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Extractivismo y responsabilidad estatal

Guillermo Luévano Bustamante

T ras la conclusión del noveno Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, la plenaria, conformada por profesionales de las ciencias sociales, el derecho y activistas, así como liderazgos indígenas de toda la región, emitió un pronunciamiento en el que condena la creciente violencia especialmente contra la población indígena, pese al avance en el reconocimiento formal de sus derechos, con el inicio de un nuevo ciclo de despojo y explotación de los territorios, mediante proyectos extractivos, y las empresas principalmente norteamericanas, que van en busca de minerales, petróleo, y otros recursos naturales.

El asunto es que las investigaciones de las y los especialistas en antropología jurídica latinoamericana coinciden en que se está generalizando el escenario de riesgo y persecución contra población indígena y activista. Los estados están favoreciendo por omisión o complicidad el empoderamiento de las empresas extractivistas, de la delincuencia organizada, lo que deriva en un ambiente hostil para la población originaria que habita los territorios codiciados.

Es vergonzoso que se sepa de San Luis Potosí en este contexto por los tristemente célebres casos ejemplares de los proyectos mineros en Cerro de San Pedro y ahora en Real de Catorce. Ambos proyectos ilustran la problemática general que se denuncia: complicidad de los gobiernos para que las empresas implementen incluso medidas ilegales que lesionan gravemente al medio ambiente, al patrimonio histórico-cultural de los poblados que obviamente se ven más afectados que beneficiados de los mega proyectos extractivistas.

Desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos interpuesto, en compañía de la organización Pro San Luis Ecológico, AC, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, EU, contra el Estado mexicano, por diversas violaciones a derechos humanos, principalmente ambientales y sociales, que se derivan de la operación ilegal de la Minera San Xavier (Metallica Resources) en el emblemático municipio potosino de Cerro de San Pedro.

La acción jurídica internacional se enlaza con la larga lucha que han emprendido por dos décadas tanto habitantes como organizaciones de la sociedad civil en defensa del territorio y el medio ambiente.

Las acciones de la minera y las omisiones del Estado mexicano inobservan, entre decretos, leyes generales e instrumentos internacionales, los derechos humanos ambientales y sociales.

La Comisión Interamericana ha radicado y entrado ya formalmente al estudio del asunto. Aunque el trámite es largo y lento y el sistema interamericano de derechos humanos se rige por criterios formalistas, confiamos en una resolución favorable, que entonces sería vergonzosa para el Estado mexicano, una vez que señale su responsabilidad en el daño al territorio, al medio ambiente y a la población.

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.