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Este fiscal necesita recursos y agentes de valor

Rogelio Hernández López

Apenas seis días después de que el presidente ofreció a tres periodistas estadunidenses cambiar al titular de la Fiscalía Especial para Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), el mero Día de la Madre se difundió el nombramiento de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como sustituto de Ricardo Nájera. Sorprende esta velocidad en el cumplimiento de la palabra presidencial, al menos en una de sus cuatro promesas.

El encargo principal al doctor en derecho, Ricardo Sánchez, es revisar el funcionamiento de la Feadle y reorganizarla para “garantizar que se evite la impunidad en hechos relacionados con agresiones a comunicadores”. Eso es mucho si se ubica que la ineficacia ministerial frente a esos delitos ya había alcanzado un índice de impunidad de 98.2 por ciento, según datos de la CNDH.

Pero no tiene dinero

Para cumplir, el nuevo fiscal tendrá que hurgar en el tiradero que le dejaron y enterarse que el presupuesto de la fiscalía fue bajando dramáticamente, según lo documentó el reportero Rolando Ramos de El Economista.

De acuerdo con los datos del reportero, en 2014 la Feadle tuvo un presupuesto de 39 millones 13,777 pesos.

Para 2016, el presupuesto en lugar de actualizarse, al menos con los índices de inflación, fue reducido 33 por ciento y quedó en 26 millones 82,329 pesos,

Y, para 2017 le quitaron otro 30 por ciento a lo ya recortado para quedar en 18 millones 433,763 pesos.

No atendió casos

Otra ineficiencia notable ha sido la no atracción de casos de agresión violenta contra periodistas. La fiscalía cernía los casos, los clasificaba para otras áreas de la PGR o los dejaba en manos de las procuradurías locales y se declaraba “auxiliar” o de plano incompetente, para no responsabilizarse de investigaciones.

El doctor en derecho Sánchez Pérez y, como dicen, experto en protección de derechos humanos sí debe saber que una demanda reiterada es que la fiscalía ejerza la facultad de atracción como marca la ley. El Código nacional de procedimientos penales le ordena:

“Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión:

“En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá́ ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos”.

Expedientes manoseados

Entre otros desaciertos al nuevo fiscal especial le aparecerán unos 212 casos pendientes por desahogar, como informó en diciembre de 2016 Ricardo Nájera, mas también tendría que revisar los que han cerrado incorrectamente y los que fueron devueltos erróneamente a las procuradurías estatales, como varios de periodistas de Veracruz. De estos hay uno que obtuvo medidas cautelares del mecanismo por un sinfín de amenazas y agresiones del equipo cercano del gobernador Duarte (AP 115/FEADLE/2013) pero que la Feadle lo regresó a procuraduría estatal pero además con la orientación de investigar a la víctima por “haber recibido información de que podrían estar involucrados en algún tipo de delito ajeno a su profesión“.

Quitar la escuelita

Otro renglón torcido y que no fue únicamente por Ricardo Nájera, sino desde la fiscal anterior, fue que la fiscalía especial aplica un programa de capacitación de periodistas, comunicadores, abogados, ministerios públicos en medidas de autoprotección. Fueron muchos los viajes, los cursos y talleres, los protocolos o manuales para este fin que, por supuesto, consumieron recursos económicos y humanos.

Varias veces discutimos esto con enviados de la fiscalía. Nuestro argumento es que la mejor manera de prevenir el delito por parte de la PGR es investigar en los tiempos protocolarios, lograr juicios y castigos contra asesinos de periodistas y no jugar a la comidita con talleres de capacitación sin expertos ni metodologías pedagógicas para implementarlos. Es más, quien tiene la obligación de prevenir es el mecanismo federal de protección.

Pocos agentes y…

La fiscalía decía priorizar casos por falta de agentes del MP. Había comenzado con cuatro y llegó a tener hasta 16 pero fueron disminuyendo, la mayoría por recortes a su presupuesto pero también porque algunos se alejaron por miedo de hacer su trabajo en zonas de silencio (estados y regiones donde impera la delincuencia organizada). Un caso fue cuando periodistas de Apatzingán recibieron amenazas y los agentes del MP adscritos, hasta semanas después pidieron apoyo a otros periodistas para que los amenazados se movieran a Morelia o al DF.

Muy pocos saben de todo esto porque, entre otras cosas, la Feadle fue sumida en la opacidad. Los informes trimestrales de actividades y las estadísticas de agravios y atención de casos que se mostraban en el micrositio de la fiscalía en el portal de la PGR dejaron de actualizarse en septiembre de 2015.

Por esto y más se puede sostener que al nuevo fiscal especial le hacen falta recursos y más agentes profesionales con ánimo de cumplir sus misiones. El doctor Ricardo Sánchez Pérez del Pozo tiene mucho que revisar y corregir; el gran reto es abatir la impunidad o al menos disminuirla. Está de por medio la palabra presidencial.