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Entre lo público y lo privado (1 de 2)

Juan Ramiro Robledo *

¿ Por qué han de privatizarse los servicios públicos? A más de ser una contradicción de su naturaleza y origen, la idea parte de premisas cuestionables:

Que los servicios privados son más eficientes.

Que lo privado no se corrompe fácilmente.

Que el Estado debe ciudadanizarse e integrar al sector privado en la gestión pública.

Que los servicios públicos deben organizarse y brindarse teniendo en cuenta el costo y el beneficio.

Pues efectivamente la empresa privada suele ser menos ineficiente y burocrática, pero no está exenta de eso.

Y tampoco es inmune a la inmoralidad; y vaya que sobran ejemplos de corrupción privada en México.

Y es correcto que conviene involucrar a los ciudadanos en los asuntos del Estado, pero ello debe ser para vigilar la tarea de los servidores públicos.

Y que los servicios públicos no son para obtener ganancias. Lo ideal es que fueran gratuitos.

Y que si cuestan al erario, pues para eso es el Estado. Está en su razón de ser.

El problema en esta discusión es que la corrupción ha degradado todo en México. Hasta los conceptos.

Ha devaluado y corroído la idea de lo público y su aceptación.

Los países están desmantelando en todo el mundo sus instituciones de bienestar colectivo y retraído sus funciones sociales, para regresar a su fundación liberal.

El gobierno federal en nuestro país ha desaparecido hasta las oficinas de obras públicas. Antes existían las secretarías encargadas de realizar las obras de infraestructura y el mantenimiento a los servicios. Hoy todas esas acciones se encargan con costos más altos a las empresas privadas. Y la calidad de tales obras muchas veces no pasa la prueba. Nuestras calles son buena muestra.

Todo prácticamente se está yendo a manos privadas: la salud, la educación, la seguridad social, la policía, los servicios financieros, los bancarios, las comunicaciones, los servicios municipales, el abasto de los básicos; todo, para no enunciarlos interminablemente.

¿Y eso es malo por sí mismo? Creo que no, si el Estado nacional no abdica de su obligación constitucional de ejercer la rectoría sobre la economía y la política.

Aunque hay espacios que nunca deberían perder su condición de públicos. Quizás se exagere la nota, pero parece que en México sólo queda la administración de justicia y la actividad parlamentaria en ese campo.

La política también se está privatizando: los políticos, los candidatos; los gobernantes empresarios que conducen el gobierno como un negocio, como un comité al servicio de los intereses privados.

Pues para centrar este tema, vale comentar un suceso de la política de España: el Psoe, partido que ha ganado recientemente la elección en la comunidad valenciana,  propone derogar la privatización de los servicios de salud que realizó el Partido Popular para regresarlos a su condición de públicos; su consecuencia inmediata será devolver la cobertura de salud a los inmigrantes. Pero tienen enfrente la legislación tutelar de los intereses privados, que llevará a litigios prolongados la intención de revertir las medidas del conservador gobierno español.

En los hechos, las leyes neoliberales adoptadas por la mayor parte de los países han determinado un papel nuevo al Estado, para que sea ahora como un garante de los intereses privados.

Este el punto central de un planteamiento: ¿cómo sobreponer las decisiones de Estado a las leyes del estatus?

¿Deben las normas jurídicas, cuyo objetivo es conservar el orden establecido, impedir los cambios en la gestión estatal que mandan las urnas?

Si la respuesta es no, la pregunta consecuente será: ¿entonces para qué sirven las elecciones. Exclusivamente para substituir personas en las oficinas gubernamentales? ¿Sirve de algo entonces votar por el cambio, si el programa elegido no se puede implantar porque se lo impiden las leyes anteriores?

* Profesor de Teoría del Estado y Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.