Guillermo Luévano Bustamante
Es ya un lugar común decir que las elites políticas mexicanas recurren a los eufemismos para encubrir con sus gastadísimos discursos la tragedia nacional. No bien acababa de irse de su visita oficial a México la semana pasada el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, cuando el secretario de Hacienda y el Gobernador del Banco de México, Luis Videgaray y Agustín Carstens, anunciaron lo que llamaron un “ajuste presupuestal” que significa un recorte en el gasto público.
Entre las razones que alegaron para justificar la drástica medida se encuentra la reducción en los precios del petróleo y en la venta de crudo, de lo que suele reponsabilizarse al contexto internacional, por supuesto, como en su momento afirmaran los brillantes Legarreta y Araiza ante las cámaras de Televisa.
La baja al presupuesto se estima en unos 132 mil millones de pesos, en total, de los cuales 900 millones serán reducidos al planteamiento inicialmente previsto para el ejercicio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con lo que se pone en riesgo el normal funcionamiento, ya de por sí precarizado, de los centros de investigación del país.
El doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara difundió el pasado viernes en el diario de circulación nacional La Jornada que en contraste el mismo Conacyt destinó recursos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación a la compañía New Gold-Minera San Xavier que opera en San Luis Potosí ilegalmente destruyendo el patrimonio cultural y afectando gravemente el medio ambiente, como se ha demostrado en innumerables ocasiones en foros, medios y hasta en tribunales.
No hace mucho, en 2009, cuando el Conacyt anunció una intención de reducir las becas de posgrado y un grupo de quienes entonces éramos estudiantes y becarios de ese organismo nos organizamos, averiguamos que hay empresas que reciben anualmente millones de pesos en financiamiento público para investigación. Por ejemplo la Volkswagen el año pasado se le asignaron más de 34 millones de pesos y en total los montos para empresas trasnacionales rondan los tres mil millones de pesos, sin importar que los beneficios de los descubrimientos y hallazgos no suelen llegar a las comunidades científicas, ni a la sociedad mexicana.
Para este 2016 también se informó que las universidades públicas del país verían reducidos 70 por ciento de los fondos federales que la Secretaría de Educación Pública les destina por medio del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie). La Universidad Autónoma de San Luis Potosí debió ejercer por ese concepto 45 millones de pesos y sólo recibirá en realidad cerca de 13 millones.
Apenas a principio de este año planteaba en este mismo espacio que era preciso fortalecer los presupuestos a la educación pública y como corolario de la crisis se concretaron estos recortes federales.
La apuesta del gobierno federal no es, evidentemente, por la educación y la investigación científica, pero pese a todo hay que preservar las actividades y los espacios académicos y resistir.
Twitter: @GuillerLuevano
