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Gobierno abierto y la incredulidad de las organizaciones civiles

Renata Terrazas *

E/dropcap]l pasado 25 de septiembre tuve la fortuna de coincidir con integrantes de más de 30 organizaciones civiles de 14 diferentes estados de la República Mexicana. Ese pequeño grupo de más de 60 personas, era una muestra de la heterogeneidad de las organizaciones civiles en cuanto a sus temáticas, estrategias y objetivos. Sin embargo, todas y cada una de ellas tenía como principal motivación de su trabajo transformar de manera positiva la vida de las personas.

El mosaico de esas organizaciones civiles se componía de quienes se dedican a la transformación del espacio público mediante la investigación, el análisis y el desarrollo de estrategias de incidencia de diversa índole. Reflejaba también las diferentes temáticas de las organizaciones, tales como la defensa del medio ambiente, el monitoreo de gobiernos municipales, la atención a la población más vulnerable, el combate a la corrupción, fomento a la participación ciudadana, análisis de políticas educativas y de salud, y mejorar la movilidad en las ciudades.

El motivo de la reunión fue dialogar sobre la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la cual pretende transformar las relaciones entre sociedad y gobierno para construirlas desde la base de la confianza, transparencia, participación ciudadana y utilización de nuevas tecnologías que permitan atender problemas públicos y ofrecer soluciones viables.

La próxima cumbre de la AGA se celebrará del 27 al 29 de octubre en México, en donde recibiremos a gobernantes, funcionarios públicos y sociedad civil de más de 60 países para discutir los retos y avances de esta alianza a nivel mundial.

La AGA se considera una plataforma interesante para impulsar acciones de colaboración entre sociedad civil y gobierno que construyan soluciones a problemas públicos. Para las organizaciones mexicanas participantes en esta alianza –las cuales han podido identificar avances y retos en la construcción de los planes de acción con el gobierno mexicano y su cumplimiento–, el último año ha significado un continuo repensar la Alianza. Parte de estas reflexiones fueron compartidas con organizaciones civiles locales convocadas en el marco de esa reunión.

En el evento mencionado, una de las preguntas más recurrentes era la que ponía sobre la mesa la reflexión de las ocho organizaciones que forman parte de esta alianza para continuar con los trabajos en AGA; sobre todo, después de un último año en donde las violaciones a derechos humanos están a la orden del día, se han identificado varios casos de represión a movimientos sociales, la corrupción de la clase política de mayor nivel tanto federal como local es una realidad y la impunidad y la inseguridad siguen atentando contra la vida de los mexicanos.

No faltaron las organizaciones civiles locales que preguntaban si los conocidos casos de corrupción y conflicto de interés por parte del gobierno federal no han derivado en una mayor permisibilidad para que gobernadores como Duarte en Veracruz; Padrés en Sonora; Moreno Valle en Puebla; Eruviel Ávila en el Estado de México; Velasco en Chiapas o el otro Duarte en Chihuahua, por mencionar sólo algunos, hagan absolutamente lo que deseen con total impunidad.

Si bien los gobernadores en México actúan como pequeños virreyes en época de la Colonia desde hace mucho tiempo, la notoria avaricia y desparpajo del gobierno federal no permite pensar en formas de atajar la corrupción en este país.

Las instituciones comienzan a debilitarse; la credibilidad del Ejército, la independencia de los medios, incluso la de instituciones autónomas como pudiera ser la UNAM si permitimos que el proceso de designación del siguiente rector continúe en la opacidad.

La construcción de un sistema de combate a la corrupción jamás tendrá los efectos deseados si temas más sencillos como los procesos de designación, la apertura de información en temas que se relacionan con el ejercicio del presupuesto y la explotación de recursos naturales siguen limitándose o forman parte de estrategias para continuar capturando a las instituciones.

La corrupción en México se traduce en un decrecimiento económico, en empresarios nerviosos por ver en riesgo su capital, pero sobre todo, en una población cada vez más vulnerable ante quienes se prestan al juego de la corrupción.

Y ante este panorama, varias organizaciones civiles siguen otorgando confianza a la trasformación del sistema mediante sus propios medios. Se le sigue apostando a la creación de un estado de derecho donde la garantía de los derechos humanos sea la máxima de este país. Será a través de AGA, a través de litigios, a través de reformas legislativas, de construcción de institucionalidad, de defensa de las instituciones democráticas y de la construcción de conciencia cívica.

Si bien la incredulidad de la mayoría de la población en las acciones de los gobiernos refleja un desdén por la construcción colaborativa de estrategias conjuntas, la próxima cumbre de AGA pudiera ser un buen momento para refrendar, por parte del gobierno, el interés en construir un diálogo y en comenzar a respetar el trabajo de quienes nos dedicamos a lo público, desde la perspectiva del bien común.

La AGA no es la panacea, como tampoco lo es el sistema de combate a la corrupción, ni mejores leyes ni buenas instituciones. Es la combinación de muchos factores lo que nos debe sacar del atolladero de la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la pobreza. En la cancha del gobierno federal está mostrar que se camina para este rumbo, y habría que comenzar, limpiando la propia casa de toda suciedad.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas