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Gobernadores que serían forzados a proteger periodistas

Rogelio Hernández López

J avier Duarte de Ochoa ya tiene el honor, o quizá vergüenza, de ser el primer gobernador que es forzado por periodistas locales y el gobierno federal para cumplir con su obligación de proteger a periodistas en riesgo.

Una primera intervención de ese tipo y por ello insólita de la Secretaría de Gobernación en Veracruz debería alertar a los siete mandones políticos del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas donde, por sus omisiones, se les han acumulado los agravios a periodistas y comunicadores y buena parte del índice nacional de impunidad en estos delitos.

Pero, vamos por partes. Primero el acontecimiento público inusual que, a pesar del escepticismo de algunos colegas, tiene significancias alentadoras.

Convenio a fuerza

El 3 de noviembre en un acto público realizado en Xalapa, se mostró la firma de un convenio entre el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación con distintas entidades del gobierno de Veracruz. Se anunció un plan de prevención y de reacción rápida, con 13 líneas de políticas públicas para la protección de periodistas.

Un día antes, Javier Duarte anticipó el anuncio de que firmaría el convenio para crear un sistema de alerta temprana para protección de periodistas y festinó que sería el primero en las entidades. Así quiso ocultar que fue forzado por la Federación como lo prueban los documentos oficiales allí presentados y la declaración que emitió el mismo día un grupo de periodistas locales denominado Voz Alterna.

El documento llamado Diagnóstico que elaboró el área de prevención del mecanismo federal es en realidad un recuento recriminatorio de la ineficacia del actual gobierno veracruzano porque muestra lo que algunas de sus instancias dicen que han hecho, pero le enjareta allí mismo la cantidad de agravios cometidos contra el ejercicio del periodismo en Veracruz en el mismo lapso.

Se expone que Veracruz es, junto con Chihuahua, el primer lugar en homicidios de periodistas, 16 desde el año 2000; que comparte el primer sitio con Tamaulipas y Michoacán por 4 periodistas desaparecidos; que es segundo en número de indagatorias ministeriales sin resolución; segunda entidad con más informadores protegidos por el Mecanismo Federal desde octubre 2012 a septiembre 2015; el segundo con más medidas de protección urgente…

También se reprocha que Veracruz acumulara el mayor número de pronunciamientos internacionales como el lugar más peligroso para hacer periodismo. No se dice que es donde más se han manifestado públicamente los periodistas en protesta por todo ello. Hasta el 3 de noviembre tal situación parecía imparable.

El documento de Voz Alterna informó, por su lado, que fueron colegas veracruzanos quienes demandaron la intervención federal desde septiembre de 2015. Relata que 14 periodistas llegaron a la Secretaría de Gobernación a pedir auxilio, para la creación de un sistema de alerta, investigación real de los crímenes y otras medidas. Se informa que hubo varias reuniones que dieron lugar a una primera misión de coordinadores del mecanismo federal a Xalapa, más discusiones y preparación del recuento y su plan de protección con líneas de trabajo y políticas públicas para que las implementara el gobierno del estado pero con monitoreo federal. Fue forzado a aceptarlo.

Lo que debe hacer y no hizo

El gobierno del estado, como otros 30 (con excepción del DF) firmó un convenio con la Segob para implementar medidas de protección a periodistas desde 2011. No cumplió. Ahora en el convenio se especifica lo que ahora sí deberá cumplir, bajo supervisión federal y de los periodistas. Estas medidas son las siguientes:

Crear una coordinación de instancias federales y estatales con participación de periodistas que tendrá reuniones trimestrales de seguimiento; crear el sistema de alerta temprana y reacción inmediata en casos de agravios; promover reconocimientos públicos y acciones de respeto a libertad de expresión y al periodismo; realizar un mapa de riesgos estatal y una tipología de agresores; ofrecer capacidades en autoprotección a periodistas; mediar con las empresas para mejor las condiciones laborales; fortalecer y vigilar las investigaciones ministeriales de periodistas asesinados; capacitar (ahora sí) a policías y servidores públicos para que respeten el trabajo de los periodistas. A cada una de las medidas se les asignaron instrumentos de evaluación.

Todo eso es básicamente cautelar, no atiende fenómenos estructurales para reducir la vulnerabilidad de los periodistas. Pero no es poco. La señal extraordinaria es que con monitoreo federal y vigilancia de periodistas tendrá que hacerse. Es la primera intervención del Mecanismo federal, para la que se diseña y se imponen medidas a un gobierno estatal.

Los que siguen

Ya en el documento de diagnóstico de la Segob para Veracruz se mencionan las entidades que podrían seguir para planes de prevención similares porque han acumulado más agravios e impunidad: Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.

Y podría haber otros. El 4 de noviembre la organización internacional Artículo 19 emitió su tercer informe trimestral de agravios a la libertad de expresión y el periodismo en México donde se reiteran las entidades susceptibles de la intervención federal por incumplimiento de sus obligaciones:

De las 303 agresiones que registra Artículo 19 en 2015, las entidades con más agravios en el periodo reciente son Distrito Federal (donde está pendiente la promulgación de la ley de protección integral); Puebla y Guerrero.

Si los gobernadores de estas entidades no revisan sus ineficacias y omisiones para evitar que les pase lo que a Duarte de Veracruz, serán las y los periodistas más activos en esas entidades quienes inicien procesos similares en el Mecanismo federal que ahora sí parece decidido a imponer su fuerza política federal.

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