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Otro golpe a la economía popular

Carlos López Torres

Ante el asombro y el conformismo anticipado de los miles de usuarios del trasporte urbano concesionado, desde el sábado pasado los permisionarios de ese servicio público en manos de particulares, ordenaron a sus empleados del volante anunciar en los cristales laterales de las unidades la nueva tarifa de 8.50 pesos al precio del pasaje, formalizada por el Consejo Estatal del Transporte, aunque la tarifa empezará a tener vigencia a partir de hoy lunes.

La maniobra de los concesionarios del servicio y dueños de los autobuses, apegada al antiguo dicho popular del palo dado ni dios lo quita, por más que el arzobispo Jesús Carlos Cabrero invoque a los gobernantes a la reconsideración del incremento, no hace sino confirmar la tradicional connivencia entre autoridades y transportistas, traducida invariablemente en ejecutora de medidas antipopulares, amén de servir como un espacio de complicidades donde la tolerancia al mal servicio y al incumplimiento de compromisos pactados una y otra vez, entre permisionarios y gobernantes, está a la orden del día.

La utilidad del Consejo Estatal del Trasporte para legitimar disposiciones nunca consultadas en realidad con los verdaderos usuarios, desmiente al presidente de la Federación Universitaria Potosina, Guillermo Rivera Morales, quien asevera en sus declaraciones que tal instancia controlada por el gobierno es inútil, aunque no se atreve a solicitar su desaparición, dada su invariable parcialidad a la hora de formalizar lo que los diputados y el gobierno estatal han pactado de antemano con los concesionarios.

Aunque los estudiantes de la Facultad de Leyes de nuestra máxima casa de estudios, Arturo Alonso Sánchez, consejero, y José Antonio Valerio, presidente de la sociedad de alumnos, critican al presidente de la FUP por no estar en donde no debían estar, es decir, en ese Consejo del Transporte al servicio de los voraces empresarios del trasporte urbano, cuya desaparición debería ser una de las demandas inmediatas que, junto al rechazo a la antipopular medida empobrecedora, debieran formar parte de una lucha a corto plazo por la restructuración del servicio público, lo cierto es que el reto principal es cómo organizar a las bases estudiantiles y populares para iniciar una lucha viable por su transformación.

La puesta en práctica del gravoso aumento acordado entre gobierno y permisionarios en medio de la tradicional opacidad que les caracteriza, a partir del gasolinazo autorizado por el no menos opaco y desprestigiado gobierno priísta de Peña Nieto, se impone justamente cuando la inflación y la consecuente carestía de la vida, han disminuido más aún los deteriorados e insuficientes salarios de la inmensa mayoría de la población, entre ellos los de millones de usuarios del servicio de transporte público en todo el país.

Todo ello, ante el reconocimiento de los contribuyentes de que ni los gobernantes ni los permisionarios retribuirán el alza tarifaria, como no ocurre con el pago de impuestos, en la mejora de los servicios públicos, aunque todo mundo sabe que, en ambos casos, el destino final de gravámenes y ganancias va a parar a manos de los encumbrados funcionarios y empresarios corruptos.