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Entidad de viejos, sin pensiones

Carlos López Torres

O tra vez, en menos de un mes, otro grupo que cotizó durante décadas al colapsado sistema estatal de pensiones, se manifiesta públicamente frente a Palacio de Gobierno en busca de una respuesta racional de parte del titular del Ejecutivo, sobre el manejo y destino final del fondo común, supuestamente utilizado de manera irregular por los funcionarios encargados de su administración financiera.

Una vez más, el gobernador Fernando Toranzo, quien seguramente ha tomado las previsiones para asegurar una vejez estable y tranquila, hace entrar en escena al responsable jurídico de la opaca administración torancista, Miguel Martínez Castro, como si el problema sólo fuera jurídico, para explicar a los demandantes maestros jubilados de la sección 52, como antes lo hiciera con los profesores de telesecundaria, que el problema viene de tiempo atrás, que ha sido heredado por las anteriores administraciones.

O sea, el gobierno para todas y todos, nada ha podido hacer durante todo el sexenio. Ha transitado nadando de a muertito en este y otros casos, contemplando el desarrollo de la crisis hasta que finalmente ha estallado dramáticamente. Igual ocurrió, por citar sólo un caso, con lo que el mismo gobernante ha llamado la tragedia de la educación en San Luis.

Sin embargo, a diferencia del desastre educativo, que no le mereció comentario alguno, el diputado Jaén Castilla Jonguitud, después de señalar que “no se vale que tras años de trabajo y una vida dedicada a la enseñanza, ahora esté en riesgo su pensión (de los maestros jubilados de la 52) que es el único sustento y medio de vida para los maestros”, dejó entrever la posibilidad de buscar la comparecencia del secretario de Finanzas para que explique el quebranto financiero de la Dirección de Pensiones, “por usar recursos de manera irregular”, aseguró el legislador.

Olvidó el parlamentario del aturquesado Panal plantearle a lo que queda del desbandado Congreso la necesidad de revisar la nueva Ley de Pensiones del Estado, que obliga a los pensionados a aceptar por el resto de su vida un descuento del 10 por ciento sobre el importe de su pensión mensual, no obstante que en el Decreto 373 del día 26 de octubre de 2013, en su artículo cuarto se establece: “los trabajadores del sector Sección 26, Telesecundaria del SNTE, que a la entrada en vigor del presente Decreto, ya se encuentren cotizando ante la Dirección de Pensiones del Estado, se seguirán rigiendo conforme a lo dispuesto en la Ley del año 2001”. Excepción que no se ha cumplido en el caso de los maestros de telesecundaria, quienes ya preparan más movilizaciones.

Como van las cosas en materia de pensiones en todo el país, pareciera que el gobernador Toranzo está haciendo su aporte para que miles de viejos potosinos se sumen a los millones que al término de su vida activa carecerán de una pensión, aunque a diferencia del 60 por ciento de los integrantes de la población económicamente activa que no aportan a los fondos de retiro, los maestros y burócratas potosinos llevan años aportando al sistema estatal de pensiones en bancarrota. Urge transparentar el uso de los recursos aportados por los trabajadores del gobierno del estado, así como revisar a fondo la Ley de Pensiones, aprobada en medio de presiones hacia los supuestos beneficiarios, sólo para ocultar el quebranto.