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Entre la sospecha y la desconfianza

Carlos López Torres

L a desconfianza en la política y los políticos ha llegado a un límite. No es sólo en algunas entidades donde sobradamente se han acumulado evidencias de las estrechas relaciones entre gobernantes y delincuencia organizada, sino en entidades donde aparentemente el clima político-electoral y social parecieran relativamente tranquilos, aunque la sospecha y la desconfianza no deja de manifestarse entre los candidatos y los electores que denuncian irregularidades, presiones e inequidades propias del viejo régimen que se creía ya despedido.

Mientras algunos candidatos desconfían del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, otros hablan de acarreos masivos de burócratas y hasta de conserjes y sus familias en el caso de los maestros, con tal de favorecer a algunos candidatos oficiales, en tanto se persigue y usan todo tipo de presiones desde las instancias de gobierno contra los opositores, sin reparar en que esas son “chingaderas” como dijera Sonia Mendoza, la candidata azulina a la gubernatura.

A diferencia de Guerrero, donde los electores están convencidos de que votar por cualquier opción es favorecer la presencia del narco y la delincuencia organizada, en nuestra sacrosanta entidad, donde los malos vienen de fuera según opinión del menguado torancismo, los empresarios le solicitan al “Calolo Ciudadano”, Fernando Pérez, candidato tricolor, que ni se le ocurra integrar a su gabinete, en caso de resultar triunfante, a algunos políticos vividores de los que no dan nombres, por supuesto, que siempre andan tras el hueso.

Aunque Pérez Espinosa les revira que de lograr llegar a la titularidad del Ejecutivo perseguirá a todos los funcionarios que ya tienen un proceso abierto “pero sospechosamente congelado en la procuraduría”, no deja también de despertar sospechas el que los empresarios no se atrevan a exigir al jefe del procurador que, en aras de la credibilidad y la recuperación de la confianza perdida en las instituciones, se proceda de inmediato contra dichos funcionarios que el candidato conoce desde que era diputado.

Otros que tampoco merecen la confianza de los empresarios de la construcción son los constructores forasteros que agandallaron 80 por ciento de la obra del libramiento norte, con la complicidad de algunos empresarios del ramo locales y, por supuesto, de la autoridad que favoreció a los empresarios en su litigio con los ejidatarios, reprimidos y encarcelados, para finalmente despojarlos de sus tierras. Todo para que al final de cuentas los forasteros hicieran tramos de pésima calidad, aunque no les pasara nada.

En esta combinación de elecciones y año de Hidalgo, los policías como los de Villa de Ramos, lejos de combatir a la delincuencia se han dedicado a la extorsión y el despojo de vehículos, aunque no son los únicos al decir de los habitantes de algunas comunidades de Soledad, Cerro de San Pedro y el oriente de la capital, donde elementos de la policía ministerial también se han dedicado desde hace tiempo a detener a cuanto vehículo les gusta con el pretexto de revisar documentos y checar antecedentes, sólo para despojar a sus propietarios y amenazarlos.

¿No sería mejor que en lugar de promesas los candidatos recogieran denuncias contra los funcionarios que ya se van, para que se les obligara a rendir cuentas y se les fincaran responsabilidades, de ser necesario? ¿Será que prevalecerá el borrón y cuenta nueva, clave de la impunidad que acompaña a la corrupción y la arbitrariedad?