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Israel López Monsivais

L a hacienda pública municipal de San Luis Potosí ha sido saqueada, endeudada, malversada y quebrantada en las últimas tres administraciones municipales. Irresponsabilidad de los actores políticos para lograr la autogestión de recursos que se vean reflejados en la autonomía política y económica del municipio. Oportunismo de los presidentes municipales que ven al gobierno local como el trampolín electoral para llegar a una senaduría o gubernatura, utilizando el posicionamiento en los medios y los recursos mientras son la autoridad local.

A partir del audio revelado el pasado 21 de febrero del presente, donde se dio a conocer que la hacienda municipal está quebrada, en palabras propias del actual presidente municipal, Mario García Valdez, confesando el estado de las finanzas públicas del ayuntamiento con empresarios, a mi modo de ver, desde el primer día que tomó protesta tenía conocimiento de la deuda heredada por los ex presidentes municipales Jorge Lozano Armengol y Victoria Labastida Aguirre. ¿Por qué la falta de ética del ex rector y reconocerlo al final cuando ya no se vio favorecido en la carrera por la candidatura por el gobierno del estado?

Del mismo modo el tesorero municipal, José Bolaños Guangorena, salió a aclarar la situación actual. Afirmando que en el periodo 2006-2009 se contrajo deuda pública a largo plazo por 199 millones de pesos, dejando 80 por ciento de las participaciones federales hipotecadas. En cuanto a la administración 2009-2012 heredaron una suma mayor de 334 millones de pesos con una tasa de interés de 12 por ciento más comisiones.

Dentro de este contexto, la administración encabezada por MGV redujo la tasa a 1.8 por ciento y envió la deuda a largo plazo, con lo que actualmente se pagan siete millones de pesos y no los 68 millones de pesos de pago anual heredados. Iniciando con un déficit por mil 294 millones de pesos, y disminuyéndolo a 400 millones de pesos. Admitiendo que 80 por ciento de las participaciones recibidas este 2015 serán destinados al pago de la deuda pública. Conocida la situación, ¿por qué se gastaron excesivos recursos en publicidad durante el periodo 2012-2015?

Paralelamente, el regidor Jesús Eduardo Noyola Bernal, presidente de la comisión de hacienda, declaró que en la Ley de Egresos del 2015 existe una reducción de 200 millones de pesos en servicios municipales. Si un municipio no tiene recursos, además de la deuda heredada y los laudos por pagar, no había que contratar personal en primer lugar. Es por eso que se debe profesionalizar la administración pública municipal, dejar de verla como botín político-electoral para cumplir con las clientelas partidarias.

Si bien el siguiente presidente municipal comenzará con la losa de una deuda de 598 millones de pesos a pagar a largo plazo, contraída por JLA y VLA, sumada la irresponsabilidad de MGV de no enfrentar el problema desde un inicio. Existen algunas probables soluciones, soy de los que creen en el cambio de individuos en la estructura organizacional; lograr que los gestores públicos sean los responsables de la captación de recursos, no más improvisaciones de servidores públicos.

El municipio es la primera organización política del Estado mexicano, dedicada a brindar servicios como lo indica el artículo 115 constitucional. Son administradores, no políticos en busca de otro cargo popular. Con la reforma de 1982 se estableció la hacienda municipal de la siguiente manera: contribuciones, participaciones federales, ingresos por servicios públicos que preste y rendimiento de sus bienes. El legislativo le otorgó la facultad de cobrar el impuesto predial a las administraciones municipales, teniendo los municipios la posibilidad de fortalecer sus haciendas con el debido cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Subyace en todos estos detalles una dependencia financiera a los recursos federales, irresponsabilidad de las autoridades y trabajadores. México recauda en impuesto predial 0.20 por ciento del PIB, comparado con países como El Salvador 0.59%, Chile 0.69% y Reino Unido 3.29%, con un promedio en SLP de 250 pesos de pago por contribuyente. Demostrada una clara inoperatividad en la autogestión de recursos.

Sorprende comprobar que las autoridades son omisas en el cumplimiento de la ley, en el sexenio de Ernesto Zedillo se concretó otra reforma sobre el mismo tema. Donde se obliga a los municipios a tomar las medidas conducentes a fin de que el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sea equiparable a los valores de mercado, respetando los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Esto quiere decir que en un sentido tributario progresista se le cobre más al que más tiene.

Vamos a intentar concluir pensando que la siguiente autoridad municipal deberá rediseñar las finanzas públicas locales, llevar a cabo un cambio de actores en la organización, planeación estratégica, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, una debida recaudación municipal y responsabilidad ante los ciudadanos por rescatar al municipio que se encuentra en la ingobernabilidad local.

Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.