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El PRI que nos gobernó, el PRI que nos gobierna (IV): 1975, un crimen de Estado

A la memoria de Prisciliano Pérez, hombre fiel a sus
convicciones, quien no alcanzó a llegar a estos cuarenta años.

Óscar G. Chávez

U na generalidad recurrente en San Luis Potosí es señalar a Antonio Rocha Cordero como uno de los mejores gobernantes en su historia. Difícil resultaría rebatirlo en un entorno acostumbrado –al menos hasta ese momento– a gobernadores autoritarios impuestos por la mano del cacique local. No es para menos, rompía con el molde del gobernador conocido hasta ese momento; abogado, con una amplia trayectoria dentro de varias administraciones, había llegado a la cumbre del mundo jurídico mexicano, al ser nombrado procurador general de la República por el presidente Díaz Ordaz, en 1964.

Pese a ser una de las principales ciudades de México, San Luis Potosí capital no dejaba de ser un espacio pueblerino muy similar al que se vivía a mediados del siglo XX. Sin embargo representaba un punto negro dentro del sistema político mexicano, al haber surgido como una de las áreas en que se buscó desterrar en los procesos electorales la imposición de los candidatos oficiales.

Gracias a una reconocida habilidad política, Rocha supo estabilizar el estado echando mano de negociaciones con grupos opositores e incluso otorgándoles una serie de prebendas y canonjías; concesiones nada extraordinarias, pero poco comunes entre los políticos de aquellos años. La sombra de Gonzalo Santos, el temido cacique regional, ya en picada en esos años, de quien Rocha había sido procurador los tres primeros años de su gobierno, no fue por mucho tiempo un obstáculo; aún por la reacción opositora lo consideró un gobernador de vanguardia e integración. La estabilidad política fue el resumen de su periodo gubernamental. Premio a su desempeño al frente de su estado natal, en el que había nacido en 1912, fue la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; vendría todavía una diputación federal en 1979.

Barruntos de efervescencia hubo en el gobierno rochista, sin embargo logró ignorarlos, matizarlos o pasarlos por alto, como el caso de las movilizaciones estudiantiles ocurridas al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y los descontentos lidereados por miembros del partido comunista y ferrocarrileros.

1973 no fue un año fácil para el gobierno de Rocha, lidió de manera constante con la Federación Universitaria Potosina, que bajo el lema Por una sociedad abierta al cambio, contra una sociedad cerrada, pugnaba por cambios neurálgicos al interior de la institución. El movimiento universitario, pese a ser desarticulado por las autoridades estatales y universitarias, había sumado una gran cantidad de adeptos, principalmente campesinos huastecos, ferrocarrileros y electricistas. El primer sector había sido apoyado en sus reclamos de una forma decisiva por los estudiantes universitarios al haberlos alojado en los interiores del edificio central de la Universidad.

Demandas estudiantiles y agrarias fueron ignoradas por Rocha, los aparatos de seguridad estatal, incluido el ejército, se sumaron a las tareas represoras y lograron desmembrar el movimiento. Los líderes estudiantiles fueron dados de baja y en algunos de ellos se hizo sentir la ira del régimen, que se preparaba para un gran lucimiento frente a la entrega de la gubernatura. Quedó sofocado permanentemente cualquier intento universitario por establecer una universidad social; letargo que aún no ha logrado abandonar.

Ya con Rocha fuera de la escena política potosina, tocó a su sucesor Guillermo Fonseca Álvarez –también abogado de profesión y antiguo agente del ministerio público federal–, enfrentar estos movimientos, los que en la mayoría de las ocasiones logró desvanecer gracias a los discretos artilugios de la maquinaria oficial en aquellos años. Cárcel, coerción, disuasión, y manipulación contra los opositores del régimen.

Sin embargo el descontento popular iba en incremento, el alza al transporte público fue el detonante de una serie de protestas que alcanzaron su culmen en la toma e incendio de autobuses urbanos. Vejaciones indescriptibles en la dignidad del ser humano eran puestas en práctica contra algunos de los antiguos líderes estudiantiles; secuestros y destierros –perversas emulaciones de los viejos métodos santistas– fueron utilizados y autorizados por el aparato estatal. La sombra de la línea dura echeverrista, resabio del diazordacismo, se extendía y enseñoreaba sobre la ciudad. La salvaguarda de los potosinos había sido dejada en manos del capitán Rogelio Flores Berrones, personaje de negro historial; conocido represor de comunistas y halcón del jueves de Corpus de 1971.

Era el mes de enero de 1975; las plazas públicas congregaban a estudiantes y sectores populares que exigían cambios en el orden social. Una manifestación de cierta consideración en contra del ya mencionado aumento a la tarifa del transporte, tuvo lugar la tarde del 26 de enero en la explanada del mercado Revolución, en las inmediaciones de la zona rielera de la ciudad; testaferros del pulpo camionero pretendieron disolverla, sin embargo el apoyo de la ciudadanía y los ferrocarrileros, quienes escoltaron a los líderes del mitin, lograron evitar la violencia en aquel momento. El río sonaba, las aguas se desbordarían.

Ora si te chingaste, cabroncito. ¿Ya supiste a cuántos mataste, hijo de la chingada? A quince personas pendejo. ¡A quince! ¿Y sabes qué? A inocentes. A un chavito de brazos, con su mamá. A una viejita. Y a dos policías. ¿Sabes qué?, no te la vas a acabar. Neta, no te la vas a acabar. Gritos, golpes, interrogantes y acusaciones recurrentes; invidencia y obscuridad forzadas. Humillación y silencio.

Te va a llevar la chingada, ya tenemos aprehendida a tu familia, sabemos en donde están tus hijas… pinche comunista. Botas militares en la lejanía, silencio, obscuridad.

A ver si es cierto que muy machito, pinche comunista. En los mítines te das vuelo contra el gobierno […] ¡Desnúdate, ahora vas a ver lo que le hacemos a los comunistas como tú! Obedezco y tiro la ropa al suelo. Me cogen de las manos y me las amarran por detrás y empiezan a golpearme en el estómago, patadas, rodillazos en los muslos, pisotones; cada vez que me caía, me levantaban de la barba, de los cabellos.

Así recordaban los momentos posteriores a su detención Julio Hernández López, Prisciliano Pérez y Carlos López Torres; detenidos en la mañana del 27 de enero de 1975. Eran acusados de haber detonado un trío de bombas de fabricación casera que habían dejado un saldo de seis muertos y tres decenas de heridos.

Los artefactos explosivos habían detonado en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, con intervalos de algunas horas; la primera, en las cercanías de la calle Zaragoza y Plaza de Armas, a las 3:20 de la madrugada; la segunda cerca de las nueve de la mañana, y la tercera un poco antes de la una de la tarde. Todas en el primer cuadro de la ciudad.

Las detenciones fueron casi inmediatas; el estudiante Julio Hernández López, el primero en ser detenido, fue visitado por el capitán Flores Berrones cerca de las cinco de la mañana; menos de dos horas después de la primera explosión. Carlos López Torres, profesor de educación primaria y miembro del Partido Comunista, fue detenido con lujo de violencia hacia las diez de la mañana en un centro educativo; su espacio laboral. Vendrían luego otras detenciones: Héctor González Charó, estudiante; Antonio Lara Martínez, empleado de la Coca-Cola; Jesús Mejía Lira, estudiante; Ricardo Moreno Vargas, estudiante; Prisciliano Pérez Anguiano, obrero de la fábrica Atlas, y Rosario Valles Velasco, ferrocarrilero.

Los testimonios de algunos de estos personajes fueron recogidos en el libro Los bombazos de 1975: Terrorismo de Estado (El rochismo y la guerra sucia), publicados en 2005, a treinta años de aquellos sucesos. Los autores Javier Padrón, José de Jesús Ortiz y Óscar A. Martínez, a partir de entrevistas y testimonios de época, realizan una cronología detallada de los hechos. Julio Hernández López en Las horas contadas del PRI, también proporciona una versión de los momentos de su detención y su posterior encarcelamiento.

La prensa del momento, salvo la relación de los hechos y las declaraciones de los actores políticos del momento, nada aporta. Publicaron de manera paralela cartas y desplegados de centros empresariales, cámaras comerciales, profesores y líderes de opinión del momento, en el que se condenan los actos terroristas y se manifiesta su total adhesión al régimen y el estado de derecho encabezado por el gobernador Fonseca.

Días más tarde, el primero de febrero de 1975, los periódicos anunciaban la anulación de cargos contra los detenidos, por desistimiento de la Procuraduría General de Justicia una vez perfeccionadas las investigaciones realizadas en contra de los detenidos cuyos resultados hicieron desaparecer las presunciones de responsabilidad por los delitos arriba mencionados. Sin embrago, precisaban, se continuarán las investigaciones para establecer la identidad de los culpables de los hechos ocurridos el pasado lunes.

La posterior libertad de los acusados, hizo evidente los sistemas de los aparatos de seguridad para obtener confesiones forzadas y autoincriminaciones; los cinco estudiantes miembros del Frente Popular Estudiantil rindieron declaraciones ante el juez segundo penal, donde manifestaron las torturas de las que fueron víctimas durante su detención.

Los atentados, después se dijo, fueron atribuidos al grupo subversivo La Unión del Pueblo quien había iniciado una oleada de sabotajes urbanos desde 1972. San Luis Potosí, fue elegido como un blanco al azar.

Los bombazos de 1975 en San Luis Potosí, y la participación directa del régimen gubernamental para la fabricación de culpables, que tuvo como finalidad la desarticulación de un movimiento popular que amenazaba con volverse de peligro para el Estado, es un capítulo dentro de la historia de los movimientos sociales aún no desarrollado. Ciertamente existe la obra antes mencionada, fuera de ella, sin embargo, ha pasado desapercibido e incluso despreciada por los estudiosos del periodo, quienes se han ocupado de presentar los sexenios de Rocha y Fonseca, como regímenes benévolos, donde la estabilidad política y social logró sentar bases; no obstante, se está en riesgo de olvidar este suceso.

Hoy, a cuarenta años de aquellas explosiones, ante la premisa de la no prescripción de los crímenes sociales, sería conveniente una investigación a fondo de las actuaciones extrajudiciales orquestadas por un aparato represor que ante su incapacidad para lograr acuerdos por la vía del diálogo y la conciliación prefirió –amparado en la infalibilidad del Estado mexicano–, fabricar como culpables, a quienes que en su momento representaban un obstáculo para sus intereses. Hoy a cuarenta años podemos señalar contundentemente: Fue el Estado.

#RescatemosPuebla151