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Hacia una democracia ambiental

Renata Terrazas*

D el 27 al 29 de octubre se llevará a cabo una reunión de negociación entre 20 países de América Latina y el Caribe sobre un instrumento regional de democracia ambiental. Dicho instrumento desarrolla las disposiciones del Principio 10 (PP10) de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Este principio establece elementos necesarios para garantizar un mejor tratamiento y decisiones alrededor del manejo de recursos naturales y protección al medio ambiente. Tres derechos se reconocen en este principio: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia ambiental.

Las negociaciones en Panamá de la siguiente semana pretenden construir acuerdos entre los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para firmar un documento que facilite la implementación del PP10 en cada país. De manera ideal, el documento será vinculante para los estados firmantes y establecerá un piso mínimo para la toma de decisiones sobre el manejo de recursos naturales que incluya la participación de la ciudadanía.

Los conflictos socioambientales se han incrementado en los últimos años y se pronostica que éstos no disminuirán en el futuro próximo. La disputa por el territorio se convierte en una lucha de vida y muerte para diversas comunidades. Ya sea que se construyan represas y acueductos que modifiquen los cauces de los ríos, impidiendo con ello que comunidades indígenas tengan acceso al agua; o que se otorguen permisos para la extracción de minerales que dañen hectáreas de suelo y contaminen mantos acuíferos, lo que se pone en riesgo es la vida de las personas.

Los marcos normativos nacionales e internacionales reconocen la importancia de incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones alrededor del manejo y explotación de los recursos naturales. Pero en la medida en la que no se establezca un procedimiento para ello, en donde se garantice el acceso oportuno a la información medioambiental y a la derivada de los proyectos que tienen algún impacto socioambiental, no habrá forma de garantizar el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano.

Es por ello que el documento que se negociará en Panamá los días 27 al 29 de octubre del presente año resulta de gran importancia. Las posturas de los países alrededor del documento evidenciarán dónde están parados los gobiernos de dichos estados en materia medioambiental, si sus acciones se encaminan hacia la protección de los grandes capitales que atraviesan fronteras para la explotación de los recursos naturales, dañando al ambiente y a las personas que ahí habitan, o si se dirigen hacia la protección del interés general de sus sociedades.

Es derecho de todas las personas gozar de un medioambiente sano. La sobreexplotación de los territorios, específicamente la minería, ha demostrado arrasar con árboles, terrenos fértiles, mantos acuíferos y la salud de todo ser vivo.

Comúnmente se nos vende la idea de que las mineras, plantas de energía y represas traerán desarrollo a los lugares donde se establecen; la realidad ha demostrado que el aumento en el empleo es insignificante y que las comunidades no reciben beneficio alguno, por el contrario, suelen padecer problemas de salud y enfrentarse a mayor pobreza al haber sido expulsados de sus tierras.

El desarrollo no está peleado con la protección del medio ambiente ni con la subsistencia de comunidades. Es falso pensar que existe un dilema donde lo único que se vislumbra es la lucha entre los grandes capitales y los derechos de las personas. Desarrollo no puede significar arrasar con terrenos fértiles para la extracción de minerales, atentar contra las tradiciones de los pueblos para explotar el subsuelo o minar la salud de las personas en aras de la obtención de energía.

¿Qué queremos hacer con nuestros ríos, bosques y mares? ¿Qué tipo de industrias extractivas queremos seguir fomentando en nuestro territorio? ¿Cómo explotamos los recursos naturales? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Estas preguntas deben ser respondidas de manera colectiva, porque nos afectan y competen a todas las personas que habitamos un territorio.

En México, de manera muy desafortunada, mientras hemos avanzado en la creación de leyes de avanzada de transparencia, hemos introducido regresiones al ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) en temas tan relevantes como el energético y el medioambiental. Es por ello que el instrumento que se discuta la siguiente semana en Panamá será fundamental para caminar hacia la garantía de una democracia ambiental que permita construir decisiones legítimas sobre el manejo de los recursos naturales.

A la fecha, el gobierno mexicano no ha hecho públicos sus comentarios sobre el documento que será discutido, a diferencia de la mayoría de países participantes. Cabe señalar lo paradójico del asunto, ya que se estará discutiendo un documento que busca construir una democracia ambiental, en donde se incluya la participación de la ciudadanía y se garantice el derecho de acceso a la información ambiental.

Esa misma semana el gobierno mexicano será anfitrión en la Cumbre Global de la Alianza por el Gobierno Abierto, donde seguramente se presumirán los avances en materia de transparencia y apertura del gobierno; sería de esperar que esa misma apertura y vanguardia en el acceso a la información se reflejara en su postura en Panamá.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas