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Ella, tú y yo: Nosotras abortamos

Lorena, 45 años, madre soltera de dos infantes con parálisis cerebral. Acaba de enterarse de que está nuevamente embarazada.

Alejandra, 27 años, tiene un hijo. Ambos son portadores de VIH. Hace un par de meses se enteró de que estaba embarazada. Hace una semana falleció su pareja a causa del sida.

Cecilia, 18 años, terminó su último año de bachillerato en el extranjero. Al regresar a su país supo que se encontraba en su sexta semana de embarazo. Nunca ha deseado ser madre.

Mariana, 12 años, sufrió abusos sexuales de un familiar, acaba de terminar la primaria, debido a su daño sicológico y a su embarazo, aún no sabe si estudiará la secundaria.

Isabel, Ana, Fátima, Aída, Dinora, Carolina, Charu, Susana, Mónica, Malti, Yohana y miles de mujeres más alrededor de México, Latinoamérica y el mundo practican el aborto, en muchos de los casos, de forma clandestina (porque es ilegal) e insegura. Son mujeres que además tienen en común desde su niñez, una deficiente educación sexual, con poco o nulo acceso a la decisión individual de la práctica libre de su sexualidad y con ello, de maternar.

La criminalización del aborto representa una clara violación en materia de derechos humanos porque atenta contra la vida de las mujeres que apuestan por la suya propia. Coarta la libertad sobre sus propios cuerpos y su salud (emocional y física). La negación por parte del Estado a ser atendidas en instituciones públicas como parte integral del derecho a la salud, y falta de efectivización del derecho al acceso de una vida libre de violencia, resultan notoriamente lesivas en la reproducción y la calidad de vida de las mujeres.

La poca o nula garantía de estos derechos da como resultado condiciones de salud inseguras que para algunas mujeres resultan incluso en la pérdida de la vida, pues aproximadamente seis mil mujeres a nivel mundial mueren al año debido a complicaciones en el procedimiento de aborto. Cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas. Por cada siete nacimientos se lleva a cabo uno en condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Según estadísticas de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que una de cada cuatro niñas sufre de abuso sexual antes de cumplir 18 años, y seis de cada diez abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos.

A pesar de este grave panorama de violencia sexual, el acceso a servicios de aborto seguro en casos de violación es precario o nulo. Las víctimas suelen ser revictimizadas, negándoles el acceso al procedimiento e incluso sometidas a una criminalización legal y social.

De acuerdo con la OMS, las niñas y adolescentes embarazadas menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50 por ciento superior. Las estimaciones de aborto por edad muestran que la tasa más elevada se observa entre las mujeres de 20 a 24 años, de 55 abortos por cada mil mujeres, y desciende gradualmente con la edad. Sin embargo, las niñas y adolescentes presentan la segunda tasa más alta: 44 por cada mil mujeres de acuerdo a un informe aportado por GIRE dentro del periodo de abril de 2017 a enero de 2013.

La despenalización del aborto entonces se convierte en una política necesaria para garantizar el derecho no sólo a la salud sexual y reproductiva, a una maternidad libre y elegida, sino también el derecho a la propia vida de las mujeres.

En San Luis Potosí, a raíz de una reforma constitucional promulgada en 2011, en donde se pone en manifiesto que la vida debe ser regulada y protegida desde el momento de la concepción, se imposibilita de manera legal la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, a menos que se encuentre dentro de alguna de las causales (violación o inseminación obligatoria y peligro de muerte de la madre), además de ser considerado como delito grave, lo que significa que las personas acusadas de cometer este delito permanecen recluidas durante su proceso penal, sin derecho a fianza o caución.

En el caso de San Luis Potosí, el 29 de junio de 2015 el Congreso local aprobó una reforma al artículo 407 del Código de Procedimientos Penales del estado para eliminar esta consideración. Sin embargo, dicha reforma se encuentra aún pendiente de publicación, lo cual constituye una clara violación de derechos y por supuesto una renuente y reacia política para proteger la vida y los derechos de las mujeres.

Dentro de la situación actual en el entramado de los diversos esquemas de dominación que han ejercido y ejercen control sobre nuestros cuerpos hacen que la libre voluntad para decidir sobre tu propio cuerpo se convierta en un acto impensable, abortamos porque las condiciones sociales y materiales no nos permiten la reproducción de una vida humana con dignidad, abortamos porque para el sistema capitalista no somos más que la matriz de la fuerza reproductora de trabajo, abortamos porque podemos elegir o no tener una maternidad verdaderamente deseada, abortamos porque el cuerpo de las mujeres ha sido subyugado dentro de un sistema en donde la vida y su reproducción se encuentra subordinada a la producción de ganancias y bajo este esquema se constituye también un acto de resistencia ante un sistema que implementa políticas de muerte que se ha encargado de despojarnos y deshumanizarnos.

Nosotras también somos pro-vida… Y estamos a favor de la vida de las mujeres que deciden abortar. Abortamos y lo seguiremos haciendo.

JSL
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