casualidad que en los últimos días, particularmente en materia de procuración de justicia, algunos ministerios públicos y funcionarios judiciales acumulen una serie de señalamientos de parte de ciudadanos ofendidos que los acusan de parcialidad, falta de probidad o de plano colusión con algunos infractores de la ley.

Algunos de estos ciudadanos cansados de ser víctimas del creciente abigeato, fuera de control en las cuatro regiones del estado, o quizás controlado por la misma autoridad como sospechan ganaderos de Rioverde, han decidido actuar por su propia cuenta, hacerse justicia por su propia mano, ante lo que un dirigente ganadero llamó “confabulación” entre funcionarios de la PGJE y los abigeos, a quienes se les pone en libertad porque “el delito no es grave”.

Otros ciudadanos, dedicados al servicio de transporte de carga, denuncian complicidad de la autoridad con los choferes, es decir con los permisionarios, derivada de la impunidad con que se trata a los conductores que llegan a ocasionar accidente fatales, como es el caso de la madre de un afiliado a la organización AMOTAC recién accidentada, de cuya muerte se hizo responsable a un chofer que a los pocos días obtuvo libertad bajo fianza, aunque no han pagado la indemnización correspondiente a sus deudos; por lo que exigen al gobernador Carreras López mínimamente el retiro de la concesión a quienes ocasionan este tipo de accidentes.

En otro caso que requiere ser investigado, el diputado Jorge Luis Díaz Salinas presume colusión de la Ministerio Público que lleva la investigación relacionada con aquel sonado secuestro de un joven que luego apareció inhumado clandestinamente por el rumbo de la delegación de Villa de Pozos, dado que a uno de los responsables se le excarceló con fianza de 12 mil pesos; por lo que el legislador solicita la remoción de la MP.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió sendas recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la PGJE, dado que agentes de ambas corporaciones incriminaron bajo tortura a un joven en la muerte de su ex novia, allá por el municipio de Tamazunchale.

Como en los tiempos del tehuacanzo y la asfixia con bolsa de plástico para fabricar culpables, que aún se mantienen a pesar del tiempo y la era de los derechos humanos en las corporaciones potosino-tamaulipecas, los policías abusaron de la tortura hasta lograr la firma del muchacho aceptando lo que quisieran los inquisidores guardianes del orden e investigadores ministeriales.

Los obstáculos que no se atreva a derrumbar el titular del Ejecutivo en esta y casi todas las materias de la administración ahora a su cargo, pueden ocasionarle entorpecimiento en sus proyectos como actualmente ocurre con el autogobierno existente en el penal de La Pila. Los botones de muestra deberían encender los focos rojos del gobierno actual.