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El uso perverso de la democracia

Guillermo Luévano Bustamante

Es cierto que las palabras mutan sus significados, se adaptan a las épocas en que se van pronunciando. Como ser viviente, la lengua se mueve de acuerdo a los requerimientos que aseguren su subsistencia.

Sin embargo, hay veces en que dolosamente las elites o el propio Estado subvierten el sentido de un concepto para usarlo ventajosamente a su favor perpetuando o asegurando su dominación.

Así como desde hace unos años se utiliza el discurso de los derechos humanos para justificar actos de neocolonialismo, imponer bloqueos o legalizar intervenciones militares, pasa que con la democracia, aún la democracia liberal, sus nociones son recurridas para someter más que para emancipar a la sociedad.

La semana pasada la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Esther Angélica Martínez, propuso llevar a consulta pública la determinación sobre la aprobación o desechamiento de la iniciativa legislativa que busca reconocer en San Luis Potosí el matrimonio entre personas del mismo sexo. A la propuesta se sumó la bancada de su partido y la bancada del Partido Acción Nacional en voz de su dirigente, el diputado Héctor Mendizábal.

Los derechos humanos no se someten a votación, no están sujetos a la aprobación ni a la aclamación popular. El argumento que difundieron después diversos diputados para sustentar la pretendida auscultación cívica se basaba en una renacida e inusitada vocación democrática de la Cámara de Representantes potosina que de pronto sintió la necesidad de consultar al pueblo al que se deben sobre los designios que han de emprender.

Curiosa ocurrencia de quienes representan al PRI y al PAN en la Legislatura: manifestar una inédita proclividad a escuchar la voz de la ciudadanía en un tema tan sensible pero cerrarse a las manifestaciones de descontento que genera la mayoría de sus decisiones políticas y legislativas. Si tan democráticos y democráticas fueran ya habrían atendido cuando menos los reclamos para reducir sus ofensivas dietas y prestaciones, para contener los gastos excesivos y los dispendios indebidos e injustificados. Pero esa supuesta actitud democrática es en realidad una mascarada retórica para dilatar la resolución de un asunto cuyo resultado es inevitable.

Igual de engañoso es el razonamiento del diputado por el Partido Verde, Manuel Barrera, quien por estos mismos días pidió al gobernador del estado, “dejar del lado el asistencialismo” y suspender el gasto social ejercido mediante asociaciones civiles. Según el diputado “ecologista”, el gobierno ha de asumir las tareas que realizan las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento público a fin de evitar que quienes las coordinan o en ellas colaboran se enriquezcan y se alcen el cuello con el mérito de “salvar el mundo”.

Es precisamente porque el gobierno incumple muchas de sus obligaciones en política social que existen las asociaciones civiles. De hecho, en temas como la protección a las víctimas de violencia de género, la difusión, capacitación, y visibilización de temas de derechos humanos referentes a la inclusión de personas con discapacidad, en la diversidad sexual, en la atención a migrantes, en la prevención del sida, son organismos de la ciudadanía quienes hacen la principal labor.

Es así como las figuras de la democracia, la participación ciudadana, la responsabilización del Estado, el fincamiento de responsabilidades políticas, son usadas como fórmulas retóricas por los viejos partidos políticos precisamente para menoscabar el ámbito de actuación de la sociedad organizada, para inhibir su incidencia, para reducir o negar derechos fundamentales. Los conceptos no son inocentes, contienen fuertes cargas simbólicas.

Es así que entienden la democracia: como la preservación de sus propios intereses.

Twitter: @guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.