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Julio Hernández López

A fin de cuentas y como estaba previsto, el periplo de senadores, especialistas, colectivos de la “sociedad civil” y ciudadanos en consulta llegó al punto de origen: el primer Fiscal General de la Nación será un personaje absolutamente cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De los diez nombres enviados por el Senado a Palacio Nacional para que el titular del Ejecutivo desechara siete, se mantuvieron los que todo mundo involucrado en el asunto sabía desde el principio: Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz y Eva Verónica de Gyves. De esa terna tan prevista, la cámara de senadores elegirá al nuevo titular de la fiscalía técnicamente autónoma.

Si los senadores (es decir, Morena y sus aliados) no alcanzaran la mayoría calificada para designar al citado fiscal (dos terceras partes de los votantes), el asunto pasaría a resolución al principal despacho de Palacio Nacional: periplo, según el diccionario de la Real Academia Española, en la primera de sus acepciones, significa “Viaje o recorrido, por lo común con regreso al punto de partida”.

En todo caso, la única discusión real ha sido respecto al nombre y apellido de quien vaya a beneficiarse con la predeterminación. Durante toda la circunnavegación ha ido a la cabeza el maestro Bátiz, un jurista respetado, honesto y equilibrado. Fue panista, y dejó esa adscripción en 1992 (en pleno amasiato político de Carlos Salinas de Gortari con dirigentes de Acción Nacional como Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Álvarez, este último, entonces, jefe nacional del partido) junto con Pablo Emilio Madero Belden, José González Torres (estos dos, dirigentes nacionales y candidatos presidenciales del blanquiazul), Jesús González Schmal, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y José Ángel Conchello, entre otros. Eran miembros del Foro Democrático, también llamado Doctrinario.

Más adelante, Bátiz ligó su vida política a López Obrador, con quien fue procurador de justicia en el entonces Distrito Federal y, posteriormente, le acompañó en los diversos y complicados lances del persistente político tabasqueño.

A las posibilidades de Bátiz (82 años de edad, chilango, cuatro veces diputado federal y diputado constituyente de la Ciudad de México) se ha ido oponiendo la figura creciente de Alejandro Gertz Manero, quien no goza del aprecio a las virtudes del maestro Bátiz pero sí una innegable habilidad para irse colocando en cada vez mejores posiciones del cuadro de trabajo de López Obrador. Comenzó esta etapa como asesor y actualmente está encargado del despacho de la Procuraduría General de la República.

Gertz Manero, por quien muchos apuestan como el ganador final de la carrera por la físcalía, nació también en la Ciudad de México hace 79 años y ha sido coordinador de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1996, en el contexto de la temida Operación Cóndor;  secretario de seguridad pública en la administración capitalina, con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, y en la federal, con Vicente Fox Quesada.

Originalmente se hablaba de Gertz Manero como principal aspirante a la coordinación general de la Fiscalía, que según el artículo 14 de la Ley Orgánica de esa institución está en el segundo escalón, apenas por debajo del propio fiscal. Luego de la poderosa coordinación general están las fiscalías especializadas en Materia de Derechos Humanos, en Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción. Además, conforme al artículo 11 de la misma ley, a ese coordinador general correspondería actuar “en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley” (https://goo.gl/hrmg4Z ).

Si la elección entre Bátiz y Gertz se enconara, podría entrar Eva Verónica de Gyves Zárate, con carrera profesional propia, aunque sus adversarios usan en su contra el hecho de que sea esposa de Rafael Guerra Álvarez, quien fue defensor de AMLO durante el episodio del desafuero de éste en el gobierno capitalino y en noviembre pasado fue electo presidente del tribunal capitalino de justicia.

Al senado llegó ayer el texto de las reformas aprobadas en la cámara de diputados para crear la Guardia Nacional. Se suponía que dicho texto habría de aterrizar plácidamente en el Senado para su aprobación sin mayor trámite y su envío a los congresos estatales, donde una vez conseguida la mayoría más uno de ellos, se convertiría en letra legal.

Pero en el camino se atravesó una modificación que fue impugnada por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del propio jueves. Un artículo transitorio fue transformado en San Lázaro y el político tabasqueño se declaró “insatisfecho” con tal situación. Al haber quitado la redacción original se dejaban las cosas casi como si nada hubiera sucedido, pues en esas palabras suprimidas se planteaba la peculiar concesión para que las fuerzas armadas puedan ejercer funciones de seguridad pública (es decir, la Guardia Nacional), en tanto las policías civiles son regeneradas y restituidas en su función primordial.

En el Senado, el jefe de la mayoría, Ricardo Monreal, respondió con rapidez para anunciar que tal objeción del presidente sería atendida y que la minuta de reformas sería devuelta a los diputados con la corrección solicitada por Palacio Nacional. No es un asunto menor. En ese artículo transitorio se resume el significado de la Guardia Nacional: fuerzas militares habilitadas para asumir funciones civiles de seguridad pública durante una temporalidad discrecional.

Y, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se alista para visitar México a finales de este mes, para conocer cómo van los proyectos productivos y de desarrollo en el sureste mexicano y en Centroamérica, ¡hasta el próximo lunes, con Héctor Serrano (alfil de Miguel Ángel Mancera) y algunos diputados perredistas más, lamentando que en el sol azteca se “atente” contra la libertad de ideas!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.