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Financiamiento a partidos políticos

Martín Faz Mora

Tema nodal de la democracia contemporánea es el del financiamiento a los partidos políticos.

En nuestro país existe una extendida y compartida sensación de que el dinero destinado a ellos es excesivo dado el contexto y las condiciones sociales y económicas que prevalecen. Los más recientes indicadores de pobreza señalan que casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza (Coneval, 2015).

Los datos acuden a reforzar la sensación. Así, los costos presupuestales de la democracia electoral, que incluyen el financiamiento a partidos, las campañas electorales, la realización de elecciones y el costo de institutos y tribunales electorales, en el periodo 2004-2012 tuvieron un incremento de 54% en términos reales. Las prerrogativas a los partidos políticos se incrementaron 62.8% durante tal periodo. Seis entidades suman la mitad del gasto: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guerrero (Ugalde y Rivera, 2014).

La reciente reforma electoral del 2014, mejor publicitada por temas como la aparición de las candidaturas independientes, la creación del INE y la obligación de los partidos de presentar listas con paridad de género en sus candidaturas, de forma por demás intencionada deslizó sigilosamente un desorbitado aumento al gasto ordinario de los partidos.

El cálculo establecido en la ley general, que obliga así a la estatal, para establecer el financiamiento anual de gasto ordinario a los partidos se obtiene de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del salario mínimo diario vigente.

Antes se hacía por dos factores menores: el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal y la multiplicación solo era por 33.3% del salario mínimo. Es decir, prácticamente se duplicó el financiamiento para el gasto ordinario realizado por los partidos tanto en año electoral como fuera de él, incrementándose en una proporción como nunca antes.

Las posturas sobre el tema atraviesan una amplia gama: desde quien piensa que los partidos no debieran recibir un centavo de dinero público hasta quienes dicen que tal es el costo que debe pagarse por la democracia.

Estudios internacionales recientes concluyen que retirar el financiamiento público a partidos no es saludable, por el contrario, éste desempeña un papel positivo en la democracia a condición de tener una adecuada regulación que lo haga razonablemente accesible y suficiente, así como transparentarlo. Sin financiamiento público accesible y suficiente, los corporativos empresariales y hasta el crimen organizado tendrían una mayor influencia en la política. Los ejemplos y casos abundan en todo el mundo (El financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, 2015. Disponible en: http://www.idea.int/es/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns/sp.cfm).

Hoy día el financiamiento a la política enfrenta muchos desafíos: costos elevados, financiamiento ilícito y de fuentes criminales, influencia de los corporativos y las élites económicas, abuso de los recursos estatales, las redes clientelares y regulaciones débiles son algunos de ellos.

La discusión tiene múltiples aristas no exentas de apasionamiento e intereses, desde nobles a mezquinos. En un primer acercamiento al tema estimo que el asunto no debiera radicar sobre la necesidad del financiamiento público a partidos políticos y al sistema electoral en su conjunto, sino respecto de si éste es más que suficiente.

La clave está en modificar la fórmula legalmente asignada por el binomio del padrón electoral y un determinado porcentaje del salario mínimo. ¿Por qué 65% y no el anterior 33.3% o cualquier otra cifra incluso menor? Por qué no, mejor incluso que el padrón o la lista nominal, que el factor a multiplicar lo sea la votación válida emitida en la anterior elección, es decir el número efectivo de ciudadanos que acudió a votar y lo hizo por una de las opciones partidistas.

El único candidato independiente triunfador en los comicios federales, Manuel Clouthier Carrillo, ha presentado una iniciativa de reforma a la ley general en tal sentido. La etiqueta #SinVotoNoHayDinero la impulsa. Hasta ahora, no parece encontrar eco en las bancadas y las directivas partidistas.

De haberse seguido la anterior fórmula legal, el presupuesto estatal a partidos para este 2016 se habría reducido en 44 millones, 50%. Si el cálculo se hiciera utilizando la votación válida emitida la economía sería de 41 millones (53%) aún multiplicándose por la mayor proporción del salario mínimo establecida en la actual disposición legal. Mucho mayor sería si lo fuese por la menor proporción salarial que establecía la ley electoral anterior pues la economía sería de hasta 64 millones (73%). Un ahorro considerable para las vulneradas finanzas locales ¿qué no?

A pesar del sustancial aumento sigilosamente deslizado en la reciente reforma, hoy día hay quienes incluso solicitan, o hasta exigen, un ajuste al presupuesto en prerrogativas a partidos, ya que éste se aprobó cuando el salario vigente en la zona era de $68.28 y ahora lo es de $73.04. Ajuste –obvio– al alza y que representan 3.8 millones de pesos más de prerrogativas.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC