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Hacia una ley de participación ciudadana

Martín Faz Mora

Los integrantes de la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura resolvieron en días recientes presentar una iniciativa de ley en la materia. Con ello da formal inicio al interior del Congreso local el análisis y discusión respecto del tema. Conforme a los procedimientos legislativos, en la sesión del pleno que hoy se celebra, la iniciativa con proyecto de Ley de Participación Ciudadana del Estado será remitida a diversas comisiones legislativas para su estudio y posterior dictaminación.

Acompaño la presentación de la iniciativa tanto porque esta es resultado de trabajos conjuntos e iniciales entre la comisión legislativa y la de Capacitación, Educación Cívica y Cultura Política del Ceepac, y en el entendido de que constituye apenas el primer paso, pues la propuesta deberá ser objeto de un profundo análisis y, particularmente, ser sometida a una amplia discusión con organizaciones ciudadanas, académicos y expertos en el tema. Convenía, así, dar el banderazo de salida particularmente ante el ya próximo término del periodo ordinario de sesiones.

Apunto algunos de los diversos elementos que deberán estudiarse y analizar en las próximas etapas del periplo que deberá recorrer la propuesta de iniciativa, tanto en el trabajo al interior del Legislativo, como en los foros y espacios de análisis público que habrán de convocarse.

Revisar el umbral de acceso a los mecanismos e instrumentos de democracia directa como el referéndum, plebiscito y particularmente la revocación de mandato. Debe distinguirse, conceptual y jurídicamente, entre el umbral para la activación de tales mecanismos y el umbral requerido para hacerles vinculantes, incluso para la revocación de mandato.

Convendrá revisar a profundidad tales umbrales para evitar lo que ha ocurrido con los mecanismos de democracia directa que, de a poco, se han convertido en un repertorio legal en el país, pero en la práctica son inaccesibles por el elevado número de firmas ciudadanas requeridas. Algo similar a lo ocurrido con las candidaturas independientes. Forma parte de una inveterada tradición jurídica nacional de proponer y aprobar leyes de avanzada que en la práctica no pueden aplicarse. Resulta, entonces que, mientras por un lado se introducen cambios legales relevantes, por otro se anula su potencial y se les convierte en letra muerta.

En tal sentido, destacan algunas de las previsiones legales establecidas en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, en la que se establecen formas alternativas de acceso ciudadano a mecanismos de participación ciudadana, mediante solicitud dirigida a las autoridades con potestad para activar tales mecanismos, de forma que permitan remover algunos de los obstáculos que han impedido a la ciudadanía la activación de tales mecanismos. Así, la ciudadanía puede contar con apoyos institucionales que, reconociendo la dificultad material de activar los procesos de participación ciudadana directa, ofrece vías alternativas para ello tanto por parte del órgano electoral correspondiente que puede llevar a cabo un “procedimiento preparatorio de firmas”, por medio del cual, mediante petición ciudadana con un requerimiento por debajo del solicitado para la activación ciudadana directa, el organismo electoral ayuda a conseguir las firmas restantes. También se establece la “suscripción directa de las autoridades”, mediante la cual un grupo de ciudadanos, al menos 100, puede pedir al gobernador, diputados o presidentes municipales que activen determinado mecanismo de participación directa, estableciendo un determinado plazo para su respuesta así como recursos de impugnación de las decisiones de la autoridad en caso de rechazo. La creación de una “comisión ciudadana y/o interinstitucional” es una de las respuestas, además de la aceptación o rechazo de la solicitud ciudadana, que las autoridades pueden dar a la solicitud de activar alguno de los mecanismos de participación directa, creando un órgano de estudio y valoración de la misma.

En opinión de uno de los más reconocidos estudiosos del tema, Alberto J. Olvera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, tales apoyos institucionales son únicos e innovadores, y cualquier ley en materia de participación ciudadana, que en verdad se comprometa con estos métodos democráticos, debería considerar esta batería de recursos.

Aún con restricciones, han ocurrido avances legales impulsados en materia de participación ciudadana en diversos estados del país en la última década y media. Poco visibles y trascendentes, esta leyes han sido, sin embargo, uno de los terrenos de innovación legal más relevantes. Su aprobación abre potenciales interesantes que no son menores.

Hago votos para que el banderazo de salida de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado, luego del amplio y profundo proceso de análisis y discusión pública al que deberá ser sometida para su enriquecimiento, contribuya a revertir el enorme déficit normativo que en materia de participación ciudadana genuina y auténtica existe en la entidad.

Twitter: @MartinFazMora

Martín Faz Mora
Martín Faz Mora
Activista social por los derechos humanos. Colaborador de la Jornada San Luis. Preside Junta Vecinal de Barrio San Sebastián. Consejero Electoral en CEEPAC