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El voto como oxímoron y la sanción penal contra el abstencionismo

Guillermo Luévano Bustamante

U n oxímoron es una figura literaria que se expresa como una contradicción en los términos, por ejemplo “la fría calidez” o “la clara oscuridad”, que como licencia poética es inofensiva. Pero esa fórmula, cuando se incluye en el discurso jurídico, se vuelve riesgosa porque posibilita interpretaciones arbitrarias, tendencialmente autoritarias, más aún cuando implica sanciones penales.

Los textos más propiamente jurídicos han de constreñirse a lo que la filosofía jurídica designa como elementos deónticos del derecho: una permisión, una prohibición o una obligación. Esto es, una norma permite, prohíbe u obliga a algo, pero el mismo enunciado jurídico no puede prohibir y permitir algo al mismo tiempo, porque eso constituiría un sinsentido. O la ley reconoce que la ciudadanía puede hacer algo o le prohíbe que lo haga.

En el cuaderno Derechos políticos como derechos fundamentales editado en 2014 por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de la autoría compartida del profesor Alejandro Rosillo y del que esto escribe señalamos que en la legislación mexicana el voto constituye un ejemplo típico de oxímoron jurídico y político. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el voto es un derecho pero también una obligación ciudadana. Así la condición jurídica del voto en este país: un contrasentido legal, puedo hacerlo si quiero, pero debo hacerlo.

A fines de 2014 fue promulgada la Ley General en Materia de Delitos Electorales que por constituirse como Ley General supedita los ordenamientos de las legislaturas estatales a su interpretación y observancia. Dicho ordenamiento jurídico estipula una prohibición implícita sobre el llamamiento a la abstención de votar por una persona candidata en campaña o el día de una jornada electoral mediante lo que se considere amenaza o coacción so pena de sanción de cincuenta a cien días de multa o de seis meses a tres años de prisión [sic] (según el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales).

La redacción parece que va dedicada a quienes en 2012 de forma organizada llamaban a no votar en específico por Enrique Peña Nieto. Demanda en la que confluyeron expresiones diversas con simpatías y militancias en la izquierda y la derecha, en partidos y en organizaciones sociales y, muy notoriamente, una porción de la ciudadanía que se movilizó de manera independiente. Parece una sanción en venganza contra la oposición ciudadana a Peña Nieto en su elección presidencial.

Cobra especial relevancia la redacción del texto legal que define los delitos electorales, primero porque la contradicción en la que se incurre es riesgosa, no compatible con la racionalidad deseable en una ley. ¿Se considerará “amenaza” o “coacción” un llamado a la abstención contra una candidatura que sea abiertamente repudiada por una parte de la sociedad de forma legítima como sucedió con amplios sectores anti Peña Nieto en 2012? Es también delicada la construcción del texto que se deposita en una Ley General porque se sobrepone jerárquicamente a las leyes estatales en materia electoral, aunque no se coloca, evidentemente, encima de los derechos humanos.

Se trata de uno más de los rasgos de regresión autoritaria del régimen actual en México, que seguro podría ser combatido judicialmente si se intentara criminalizar a las personas que llaman abiertamente a la abstención. Y más aún porque si fuera el caso de ser necesario litigar un caso contra esta ley, tampoco el argumento de los derechos fundamentales es garantía de neutralizar sus alcances punitivos si se tiene presente que el Poder Judicial se ha venido supeditando a su vez al Poder Ejecutivo, como sucedió con la imposición que hiciera Enrique Peña Nieto de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace apenas unos días.

Se supone que en la democracia caben todas las voces, incluso las que están contra la democracia, o no es así o se reconoce finalmente que ya no se vive en democracia. Se puede estar o no de acuerdo con el llamado a la abstención, se puede y debe debatir de manera amplia y abierta la conveniencia de votar o no votar, pero no debería el Estado mexicano amagar con la prisión a los detractores del modelo de democracia partidista liberal burguesa que tratan de hacer pasar en periodo electoral como representatividad auténticamente ciudadana.

En una época en que se supone que el modelo de justicia penal debe someterse a los principios de mínima intervención punitiva, en que la prisión debería ser el castigo de última ratio, las y los congresistas de ambas cámaras han endurecido la legislación penal electoral, con tal de hacerse pasar por representantes de la sociedad mexicana a la que no responden.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.