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La dictadura que no se quiere ir
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  • Luego, ¿contra López Obrador?
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Julio Hernández López

El tercer (y último) debate presidencial entre candidatos a la presidencia de México fue sometido a la prueba del morbo en internet. Apenas iban llegando los aspirantes a la sede meridana cuando en las redes sociales se había liberado un video de tres horas y cuarto de duración que, según los promotores anónimos de ese golpe, significaría la comprobación de las andanzas delictivas del panista Ricardo Anaya Cortés, de su familia y allegados empresariales (como Manuel Barreiro y su hermano Juan), en un entramado de corrupción de cuello nada blanco que tendría como estación final el financiamiento de las actividades políticas del queretano de 39 años que aspira a ocupar la Presidencia de la República.

Las grabaciones, realizadas en México y en Colombia, según la explicación adjunta en YouTube, estarían constituidas por “las primeras dos reuniones entre Juan Barreiro, hermano del socio de Anaya, Manuel Barreiro, y una empresaria argentina a la que, queriendo impresionar, reveló todo el esquema de lavado de dinero que operaron a favor de Ricardo Anaya”.  Tal videograbación no constituye ninguna prueba jurídica, pero sí abona al clima de demolición que Los Pinos ha dictado contra el panista que, sin necesidad de que lo confirmen estos videos de larga duración, está involucrado en maniobras de tráfico de influencias que le redituaron ganancias por decenas de millones de pesos.

La acometida videográfica contra Anaya habría de impactar, necesariamente, el desarrollo del debate que se realizaría en la capital yucateca, donde el cuasipriista tecnocrático, José Antonio Meade Kuribreña, habría de intentar el desplazamiento del panista, para ocupar así el pentasecretario tridorito el segundo lugar en la competencia, con la intención explícita de hacerse “ganador”  presidencial al estilo de los comicios de los estados de México y Coahuila, emblemas de la máxima defraudación electoral.

La historia tuvo como antecedente a Ernesto Alonso Mendoza Ángeles, quien es el Encargado de la Ventanilla Única y Enlace con la Procuraduría General de la República (PGR) y, en tal papel, ha cumplido un papel breve, pero importante, en la magna obra de fabulación gubernamental contra Ricardo Anaya Cortés, el candidato presidencial indeseado por el mismo régimen del que ha formado parte.

Ayer, a unas horas del inicio del debate entre candidatos presidenciales, el telenovelero Ernesto Alonso remitió ante otras instancias de la PGR la denuncia de hechos presentada por el calderonista Ernesto Cordero (presidente de la mesa directiva del Senado y de la directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) contra Ricardo Anaya Cortés, presunto abanderado antisistema del sistémico Partido Acción Nacional. No se desprendió del oficio PGR/SEIDO/VU/1445/2018 ninguna acción inmediata que implicara la detención o el acoso directo del panista gravemente contrapunteado con Los Pinos, pero sí facultaría al cuasipriista José Antonio Meade Kuribreña para confeccionar un discurso cuasidelincuencial contra el citado Anaya en el multimencionado debate que se suponía sería definitorio, casi la última llamada al mencionado Meade para que asuma el polo antipeje o calle para siempre.

La presunción de hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (figura jurídica popularmente conocida como “lavado de dinero”) coloca a Anaya Cortés en un territorio pantanoso, más allá de las consecuencias específicas del debate mencionado. La activación de la maquinaria judicial peñista busca suministrar material propagandístico a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del PRI que necesita urgentemente desplazar al frentista Ricardo Anaya del segundo lugar de las preferencias electorales y colocarse como presunto tirador único contra López Obrador.

La discusión central (sin haber visto el debate, por razones técnicas relacionadas con el horario), reside en el alcance y las motivaciones de ese accionar concertado de instancias identificables con la administración peñista, deseosa de descarrillar a Anaya y de potenciar a Meade, supuestamente con la pretensión de escenificar una increíble hazaña de recuperación política para remontar la ventaja de López Obrador.

Ayer mismo, a unos minutos del cierre de esta columna, se anunciaba en redes de internet la aparición de la segunda parte del programa ya mencionado, que se dedicaría a “revelar” corruptelas y contradicciones del panista Anaya. Contra López Obrador se ha mantenido algo denominado “Pejeleaks”, que de manera sistemática ha hilado información más o menos cierta con elucubraciones desproporcionadas, para “proporcionar” a la feligresía antipejista presuntos misiles de propaganda contra la “honestidad valiente” del aspirante de Morena.

El amago judicial contra Anaya y su familia no debe ser visto con benevolencia convenenciera por López Obrador y su equipo, pues esa utilización facciosa del aparato gubernamental contra un opositor repelido, Anaya, puede darse también contra el tabasqueño, en esta apuesta final del sistema para frenar la marcha a tambor batiente del nacido en el municipio de Macuspana.

Astillas: Margarita Zavala Gómez del Campo tuvo que salir a confrontar la versión tuitera de que había decidido su voto a favor de Ricardo Anaya Cortés: “En ningún momento he manifestado el sentido de mi voto”, escribió la expresidenta del DIF nacional en el sexenio de Felipe Calderón… En realidad, Felipe Calderón, Margarita Zavala y Ernesto Cordero, más, explícitamente, Javier Lozano Alarcón, están con Meade, a quien asumen como cuasi panista en la misma proporción que es cuasi priista… Podéis ir a votar en paz: ha dicho el ministro presidente del INE, monseñor Lorenzo Córdova (santo patrono de los indígenas mexicanos), que en México no hay condiciones para adulterar el voto y que las elecciones se realizarán en pleno apego a la legalidad. ¡Oh, sí!, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.