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Oscurantismo
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Entre lo público y lo privado (2 de 2)

Juan Ramiro Robledo *

V iendo hacia adentro de un país con gobierno de predominancia presidencial, ¿será necesario que el elector entregue a un partido los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para poder cambiar por mayoría las leyes?

Y viendo un caso concreto, ¿no podría un ayuntamiento modificar o rescindir un contrato de derecho público, una concesión de los servicios municipales, por ejemplo, sin recurrir al litigio por incumplimiento de las obligaciones concesionadas? ¿No deberían las leyes proteger primero el interés público y otorgar al órgano de gobierno municipal la facultad de asumir directamente, rescatar, la prestación del servicio, con la simple liquidación económica de la inversión del particular?

Y viendo para afuera, como en Grecia, ¿tendrían los votantes que ganar todas las elecciones del contexto regional o mundial para modificar las reglas financieras que ahogan a un país, en este otro ejemplo, que son los originarios de la cultura occidental?

El asunto debe ser considerado desde otra dimensión política y aterrizar en una solución jurídica.

Nada impide que las normas jurídicas puedan prever causales para modificar y rescindir las obligaciones en la relación público-privada que permitan la reversión de la gestión estatal y aplicación de otras políticas públicas.

Lo anterior porque el régimen que atribuye a los órganos gubernamentales la prestación  directa de los servicios se puede modificar fácilmente al tenor de una nueva dirección política privatizadora, pero al contrario no; es decir, que si los servicios se privatizan porque las normas lo permitan o se adecuen para permitirlo, entonces un nuevo signo político partidista de gobierno no puede rescatar la condición pública de esos servicios,  porque el derecho positivo preserva el régimen privado.

Para decir más precisamente la intención de estas reflexiones: si un gobierno cambia de signo partidista, las leyes deberían contemplar esa condición como causal jurídica trascendente si la elección estuvo vinculada a un programa de gobierno. Y los intereses privados tendrían que tomar sus previsiones para invertir en estas áreas, desde luego.

Esto es, que las ofertas de una campaña electoral se vuelvan proposiciones elegibles vinculadas a su resultado. Es decir, que se generen consecuencias jurídicas con el sufragio, cosa que no sucede actualmente.

Una idea así, partiendo de las premisas expuestas, puede resolver dos cosas: una plana, en el terreno de lo legal, para dar posibilidad de gestión al Estado en las circunstancias descritas; y otra en lo político, para que las elecciones empiecen a obligar a los elegidos a cumplir promesas.

Estas reflexiones bien pueden tomar como materia de discusión las concesiones municipales sobre abasto de agua, recolección de basura, alumbrado público o etcétera, en nuestra ciudad o en cualquier país.

* Profesor de Teoría del Estado y Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.