Prohibido, usar datos personales de ciudadanos para hacer proselitismo
12 enero, 2015
Agarrando fuerza
12 enero, 2015

El PRI que nos gobernó, el PRI que nos gobierna (II): septiembre de 1940

A Georgina Jiménez Maldonado, por el gusto de su gusto;    

por su interés manifiesto por algún cacicazgo potosino.

 Óscar G. Chávez

A mediados de 2008, una comida en un restaurante huasteco fue la ocasión para preguntar a Wil G. Pansters –estudioso del cacicazgo avilacamachista en Puebla–, la validez de la palabra cacique, empleada coloquialmente por estudiosos teóricos y actores prácticos de la política, para referirse a los líderes regionales que lograron la hegemonía de un espacio. El término –respondió– se utilizaba históricamente, para referirse a señores que ejercen la autoridad de una región, garantizando mediante sus métodos, la tranquilidad y bienestar de sus habitantes, al tiempo que son los mediadores entre su grupo y la autoridad central. Entonces, estos personajes del siglo XX, surgidos en el periodo posterior a la revolución, son verdaderos caciques. Es válido, y considero que preciso.

Dos son las obras clásicas que abordan la cuestión caciquil en México, ambas de la década de 1970; una de ellas –quizá la más consultada–, Los caciques de Carlos Loret de Mola Medíz, desde una óptica literaria y descriptiva generada desde los parámetros personales, se ocupa de presentar ocho modelos tipológicos de caciques: blanco, negro, maya, agrario, cordelero, petrolero, camionero, y mitómano. Gonzalo N. Santos, Carlos Sansores Pérez, Eustaquio Kimé, Faustino Tinajero Miramontes, Miguel Olea Enríquez-Federico Ríoseco Gutiérrez, Joaquín Hernández Galicia, Rubén Figueroa Figueroa, y José Guadalupe Zuno Arce, son los personajes que encarnan cada uno de los referidos modelos.

La otra, Los caciques de la sierra, de Íñigo Laviada Arrigunaga, aborda de manera concreta la problemática de la sierra Mixteca. Laviada, quien fuera catedrático de la Escuela Libre de Derecho y columnista de Excélsior, presenta una historia de los cacicazgos en la región mixe de Oaxaca.

A pesar de su aporte en lo referente al estado de la cuestión, poco es su alcance en materia de análisis histórico y sociológico. Detallan hechos, pautas conductuales, ritos, y espacios; sin embargo desaprovecha, al menos el primer autor mencionado, su papel como actor directo entre algunos de los personajes citados, para ir más allá del relato y la opinión personal. Sí rescatan, ejemplifican y, en su caso, sentencian; pero no se arriesga a realizar alguna hipótesis o propuesta, que en materia sociológica permita analizar más a fondo el fenómeno de los caciques.

El México que se describe en ambas obras, es un país en el que imperan los poderes fácticos unipersonales encarnados en el amo de una región; pequeñas satrapías en las que detenta el poder él que de una manera más hábil –normalmente más a través de la fuerza que del diálogo–, ha sabido ser y constituirse en el hombre fuerte de su entorno. Auténticos señores feudales o prebostes, amos en el campo y dioses en la política de una localidad, venerados por sus súbditos, señala Loret de Mola al describir al cacique blanco.

Terminar con la distribución regional de poderes o, propiamente dicho, lograr su unificación y sumisión al gobierno del centro, fue una de las premisas del Partido Nacional Revolucionario –antecedente directo del PRI– tras su fundación en 1929; así lo considera el historiador Pedro Salmerón, en su análisis de los cacicazgos desarrollado dentro de la obra El partido de la Revolución. Institución y conflicto (1928-1999).

Desde la década de los veinte el general Saturnino Cedillo -antiguo jefe revolucionario de la zona del altiplano potosino que primero había hecho aparente causa bajo la bandera del maderismo y posteriormente aliado del jefe militar que más se adecuaba a sus intereses-, se consolidó como el hombre de poder en la región. Su fortaleza radicaba en los más de 15 mil agraristas que había asentado en las llamadas colonias militares, y en las relaciones clientelares sobre las que cimentó su autoridad. Luego de 1924 logró ser el amo indiscutible del territorio potosino e incluso –es válido afirmar– de una franja geográfica del suroeste del estado de Tamaulipas, en su parte limítrofe con San Luis Potosí.

Gobernadores y presidentes municipales eran por él elegidos; supo hacer negocios con los inversionistas del estado, principalmente mediante el monopolio del ixtle que él controlaba en sociedad con el general Francisco Carrera Torres. Permitió que su grupo cercano monopolizara el transporte y el sistema de abastecimiento de carne de la ciudad.

Un ejemplo de su poderío militar lo hizo evidente cuando al frente de cuatro mil agraristas participó en la pacificación de Jalisco durante la guerra cristera, logrando derrotar al general cristero Enrique Gorostieta, asegurando así el aniquilamiento total del brazo militar de los rebeldes.

En una hábil maniobra para no perder popularidad, en el mismo conflicto, permitió discretamente la continuación del culto en los templos y los sacerdotes ejercieron su ministerio con tranquilidad. Los colegios católicos funcionaron de forma normal; logrando con esto la tranquilidad y aparente aceptación de las élites locales. Era natural su llegada a la gubernatura del estado, que desempeñó entre 1927 y 1931; al concluir su periodo continuó ejerciendo el poder directamente sobre los funcionarios por él impuestos. También la Universidad local le había otorgado su respaldo, luego de que concedió e hizo efectiva la autonomía de la institución; derivado de este hecho en la Universidad Nacional se le tributó un homenaje en 1935.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se desempeñó desde 1935 como secretario de Agricultura, cargo al que renunció en 1937 por enfrentamientos con el general Francisco Múgica y Vicente Lombardo Toledano. Tras su rompimiento definitivo con el gobierno cardenista, se levantó en armas en el segundo sexenio de 1938; fue batido por el ejército federal y durante un enfrentamiento perdió la vida el 11 de enero de 1939.

La muerte de Cedillo no aniquiló del todo sus redes de poderío; algunos núcleos rurales en los municipios quedaron sometidos a los jefes locales impuestos por el caudillo agrarista. Si bien, su estructura principal había sido desarticulada por Cárdenas, éste permitió la subsistencia de algunos líderes y jefes de colonias agrícolas militares que abjuraron de su antiguo jefe y se adecuaron a las normas establecidas por el presidente; sin embargo continuaron sus métodos tradicionales en sus entornos de poder.

Un caso lo ejemplifica el municipio de Tierra Nueva, donde a pesar de la existencia de una autoridad política que era el presidente municipal, el mayor Jesús Huerta, jefe de las reservas agraristas, continuó siendo la autoridad de facto.

La mañana del 16 de septiembre de 1940, un grupo de cuatro mil sinarquistas del Comité Regional de San Luis Potosí marchaba a Tierra Nueva donde se realizaría una asamblea; durante el trayecto se les unieron simpatizantes y militantes. En las cercanías de la cabecera municipal, a la altura de la hacienda de El Fuerte, Huerta al mando de un contingente de agraristas les cerró el paso; Luis Martínez Narezo, jefe regional del sinarquismo en San Luis Potosí, dialogó con él y logró convencerlo de que les permitiera continuar y celebrar su asamblea en la plaza de toros.

Al llegar a la población el presidente municipal no les otorgó el permiso para realizar la actividad programada, Martínez Narezo le expone la autorización otorgada por Huerta, a quien buscan para que refrende la autorización. En el momento que se realiza la entrevista se escuchan detonaciones; se había hecho fuego sobre el contingente sinarca.

El agrarista Epifanio Velázquez había ordenado a sus huestes hacer fuego sobre el contingente desarmado; ante el reclamo de Martínez Narezo, aquel arguyó que no hizo otra cosa que responder los disparos de los sinarquistas.

Salvador Abascal en Mis recuerdos (1980, pp. 192-193), menciona los hechos: Ese día, al ir a verificarse la asamblea, los agraristas disparan y mueren tres hombres nuestros: Inocencio de la Rosa, Martín Peña y Víctor Villanueva. Éstos fueron los primeros y últimos “caídos” asesinados del 6 de agosto al 31 de diciembre de 1940 con motivo de la celebración de una asamblea. Desafortunadamente lo escueto de la anotación no permite profundizar; el líder sinarquista no incluyó a Manuel Sánchez, quien falleció con posterioridad; ni a Josefina García; Sixto Campillo y Enrique Méndez, quienes resultaron heridos en el tiroteo. Un día después Huerta aprehende a Martínez Narezo, y el 18 es trasladado a la penitenciaría de San Luis Potosí, como responsable de los hechos.

Las actas de defunción de los caídos no aportan mayores datos, asientan que fallecieron por lesión de proyectil de arma de fuego. Pese a la poca simpatía con que contaba el movimiento sinarquista, la barbarie de los hechos generó exigencia de justicia; sin embargo los crímenes quedaron en la impunidad y en el olvido; nunca se hizo justicia a los caídos en aquella matanza.

Ésta puede ser considerada un antecedente de las ocurridas -la primera- el 2 de enero de 1946, en León, Guanajuato, cuando una multitud fue acribillada, por tiradores apostados en las azoteas del palacio municipal, mientras protestaba por el fraude electoral; la segunda, la noche del 15 de septiembre de 1961 en San Luis Potosí, y por la que se inculpó a los militantes del grupo navista; vendría luego Tlatelolco. Manifestaciones democráticas no autorizadas por el aparato oficial. Víctimas señaladas como responsables; justicia inoperante sobre el verdadero culpable: el estado.

Hoy nos encontramos frente a un dirigente estatal del PRI –Joel Ramírez– que señala: El PRI no se fija en lo que hacen sus adversarios […] nosotros como partido no volteamos al retrovisor, vamos para adelante, de frente, porque vamos a ganar. Cierto, el PRI como partido de estado nunca ha mostrado un interés real por los problemas que enfrenta la ciudadanía; nunca ha detenido su marcha para analizar las demandas o requerimientos del entorno social porque su única premisa es conservar su estatus como partido rector, como partido oficial generador de la maquinaria de estado que integra la verdadera fuerza del ente que hoy ocupa el poder.

Desafortunadamente la ciudadanía, el electorado potencial, no conserva –quizá por carecer de ellas– una memoria histórica o una conciencia cívica que le permita actuar en las urnas en contra de un partido al que debe muchas de las manchas de sangre existentes en la historia mexicana del siglo XX.

La estructura caciquil en la que se cimentó el PRI en sus orígenes no ha desaparecido; sus prácticas recurrentes de clientelismo, violencia e impunidad han continuado. Recordemos el caso de los Figueroa: un padre gobernador, sanguinario persecutor de sus opositores; violador de mujeres como trofeo de guerra; un hijo -también gobernador- autor intelectual de la matanza en Aguas Blancas. Ambos exonerados frente a crímenes de tal magnitud.

Los cacicazgos subsisten y la justicia no existe; el PRI y sus miembros conservan sus privilegios inamovibles. Se encuentra nuevamente al frente de la nación y al frente de un estado por los que no muestra interés; ya lo resumió Joel Ramírez: el PRI no se fija; nunca se ha fijado.

#RescatemosPuebla151