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En la Feadle algo está torcido

Rogelio Hernández López

S í. Seguro. Se le torció el camino a la Fiscalía Especial para Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República– recapituló este reportero después de observar su informe más reciente. –No está procurando justicia–.

El indicio mayor, según sus datos, es que de 2012 a la fecha ha promovido solamente 47 consignaciones de presuntos culpables de delito. Y sus presupuestos en esos tres años suman 80 millones 98 mil 565 pesos. Si le pagaran por cada consignación entonces el costo promedio de cada una es de 1 millón 601 mil 971 pesos 3 centavos. Pero hay otros indicios de lo torcido.

–¿Qué pasa allí?– Nos preguntamos muchas personas.

En estas semanas de 2015 un importante número de las organizaciones no gubernamentales más activas en la defensa de los derechos humanos y del periodismo preparan un informe balance de la protección real del Estado mexicano a los defensores y a los periodistas. De ese ámbito recibí varias solicitudes para opinar sobre la actuación de la Feadle.

Este reportero ha podido observar de manera relativamente cercana el funcionamiento de la fiscalía desde enero de 2010 cuando su titular era un mecánico dental, luego hasta marzo de 2012 periodo  que la presidió el abogado criminalista Gustavo Salas y también durante los casi tres años que tiene como fiscal la abogada penalista Laura Angelina Borbolla.

Mi proximidad no fue por interés periodístico sino por tareas de acompañamiento a decenas de colegas en situación de riesgo en varias entidades del país, como integrante de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, y consejero del mecanismo de protección de la Segob. Eso me permite valorarla más equilibradamente.

Lo que hace bien

Sinceramente creo que en la Feadle sí trabajan, y mucho. Ignoro si lo hacen todas las personas adscritas, pero se notan los afanes. Eso puede comprobarse, con sus propios datos.

Han crecido en cantidad las solicitudes de intervención (confianza) y también por oficio ha iniciado  1 mil 188 carpetas…

Han logrado como fiscalía altos grados de presteza en la impartición de más de 40 talleres de capacitación para personal judicial (963 personas) y para periodistas (1,200 personas). Estas son labores de prevención…

Han desarrollado un esquema, al parecer eficaz, para registrar los agravios al periodismo (un modelo estadístico) que otros no tienen. Eso le permiten asegurar que los homicidios de periodistas denunciados y documentados por ella son 103, más 25 desapariciones, cifras más altas que las ofrecidas por la CNDH por ejemplo…

Han desarrollado un procedimiento para la impartición rápida y directa de al menos 100 medidas cautelares, protocolo más efectivo que el de cualquier corporación de policía preventiva o el mismo mecanismo de protección de la Segob (sistema de reacción rápida)…

La Feadle es una de las pocas instancias gubernamentales que tiene prácticamente al día los reportes de sus labores, de sus presupuestos y la estadística de los delitos contra la libertad de expresión (transparencia).

Por cierto todos los datos los tomé de dos documentos de informes del sitio PGR/Feadle actualizados al 12 de febrero de 2015. Allí se notan sus afanes.

Pero su obligación, no la cumple

La esencia de la Procuraduría General de la República, como su nombre lo indica, es procurar justicia. Investigar y promover el castigo del delito. Ese debiera ser la guía, la esencia, de cualquiera de sus fiscalías. Y todas las demás actividades debieran ser para reforzar lo principal.

Pero la Feadle incumple con esa labor sustantiva. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advertía desde agosto de 2013 (Recomendación general 20) la gran falla del Ministerio Público en relación a los agravios al periodismo.

“La impunidad obedece a que al integrar las averiguaciones previas, las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores, como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras”.

Y, en ese sentido, la Feadle no ha mejorado en los 34 meses recientes.

Eficacia de 11.19 por ciento

El informe estadístico en línea de la Feadle indica que de enero de 2010 a enero de 2015 inició 1,188 procedimientos de distinto tipo. De ellos declaró incompetencias en 345 casos y decidió el no ejercicio de la acción penal en 45 veces.

Más adelante, reporta que en el mismo periodo inició 652 averiguaciones previas. Y de ellas logró 73 consignaciones de presuntos culpables. El índice resultante de las consignaciones entre las averiguaciones previas es de 11.19 por ciento.

Sus datos no muestran cuántos presuntos fueron convertidos en culpables por los jueces, ni el tipo de penas que se les hayan dictado. La CNDH dice que hay sentencias para el 10 por ciento de las consignaciones, pero en todo el país.

Estos datos fríos adquieren sentido al contextualizarse. En la misma línea del tiempo que abarca su informe (2010-2015) las organizaciones civiles y CNDH han reportado al menos 968 agresiones contra personas y medios del periodismo; de estos registraron hasta 114 homicidios (103 dice la Feadle.

Igualmente hay que complementar los grados de eficacia con la capacidad de recursos de la Feadle, que han ido en ascenso vertiginoso. En los dos años de Gustavo Salas (2010 y 2011), la fiscalía estuvo adscrita a la oficina del procurador y recibió en cifras redondeadas 696 mil y 637 mil pesos respectivamente.

De los tiempos de la fiscal Borbolla sus presupuestos crecieron monumentalmente. A 3 millones en 2012, a un poco más de 38 millones en 2013 y más de 39 millones en 2014. Total 80 millones 98 mil 565 pesos en los tres años. Y en ese lapso realizó únicamente 47 consignaciones, siempre según sus datos. Entonces el costo promedio de cada una es de 1 millón 601 mil 971 pesos 3 centavos.

Los gobernadores no le hacen caso

Contra la impunidad, la PGR y esta fiscalía podrían poner el ejemplo de eficacia y ser factor de influencia de la Federación ante los gobiernos de los estados, donde ocurren la mayoría de los delitos contra el ejercicio del periodismo. Pero hay indicios sistemáticos de que los gobiernos y las procuradurías estatales no investigan los agravios denunciados, pero además ayudan muy poco  realmente y a veces obstruyen a la misma fiscalía. Por ejemplo en Guerrero y Veracruz policías ministeriales retuvieron temporalmente a personal de la fiscalía.

Otro ejemplo es que desde el l4 de mayo de 2013 la Feadle pudo ejercer la facultad de atraer casos de delitos graves o donde hubiese factores de tipo federal en agresiones o uso de armas, pero en 20 meses (al 31 de enero de 2015) sólo ha podido atraer 30 casos.

Veracruz es caso extremo; le han permitido atraer dos casos en una entidad donde la Feadle tiene registrados 16 homicidios, 4 desapariciones y donde reporta 62 averiguaciones previas. De Tamaulipas ningún caso atraído, no obstante que la Feadle registra 13 homicidios, 4 desapariciones y 23 averiguaciones previas. Y así por el estilo. Es más, del total de 439 medidas cautelares solicitadas la Feadle-PGR ha tenido que proporcionar 234 y el resto, las procuradurías o secretarías de seguridad pública de prácticamente todo el país.

Un primer balance

Este reportero puede entender que la fiscalía ha debido trabajar en el ciclo más intenso de agresiones y que no había suficientes instancias del Estado que hicieran lo que le indican sus afanes: abrir procedimientos para todos los casos posibles que le ganaran confianza; un programa de prevención; un modelo estadístico del delito; un sistema de reacción rápida para medidas cautelares. Es momento de reorientarla si se quiere cumplir con lo sustantivo.

Requiere el apoyo político suficiente desde la Presidencia de la República y de la Segob para abatir las resistencias en los estados y empujar para que estos tengan menos omisiones.

Necesita recuperar el apoyo estructural suficiente dentro de la misma PGR para investigar y hacer más consignaciones. Fue sacada del área de influencia del procurador y en lugar de ubicarla en el área de investigación y procuración fue puesta en la de derechos humanos.

Los agravios al periodismo no cesan en todo el país. La impunidad es el factor que atiza la confianza de los agresores. En ese contexto, se requiere que la fiscalía atraiga más casos, que los investigue, que consigne una y otra vez incluso a procuradores que obstruyan su labor, que haya justicia pues. La Feadle no tiene derecho a proseguir con su esencia torcida en afanes que corresponden a otros.

 

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